Artículo de Jorge Altamira* aparecido en la página 10 del diario "Página/12", del martes 10 de Junio de 2008
El argumento más reiterado del Gobierno para justificar el incremento de las retenciones a las exportaciones agropecuarias e incluso convertirlas en móviles es la necesidad de capturar las rentas extraordinarias que estaría obteniendo la patronal del campo, en especial la sojera. Los defensores de este planteo ni siquiera se incomodan cuando se les recuerda que el Gobierno ha usado los ingresos fiscales de esas rentas para subsidiar a otros sectores del capital nacional. Solamente en 2007, los 16 mil millones de pesos recaudados por las retenciones a la exportación granaria fueron girados a "los sectores privados de servicios y transporte" en un ciento por ciento (informe Estudios Bein). Además, tenemos la cuenta de la deuda externa, que crece en la misma medida en que avanza el desendeudamiento. Cuando algún kirchnerista más desinhibido recoge el guante de esta denuncia, su respuesta es que esta circunstancia no cuestiona la necesidad misma de capturar las rentas agropecuarias por medio de retenciones.
El tema de la distribución de las ganancias del campo caracteriza muy bien la naturaleza intercapitalista del conflicto en curso. Pero incluso esto no es lo fundamental. Mucho más importante todavía es la responsabilidad del Gobierno en la creación de la renta agraria extraordinaria que se distribuye entre capitalistas, o sea en el enriquecimiento inusitado de los "piquetes de la abundancia". Es el punto que evade contestar hasta el más "nacional y popular" de los partidarios del oficialismo.
Ese desarrollo de la "patria sojera" es la consecuencia, en primer lugar, de la devaluación de la moneda y del "dólar alto". La "patria sojera" y sus beneficios extraordinarios ha sido construida por el Gobierno que invoca la "redistribución de los ingresos". El establecimiento de las retenciones es un subproducto de la devaluación extraordinaria del peso. El ciclo duhaldo-kirchnerista no inventó nada: desde que fueron establecidos los derechos de exportación en la Constitución nacional su función fue habilitar, en primer lugar, el premio de un "peso competitivo" para las exportaciones agrarias. Fue la condición de la moneda argentina luego de la crisis de 1890 hasta 1914: creó de nuevo una renta agraria extraordinaria y llenó las arcas del Estado para pagar la deuda externa de la época, tal como viene ocurriendo desde la crisis de 2001. Las retenciones fueron establecidas por Federico Pinedo, un típico representante de la oligarquía, cuando devaluó el peso en 1959; por Martínez de Hoz en 1962 y por Krieger Vasena, un representante del pulpo internacional de la carne, Deltec, en 1967. Han sido un instrumento histórico de la oligarquía para "regular" la devaluación de la moneda y usar los mayores ingresos fiscales para pagar la deuda externa.
La devaluación del peso avaló también la extensión de la frontera agraria para la soja, al habilitar la formación de una renta agraria diferencial. Pero aquí el oficialismo fue más lejos todavía, pues favoreció la expulsión de campesinos y la tala de bosques, como se puede comprobar en Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa. El kirchnerista Urtubey acaba de cesantear a su ministra de Medio Ambiente por haber osado limitar esa tala. En la misma línea, el Gobierno, "nacional y popular", ha mantenido la legislación laboral de la dictadura para los peones del campo, y ni qué decir de la vista gorda ante el trabajo en negro. En materia impositiva ha conservado la piedra basal del cavallismo: el financiamiento del presupuesto por medio de los impuestos al consumo, mientras el inmobiliario rural es cobrado sobre una tasación fiscal que es ochenta veces inferior al precio venal de la tierra. La "patria sojera" ha sido construida políticamente por el Gobierno actual. Si falta alguna prueba adicional, ahí están los puertos privatizados de la hidrovía, que les otorgan a los pulpos exportadores el control económico del excedente agrario y una capacidad enorme de evasión impositiva (y de retenciones), y el control político de los municipios vecinos. Esto es lo esencial, las condiciones de producción del negocio sojero, porque son estas condiciones las que determinan las de la distribución del excedente económico, no al revés. A los nostálgicos del IAPI, que afirman sin fundamentos que sirvió para distribuir las rentas, habría que recordarles que concluyó su vida con un déficit gigantesco financiado por el Banco Central, y una inflación enorme derivado de ello, debido a los subsidios que se vio obligado a darle al "campo" cuando los precios internacionales del agro cayeron estrepitosamente, a partir de 1948.
El establecimiento de las retenciones móviles no desmiente sino que confirma todo lo anterior. Es notorio para cualquiera que los economistas del kirchnerismo y la "burguesía nacional", cuya "reconstrucción" fue convertida en su meta estratégica, vienen reclamando un "service" al "modelo productivo", o sea una nueva devaluación del peso. Lo intentó, en su breve paso por el Gobierno, el ex ministro Lousteau –lo que llevó el dólar a más de 3,20 pesos–. En el marco inflacionario actual –alrededor del 30 por ciento anual–, una nueva devaluación exigiría un nuevo retoque de las retenciones. El mayor ingreso fiscal serviría para hacer frente a la mayor carga de subsidios que reciben los capitalistas del transporte y de la energía.
El régimen sojero, antes que una novedad en la canasta granaria argentina, es un modelo social de concentración del capital financiero en el campo, expulsión de los campesinos, penetración de las multinacionales de los insumos químicos que devastan el suelo, y una mayor superexplotación del obrero rural. La "clase media" capitalista a la que hizo referencia el ex presidente Kirchner es un factor secundario en este proceso, porque opera, como ocurre en la industria, como "tercerizada" de las actividades de los "pool de siembra" o de los monopolios agroquímicos, o sea que no constituyen un factor independiente, como lo fueron, para por ejemplo, los "farmers" norteamericanos en el siglo XIX.
La crisis alimentaria mundial potencia la deformación económica del agro argentino. Los operadores en los mercados de futuros son también los capitales financieros que arman los fideicomisos agrarios. Manejan a su antojo las dos puntas del negocio. La construcción sojera del kirchnerismo ha acentuado la dependencia nacional como ni siquiera lo hubieran soñado los entreguistas del menemismo. En oposición a los dos polos coyunturalmente enfrentados de la patria capitalista sojera, es necesario plantear una revolución agraria, mediante la nacionalización de la gran producción agraria, del comercio exterior, de los puertos privatizados y el desarrollo de una industria nacional de biotecnología. La "maldición" no reside en la soja, sino en el régimen social agrario que han consolidado las fuerzas económicas dominantes y el Estado.
* Dirigente del Partido Obrero (PO)
Nota publicada junto a otra nota de opinión de Juan Manuel Abal Medina, Secretario de la Gestión Pública de la Nación
(http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/105771-33327-2008-06-10.html)
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