Al kirchnerismo le agarró un elevada dosis de “responsabilidad fiscal” a la hora de oponerse al 82% móvil, algo que no le ocurrió cuando impuso el pago de la deuda externa con reservas del Banco Central. Pero para el 82% (solamente para el mínimo) no habría fondos. Está pagando, sin embargo, unos 30.000 millones de pesos anuales en intereses de la deuda, una cifra similar al supuesto “costo” de efectivizar el proyecto aprobado en Diputados. Tampoco duda en generar una alta inflación para licuar los sueldos públicos y las jubilaciones -o sea que no es que la inflación se le escapa de las manos, sino que la produce adrede. No quiere saber nada de gravar con impuestos a las mineras y petroleras que, además, no tienen la obligación de liquidar en el país las divisas de sus exportaciones, lo cual favorece la fuga de capitales y la evasión impositiva -pero no quiere tocar el 21% del IVA, el cual simplemente confisca a los consumidores. Los K mantuvieron la rebaja de los aportes patronales tal como lo ejecutaron Menem, Cavallo, López Murphy y Machinea, que tiene un costo de más de 20.000 millones de pesos anuales. Pero a la hora del 82% móvil (sólo para el mínimo), los K aplican otros pesos y otras medidas.La destrucción de las jubilaciones
A mediados de los ‘90, el Banco Mundial planteó que los regímenes públicos de previsión social debían confinar su responsabilidad al pago de una jubilación básica con el “objetivo limitado -decía- de reducir la pobreza en la vejez”; quienes aspiraran a un ingreso mayor -concluía- debían realizar aportes adicionales a regímenes “de ahorro y capitalización”. Rubén Lo Vuolo, de la Coalición Cívica, y Aldo Isuani, de GEN, dos notorios economistas de la ‘progresía’ argentina, retomaron este planteo hace pocas semanas. Los guía el mismo criterio cuando ponderan la asignación universal por hijo: se trata de poner un piso a la pobreza, que calculan, por otra parte, dentro de los límites de una cuota de calorías. Estas posiciones -de un arco que va del Banco Mundial a la burocracia de la CTA (por lo tanto a Solanas y Lozano)- ponen de manifiesto una coincidencia global. Pero si la previsión social no es definida como un salario cuyo pago se pospone para cuando se produce el retiro laboral, lo que tenemos es una confiscación despótica del ingreso de los trabajadores a lo largo de su vida. En tanto que un salario diferido, la jubilación debería ser financiada en forma íntegra por el aporte patronal. Esta imposición más el salario serían el salario real que el patrón paga efectivamente a los obreros cuyo trabajo explota.
Detrás de las reiteradas proclamas que invocan la lucha contra la pobreza “extrema”, apenas se disimula el propósito de reemplazar a la jubilación (que, repetimos, es un “salario deferido o indirecto”) por una suerte de prestación asistencial. Pasamos del derecho social al soporte a los hambrientos. Se retira la relación de la jubilación con el sueldo (en contra de lo que plantea la legislación sobre previsión social en la historia, e incluso de la doctrina de la Corte Suprema) y se instaura el ‘derecho’ a la pobreza (canasta básica), que es presentada como el ‘remedio’ ¡a la indigencia! Hay un índice de las Naciones Unidas que premia a los gobiernos por el pasaje de la indigencia a la pobreza.
Esta ‘doctrina’ preside el planteo de que el que “quiere más”, haga aportes adicionales a una AFJP o compañía de seguro, incluso cuando se trata de aquellos que hicieron contribuciones personales más altas como resultado de sueldos también mayores. No serían las AFJP de Cavallo, que forzaban la afiliación de todo el mundo, o sea que no eran complementarias de la universal representada por el Estado, sino las AFJP ‘progres’, limitadas para aquellos que quieren superar en el futuro la remuneración que ofrece la jubilación estatal. Las AFJP -dicen sus defensores ‘progres’- “tienen un lugar en este mundo”, no como una prestación alternativa a la estatal, sino solamente como complemento, pero no de una jubilación estatal que asegure el 82% móvil, sino de la básica, que es postulada con el argumento misericordioso de combatir la pobreza.
Se despierta el apetito de la burocracia sindical
La burocracia sindical ya vio el filón de negocios que ofrecen estos “complementos”: la burocracia de la Ctera, por ejemplo, insiste en que la UBA le descuente a los docentes universitarios el 4,5% del sueldo para la Caja Complementaria (de cuya dirección participa); la burocracia sindical de la Afip, por su lado, quiere crear una Caja propia con el argumento, precisamente, de que el 82% es una utopía. Para esta burocracia ultra-K, la Caja Complementaria se justificaría para dar ese “algo más” que definieron el FMI-Banco Mundial. La burocracia quiere acaparar el negocio propio de una compañía de seguros y consumar en beneficio propio una estafa a los trabajadores de la administración de impuestos.
Como consecuencia de la desvalorización de los salarios (o sea la fuerza de trabajo) provocada por el derrumbe capitalista de 2001, y de leyes y reglamentaciones, cuyo objetivo fue confiscar las jubilaciones superiores a la remuneración mínima, más del 85% de los jubilados y pensionados, se encuentra hoy ‘gozando’ del derecho a la jubilación “básica” que pregona el Banco Mundial; cobra un haber mínimo que cubre la mitad de las necesidades reales. La jubilación media ronda apenas el 36% del salario medio -lo cual los ubica ‘arriba’ de la ‘pobreza’, pero no de la miseria social, pues la miseria social mide la degradación material y espiritual de los trabajadores que ejecuta el capitalismo y sus gobiernos, incluidos los ‘progresistas’. Los ‘progres’ se han convertido en los mayores propagandistas de esta redescubierta forma de bienestar, pues se ven forzados a dar más ‘explicaciones’ por este atropello de los gobiernos ‘simplemente’ reaccionarios.
Licuemos, que el licuado es salud
Entre 2002 a 2006, con una inflación de más del 100%, las jubilaciones subieron entre el 10 y el 21%, con excepción de la mínima. Esta pasó de 150 pesos (más un adicional de 50 pesos no remunerativos), antes de la crisis, a 900 pesos; es decir, de 200 pesos-dólares a 220 dólares. Los panegiristas de este cambio en el mínimo, simplemente olvidan que, a principios de los ‘90, o sea hace dos décadas, los jubilados reclamaban un mínimo de 450 pesos-dólares. Las mayores al mínimo se licuaron (desvalorizaron), sin embargo, alrededor de un ¡80 por ciento!, mientras la Anses, por el contrario, pasaba a nutrirse de cuantiosos fondos como consecuencia de la salida de la crisis. Duhalde y Kirchner ‘recapitalizaron’ el sistema de previsión social con la misma metodología que lo hace un usurero -repudiando la deuda con sus acreedores (en este caso los jubilados). Hoy, el 90% de los jubilados está en la “jubilación básica” que define el gobierno.
En ese momento, el gobierno puso en práctica la jubilación de amas de casa o por moratoria. Con esto se apuntaba a permitir que muchísimos trabajadores que habían estado desocupados o que trabajaban en negro pudieran jubilarse completando los 30 años de aportes, descontándoles de la jubilación la cuota por los años no aportados. Este sector de trabajadores está cobrando, debido al descuento de la cuota, aún menos de la mínima. Con este ‘autofinanciamiento’ de una jubilación de indigencia, por parte del ‘beneficiario’, los K ‘resolvieron’ la pesada carga de desocupación y trabajo en negro que les legó Menem, el mandamás al que ‘siguieron’ en los ‘90 -porque no los “iba a defraudar”. Lo que es, digamos, ‘curioso’, es que este jubileo ha beneficiado por sobre todo a las patronales, pues condona todos los aportes que no hicieron durante varias décadas, y a los Estados, que toleraron una desocupación en masa sin contribuir con un seguro al parado. El jubileo fue aprovechado también por algunos avivados de la clase media alta para adicionar una jubilación a sus ingresos relativamente elevados. El criterio de la prestación asistencial para las jubilaciones, de orden ‘progre’-fondomonetarista, consagra como nuevo orden social un largo proceso de confiscación capitalista contra los trabajadores -que, en negro, desocupados o en blanco, algún día deberán vivir de una jubilación.
Este mismo criterio básico-asistencial se extiende a la asignación por hijo, la cual se paga con fondos de la Anses, que absorbe las partidas de los planes sociales que antes financiaba el Tesoro. La Anses ha sido convertida en un repositorio de la miseria social -un caso patético y violento de ‘redistribución de la pobreza’, o sea de rebaja colectiva del nivel de vida colectivo del proletariado en beneficio de la clase capitalista. Pero hay algo más, mucho más: la Anses ha sido convertida por los K en el refugio del 35% de lo que había sido la deuda externa del Estado, es decir en el mecanismo del rescate de los acreedores internacionales, pero en particular de los llamados ‘fondos buitres’, que compraron deuda cuando ésta cotizaba a diez centavos y la ‘reestructuraron’, luego, a valores que van del 40 al 60%. La carga de la deuda externa ha pasado en forma progresiva sobre los jubilados -con un discurso, siempre que alude a la emancipación nacional de la esclavitud del ‘extranjero’.
La mano de la deuda externa
Aquí se impone una palabra sobre la estatización de las AFJP, porque implicó también ¡la estatización de la voluminosa deuda pública en poder de ellas, que estaba contabilizada al ciento por ciento de su valor! (Nota: la contabilidad pública registra los ingresos de las contribuciones de aquellos que lo hacían a las AFJP, pero no lo hace con los compromisos que asume la Anses con los que ingresan a ella como jubilados; se trata de una ‘contabilidad creativa’, como la que ha llevado a países como Grecia a un ‘default soberano’. Para que este fraude no prospere, es necesario, por lo menos, que las patronales cubran el bache enorme que tiene el horizonte de deuda potencial del sistema previsional). Observemos, a partir de aquí, el súbito interés que se ha apoderado del gobierno para realizar el canje, pagar deuda con reservas y llegar a un acuerdo con el Club de París -¡una agenda netamente neo-liberal! Pero ocurre que esto es necesario para elevar la cotización de mercado de la deuda pública, que la Anses tiene en su cartera. El ‘reajuste’ de la Anses es pieza clave de los K para recomponer las posiciones, nunca cuestionadas, con el capital financiero nacional e internacional. Por eso, un argumento indispensable de los K es que el reconocimiento del 82% (repetimos, solamente para la mínima) los llevaría al ‘default en tres meses’ -una mentira que descubre la intención de dar prioridad, no a los jubilados, sino a los usureros.
Lo que los K están desarrollando, en definitiva, es la ‘estrategia’ diseñada por FMI y el Banco Mundial para configurar una Seguridad Social que ‘asista’ a la pobreza (no erradicarla con inversiones y trabajo). Esto, y nada más que esto, explica la furiosa resistencia que opone el gobierno al 82% de la mínima y sólo de la mínima, no hablemos de la escala salarial en su conjunto. En este proceso “básico” no hay lugar para el seguro de desempleo, que en la práctica ha desaparecido porque sigue congelado en el tope de 400 pesos mensuales, cuando debidamente actualizado debería ser de 1.800 pesos, ni tampoco lo hay para las asignaciones familiares para los que superan ciertos niveles salariales. Han inventado, eso sí, a los Repro, un monto de un tercio de lo que debería ser un seguro, cuyo desembolso se impone solamente en condiciones de conflicto y de gran presión de los trabajadores, y que se financia con fondos de la Anses que deben destinarse al seguro de desempleo. Admitimos humildemente que este procedimiento tiene una ventaja sobre el seguro al parado (que a los K, por cierto, no les hace gracia): mientras éste apacigua en parte la rebelión contra los despidos, su inexistencia o sustitución por los Repro estimula la lucha de los trabajadores.
Vamos que se puede
Como se aprecia, la cuestión de las jubilaciones remite a toda la bancarrota del capitalismo, pues el sistemático ataque que reciben los sistemas de previsión responde a la necesidad de las operaciones de rescate del capitalismo. Así, los pobres socorren a los ricos con el apoyo enteramente lógico de ‘progres’ y ‘nacionalistas’. La inviabilidad del capitalismo se manifiesta con toda su potencia en el empeño que pone para disolver todas las relaciones sociales existentes. Pero luego de cuatro años de bancarrota capitalista, es claro que el rescate del capital a costa de los trabajadores ha profundizado la crisis mundial. El derecho a un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar; el seguro al parado y la jubilación del 82% móvil; un plan de inversiones públicas financiado con impuestos al capital; la nacionalización de la banca: solamente esto puede sacar a la economía mundial del marasmo y a las masas de la tragedia social. ¡Pero lo último que quiere la clase capitalista es una reestructuración social orientada por el interés de las mayorías! Defiende a muerte un cuadro prolongado de crisis e incluso de bancarrotas que a la larga le devuelva (espera) ‘equilibrio’ a su sistema, que una salida diseñada por los trabajadores. La defensa del 82% móvil no es otra cosa que la defensa del salario y del trabajo -el único al que podemos aspirar bajo el capitalismo. Los K y la clase capitalista tienen los fondos para el 82%, pero los están usando para destruir las jubilaciones (los economistas e instituciones ‘neo-liberales’ apoyan a los K en esto) y también existen todas las herramientas del Estado para conseguirlo: restitución de los aportes patronales, gravar las rentas financiera, minera y petrolera; sustituir todos los impuestos que afectan al consumo y expropian los salarios, por una imposición única al capital, capaz de sufragar los gastos del Estado, que no es de nosotros sino de ellos.
Jorge Altamira
