La presentación del proyecto de movilidad jubilatorio que hizo el ministro Tomada en el Congreso confirmó todo lo que venimos denunciando desde Prensa Obrera, apenas se conoció el texto K. También habíamos denunciado en Prensa Obrera la revelación de que los jueces y diplomáticos tendrán el 85% móvil que vienen cobrando, pero seguirán sin tener derecho al 82% móvil los docentes primarios y secundarios, ni los investigadores científicos al 85% móvil (Clarín, 13/8).
Hugo Yasky, por supuesto, no abrió la boca, aunque esta cuestión debería estar en primer lugar en las huelgas docentes que tienen lugar en las provincias, que deberían apuntar a una huelga general nacional por la movilidad de la jubilación docente.
Veamos, punto por punto, la estafa K:
1) Las jubilaciones se ajustarán en función de la evolución de los salarios (un 50%) y del 90% la recaudación de la Anses (50%). Pero si el porcentaje que resultara de esta combinación de indicadores fuera superior al incremento de la recaudación de la Anses se aplicará éste último, o sea el porcentaje menor. Se confirma lo que escribimos en el número anterior: "Si los salarios aumentan un 10% y los ingresos por impuestos un 8%, el índice de ajuste debería ser 8,6%. Pero si los ingresos totales subieron el 2%, el ajuste sería del 2,06%. En el caso hipotético de que no aumente la recaudación total, no habría ningún ajuste porque el resultado del índice sería cero". En definitiva, el índice está condicionado a lo que ocurra con la recaudación, exactamente igual a como lo planteaba la ley de Solidaridad Previsional de Menem-Cavallo. Por eso, el cavallista Osvaldo Giordano, el autor del recorte de las recientes jubilaciones en Córdoba, saludó el proyecto K.
2) Este mismo índice trucho se aplicará a docentes e investigadores, "que si bien tienen el derecho al 82 ó 85% del sueldo al momento del cese a través de un suplemento, esa movilidad no se mantiene una vez otorgado el beneficio. La única excepción serán los regímenes especiales que tienen su propia movilidad, jueces y diplomáticos" (Clarín, 13/8). De este modo, desaparece el 82 ó 85% móvil para docentes e investigadores, respectivamente, porque esta movilidad deja de referirse, en el proyecto que discute el Congreso, al sueldo del cargo por el que se jubiló el docente o el investigador. Repetimos, este solo atropello justifica un inmediato llamado a la huelga general docente en todo el país.
3) El proyecto propone que la medida rija desde enero de 2009 y prevé dos ajustes semestrales, en marzo y septiembre. El primero seguirá la evolución del índice entre julio y diciembre de 2008 y la suba de septiembre seguirá el índice de enero a junio de 2009. O sea, el primer aumento recién vendría en... marzo de 2009. Hasta entonces no se prevé ningún aumento. Con una inflación del 30% anual, las jubilaciones comenzarán a ser supuestamente móviles después de una pérdida de 15 puntos sólo en un año.
4) En lo que respecta a la jubilación mínima, su aumento será determinado arbitrariamente por el Gobierno una vez por año, en el Presupuesto, o sea al margen del índice de movilidad. Nuevamente, la "movilidad" depende del Presupuesto, el cual a su vez depende del pago de la deuda y de los subsidios a los grupos económicos, los cuales dependen de la especulación financiera internacional y de las necesidades de rescate de la banca mundial, que ha ingresado a la bancarrota. Sobre los jubilados que cobran el mínimo recae el sostenimiento del ‘equilibrio macroeconómico'. Hoy la jubilación mínima es de 690 pesos, menos del 60% del irrisorio sueldo mínimo de 1.200 pesos. Planteamos que el haber mínimo equivalga al 82% de un sueldo mínimo.
5) La Prestación Básica Universal que reciben tanto los que se jubilan por el Estado como por las AFJP se fija en 326 pesos desde enero de 2009 y se ajustará también según lo que determine anualmente la Ley de Presupuesto. Nuevamente, la misma trampa. Estos 326 pesos son un valor bajísimo, ya que desde 1998 quedó congelado en 200 pesos. A precios actuales debería ser de 450 pesos.
6) No se reconoce la retroactividad ni el reajuste de los haberes que durante todos estos años fueron ajustados por debajo de la inflación y de los incrementos de salarios. En esa situación hay 1.500.000 jubilados que perdieron entre el 30 al 40% del poder de compra de 2001, cuando la situación jubilatoria ya era desastrosa.
7) El proyecto no plantea que las AFJP garanticen la movilidad a sus jubilados. Este punto es clave, porque los rendimientos de las AFJP están cayendo y eso lleva a que bajen las jubilaciones privadas. Esta irregularidad sirve, sin embargo, como una advertencia política, porque las AFJP no podrán subsistir, políticamente, si abonan jubilaciones marcadamente por debajo de las de reparto o estatales. Como el gobierno no pretende, en ningún caso, acabar con la privatización previsional, es previsible que la movilidad ‘trucha' de las jubilaciones que prevé el proyecto en discusión se acomode a lo que paga la jubilación privada.
A través de un laberinto sinuoso, el sistema jubilatorio de los Kirchner nos devuelve al régimen previsional de Domingo Felipe Cavallo.
Diego Diéguez