La descripción de los hechos, los vínculos entre los funcionarios y los empresarios mencionados en los videos difundidos, el beneficio que obtendría el gobierno con la operación en negociación, el objeto de la misma y el propio comportamiento frente a la publicidad del video, establecen como primera conclusión la necesidad de someter a Juicio Político al responsable del poder ejecutivo de la provincia, el gobernador José Manuel De la Sota, y la condena al mismo por los delitos de corrupción, malversación de fondos públicos, espionaje, extorsión y chantaje y no cumplimiento de los deberes de funcionario público.
Estamos ante una nueva manifestación del proceso de descomposición que envuelve al régimen político encabezado por la De la Sota, que ya mostró toda su esencia en el "Narcoescándalo", dejando claro a los ojos de la población el manejo del delito y particularmente del narcotráfico por parte del gobierno y su fuerza policial, la cual se mantiene intacta.
Detrás de Kolektor y del resto de las empresas involucradas, se concretan negocios millonarios con fondos públicos. Esos mismos fondos son negados a los docentes y empleados públicos para reabrir las paritarias, fulminadas por una inflación galopante.
Nuestra exigencia de juicio político contrasta con la impostura de la oposición capitalista conformada por el frente del Juecismo, la UCR y el PRO, de denunciar el caso ante la Justicia y así desentenderse de la cuestión. Juez y Aguad han sido vinculados a Kolektor en los videos, y el propio periodista Méndez ha denunciado el robo del material y que esa oposición desbarató la investigacion. Al igual que en el “Narcoescándalo” y que el caso de la mesa de dinero CBI, entre otros, esa oposición se encuentra nuevamente comprometida.
La participación de la “oposición” en los negociados es la continuidad del acompañamiento a la política oficial -que es la esencia del actual régimen político-, de los subsidios y eximiciones impositivas a los grandes capitalistas de la industria y el campo; del sostenimiento de una deuda pública usuraria e ilegítima acomodada a los intereses del capital financiero; de las obras públicas asociadas a las necesidades de la “patria contratista”; de la salud y la educación mercantilizadas; del maquillaje al aparato policial.
Reclamamos a la Legislatura de Córdoba que dé curso a la denuncia que se presentara, e inicie el juicio político al gobernador José Manuel De la Sota; que el mismo sea público, para que los legisladores deban fijar su posición y mostrar su accionar de cara a quienes los votaron. Exigimos la inmediata resolución de los contratos de las empresas involucradas con la provincia. Reclamamos que De la Sota y lo funcionarios y empresarios implicados sean juzgados y condenados y paguen con sus patrimonios el desfalco efectuado.
PARTIDO OBRERO en el FRENTE DE IZQUIERDA
