Patearon puertas, rompieron casas. Pusieron en la calle 1.600 agentes, dos helicópteros, 16 perros rastreadores y 143 móviles policiales con identificación. Dieron el alerta a Interpol y hasta hubo allanamientos en Uruguay. Sin embargo, el cadáver de Candela Rodríguez apareció el miércoles por la tarde a treinta cuadras de su casa. Enseguida se supo que el lunes 29, por la noche, la madre de la niña había recibido un llamado extorsivo: “Que devuelva la guita, porque no la va a ver más a la hija”. De acuerdo con eso, los fiscales vincularían el crimen con la pertenencia del padre de Candela a una banda de piratas del asfalto. O sea, un ajuste de cuentas atroz.
Ahora bien: la piratería del asfalto es una actividad que no puede desenvolverse sin protección policial. Por lo tanto, la policía debió saber dónde y cómo buscar. No lo hicieron, y no sería descabellado pensar que las internas policiales y políticas, con sus correspondientes coberturas y encubrimientos mafiosos, hayan conspirado contra el desarrollo de la investigación. Hasta el modo de operar de los criminales tiene “la marca de la gorra”.
La tragedia del final se transforma inevitablemente en una crisis política, desde el momento en que la fortísima movilización vecinal, y la explosión mediática que esa movilización produjo, hicieron que la presidenta de la nación se involucrara personalmente en el asunto y la policía se desplegara de manera inusual, como no lo hizo en ninguno de los tantos casos similares que siguen sin resolverse. Más de 800 procedimientos condujeron sólo a la nada (¿pura ineficacia?).
Atención ahora al caso de Sandra Mamani Llanos, de 14 años, desaparecida desde hace más de tres semanas. Sandra fue vista por última vez a la una de la tarde del 8 de agosto, cuando iba a la escuela. Esa misma noche su familia denunció la desaparición en la Comisaría 52ª, en Villa Lugano, pero nada se hizo durante las primeras 48 horas, que son clave en esos casos.
210
En la actualidad, 210 chicos menores de 18 años son buscados por sus familias. Durante este año, desaparecieron en promedio tres chicos por día, y se supone que hay muchos casos más no denunciados. Según informa la ONG Red Solidaria, seis de cada diez personas desaparecidas son mujeres, pero en la franja etaria de 18 a 30 años casi todas son mujeres. He ahí la mano de las redes de trata.
Federico Cash, padre de María, la joven de 29 años desaparecida hace casi dos meses, dijo: “El método de búsqueda de personas desaparecidas no sirve. Me muevo más rápido yo que cualquiera de las fuerzas”. La ineficacia no es casual: estamos ante un sistema ominoso de protección a las redes de trata, que rinde apenas un poco menos de ganancia que el contrabando de armas y el narcotráfico, en ese orden. Ese dinero ha hecho que las redes penetren en el aparato estatal hasta ser parte de él.
El entrelazamiento del Estado con las diferentes variantes del delito organizado ha dejado ver, en el crimen de Candela, su otra cara: la incapacidad de ese mismo Estado para dar cuenta del delito, incluso cuando la presión popular lo obliga, supuestamente, a desplegar sus recursos. Juicio y castigo a los asesinos de Candela. Por una comisión investigadora independiente. Todo nuestro compromiso con los familiares, vecinos y el movimiento de lucha que reclama justicia.
Alejandro Guerrero
REGIONAL CÓRDOBA
