La precariedad legal en que se encuentran las empresas recuperadas porteñas se viene agravando. La ley 1529 de octubre de 2004, que ordena la expropiación definitiva de los inmuebles con todas sus instalaciones y su venta a las cooperativas, no se ejecuta. El gobierno porteño debería presentarse ante la Justicia para pagar las indemnizaciones a los acreedores -la mayoría de ellos en concurso o quiebra. Incluso, se votó un presupuesto para ello -17 millones de pesos. Salvo en un caso, de las trece empresas comprendidas en esa ley, el gobierno de la Ciudad no puso la plata. El resultado de ello es que han empezado a prosperar demandas de inconstitucionalidad, como los casos de Rabbione (empresa de Parque Patricios dedicada a fletes) y del Impa, ubicada en Almagro. Los fallos de primera instancia han sido avalados por la Cámara, con lo cual se sienta un precedente jurídico de enorme peso, y la amenaza de que las empresas vuelvan a sus antiguos dueños se ha reactualizado.
Macri alienta esta tendencia. Fueron contadas las empresas recuperadas de la Ciudad que recibieron algún tipo de ayuda, la cual fue de escasa significación.
Esta situación legal angustiante es responsabilidad también de Ibarra y Telerman, quienes mantuvieron la ley de expropiación en la congeladora, la cual ni siquiera fue reglamentada. Macri no ha hecho, por lo tanto, otra cosa que seguir el camino de sus predecesores.
Esta misma política es la que viene llevando Scioli en la provincia, donde las cincuenta empresas con expropiaciones transitorias siguen en el limbo y el Estado no puso el dinero, salvo en un caso excepcional, para ninguna de ellas. Esa misma orientación es la que impera en el parlamento nacional, donde la bancada kirchnerista no movió un dedo para que prospere el proyecto de expropiación del Bauen.
Teniendo en cuenta que el progresismo que formó parte en su momento del gobierno ibarrista hoy distribuye sus favores entre Filmus y Solanas, no puede sorprender que reine un silencio de radio sobre el punto. Filmus, a diferencia de 2007, ni siquiera lo tiene incorporado como tema de campaña, al menos para hacer demagogia. Esto tiene que ver con el hecho de que la orientación oficial va en otra dirección. El gobierno tiene en las gateras la reforma de la ley de quiebras, que ya tiene media sanción de Diputados. A través de esta reforma, pretende dar el golpe de gracia a las expropiaciones.
Esta situación pone en el orden del día un programa y una lucha común por la expropiación definitiva de las fábricas autogestionadas y su entrega gratuita a sus trabajadores; la creación de un fondo especial para las fábricas recuperadas, para contar con un piso salarial equivalente al de convenio y su reorganización productiva integral en función de un plan de industrialización de la Ciudad y el país, el cual privilegie un desarrollo nacional independiente y el interés popular. El Frente de Izquierda está comprometido en la defensa y en la lucha por este programa.
Pablo Heller
REGIONAL CÓRDOBA
