La ruptura se advirtió también cuando la ministra de Seguridad nacional, Nilda Garré, criticó a los fiscales y a la policía bonaerense por el circo mediático que organizaron apenas se produjo el secuestro -que los alcahuetes de los medios K adjudicaron a la prensa.
Por otra parte, tampoco Scioli ni su ministro de Seguridad, Ricardo Casal, y menos aún los jefes de la Bonaerense, quieren que el caso pase al ámbito federal. Tienen sus razones: una investigación a cargo de tribunales federales se vería obligada a develar, siquiera en parte, las aberraciones y las complicidades cometidas durante el caso. Scioli podría no sobrevivir políticamente al escándalo -tampoco el armado político del oficialismo- a 45 días de las elecciones nacionales. En definitiva, nadie está interesado en resolver el caso, sino en salvar la propia ropa.
Ahora, según ha trascendido a la prensa, la Presidenta vuelve a evaluar la posibilidad de transferir la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires -es decir a su nuevo amigo Mauricio Macri, con quien de pronto se lleva tan bien.
La tregua rota
También se sabe ahora de un informe de Garré que señala algunas de aquellas aberraciones. Nada novedoso: el conflicto postergado entre la Casa Rosada y Scioli vuelve a emerger. Por ejemplo, Garré sostiene que esa exposición mediática (la que los alcahuetes K atribuyen a la prensa, al mensajero) “pudo haber ayudado” a los secuestradores.
No se trató, sin embargo, simplemente de una ayuda. Por ejemplo, el 25 de agosto, con Candela aún viva, el jefe de la Bonaerense, Juan Carlos Paggi, dijo muy suelto de cuerpo: “El padre de Candela ha ofrecido una hipótesis que tiene que ver con delincuentes que él frecuentaba”. Una impericia y una falta de profesionalismo semejantes son inconcebibles; por lo tanto, se debe concluir que les estaba avisando -como les avisaron después- cuando la policía convocaba a la televisión para los allanamientos que se proponía hacer y eran trasmitidos en directo; una manera de decirles “allá vamos”.
Por otra parte, la Bonaerense también está quebrada en internas feroces. Por ejemplo, Rubén Lobos, el jefe de Narcotráfico, y Ricardo Castronuovo, de Investigaciones, estuvieron todo el tiempo, mientras Candela permanecía secuestrada, dando a sus subordinados órdenes contradictorias.
Según La Nación (5/9), “entre las pesquisas (del secuestro de Candela) podría haber comisarios acusados de complicidad con ese delito (piratería del asfalto), sobre todo en algunos centros de ventas de La Matanza, clausurados hace un par de años”. Por lo tanto, es de esperar que se redoble la ofensiva de los “jóvenes K” de La Cámpora contra Scioli por el lado de la reforma del “sistema de seguridad”.
También hay un informe de Garré sobre Hugo Matzkin, segundo jefe de la Bonaerense, que el gobierno nacional reenvió a La Plata. Ese informe es un prontuario que, en buena parte, recoge datos que circulan en mails, procedentes de la propia policía, sobre el papel de Matzkin en el aparato recaudador de la Bonaerense, vinculado con casi todos los rubros delictivos que figuran en el Código Penal. Sin embargo, Matzkin sigue ahí.
Por todo eso, como se ve, la carátula de la causa es un campo de batalla político. Si se trata de un secuestro extorsivo, el asunto debe pasar a la justicia federal. En ese caso, la investigación quedará en manos de la Federal o de Gendarmería, enemigas naturales de la Bonaerense. Si eso sucediera, el tironeo político entre la Rosada, Scioli y el aparato punteril del pejotismo bonaerense -vinculado hasta el tuétano con la mafia- adquiriría proporciones de desastre.
¿Otro “perejilazo”?
Mientras tanto, los vecinos de los detenidos se movilizan en su defensa y hablan de “perejilazo”, en alusión al caso Nora Dalmasso, por cuyo crimen fue acusado un albañil que nada tenía que ver con el asunto.
En principio, el enojo de los vecinos tiene su sustento. Según se ha establecido, Candela no estuvo amarrada durante su cautiverio. Es decir que pudo moverse con libertad dentro del ámbito en el cual la tenían secuestrada. Por lo tanto, pudo tocar todo, absolutamente todo lo que había en la casa. Sin embargo, el único rastro de ADN fue encontrado por la Bonaerense en un vaso, en un objeto móvil que bien pudo ser “plantado”.
El jefe de los fiscales de Morón, Federico Nieva Woodgate, apenas producido el allanamiento de esa casa negó con énfasis que la niña hubiera estado ahí. ¿Se habría mostrado tan convencido de haber conocido la existencia del dichoso vaso? ¿La policía no le informó del hallazgo, como no le había informado de aquella supuesta llamada extorsiva que la policía filtró a los medios diez minutos después de ser encontrado el cadáver de Candela? Todo huele demasiado mal.
Ante semejante pudrición, el gobierno nacional busca una “solución” de puro compromiso. Garré, por el momento, propone para la galería crear un cuerpo federal (una especie de FBI criollo) para investigar secuestros. Ese organismo unificaría bajo un comando único las direcciones de investigaciones complejas de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura. Esas fuerzas “de seguridad” son ellas mismas bandas entrelazadas con el delito, casi siempre contrapuestas entre sí; alguna vez han llegado al borde del choque armado en defensa de distintas bandas rivales.
De esa movida, a su manera, se prendió Hermes Binner, el sojero “progre”. El privatizador del puerto de Rosario y compinche del zar kirchnerista de la timba, Cristóbal López, también quiere “coordinar” la actividad de las mafias de las fuerzas de seguridad.
Terminar con este estado de cosas ya es asunto de salud pública, no simplemente de seguridad o inseguridad. Resulta indispensable que la movilización popular por este caso genere organismos que tomen en sus manos el asunto. Por una comisión investigadora independiente, integrada por representantes del pueblo en lucha y por las organizaciones de derechos humanos.
Alejandro Guerrero
