El mito de la recuperación del trabajo en el kirchnerismo
Luego de ocho años de gobierno "nacional y popular", al menos el 57% de la población económicamente activa sigue sin empleo pleno. Una recuperación económica basada en la precarización y superexplotación de los trabajadores.
Los datos se desprenden del último informe del Observatorio Social de la UCA, coordinado por el prestigioso sociólogo Agustín Salvia, que releva las condiciones laborales del pasado año y muestran una realidad muy diferente a la que intentan vender los propagandistas del oficialismo: el empleo con "plenos derechos" alcanza sólo al 43,1%, mientras que el empleo precario ("en negro") es del 35,5%, el subempleo inestable (changas y planes sociales) 9,6% y el desempleo 11,8%. En síntesis, el 57% de la población económicamente activa sigue sin empleo pleno.
A pesar de lo categórico de los números de este estudio, estos todavía menosprecian la realidad de la precarización laboral. La franja de la población sin empleo que no buscó trabajo en la semana previa a la encuesta (desmoralizados) no es considerada como desempleada sino como "inactiva", un desempleo oculto que se estima, según otros estudios, en algo más del 10%. Se incluye dentro de los empleados con "plenos derechos" a los cuentapropistas que realizan aportes a la seguridad social, cuando una forma muy común de "negreo" es obligar al asalariado a facturar como autónomo. Se toma en cuenta sólo parcialmente la expansión de la tercerización de la producción, donde las empresas subcontratan a otras empresas (o crean una ad hoc), empeorando las condiciones de los trabajadores que no dependen de la empresa principal, con convenios laborales de otras ramas donde se cobra menos, pero que en estos casos no aparecen como empleos precarios. La investigación se limita a la población activa urbana mayor a los 18 años, excluye a los más jóvenes y al trabajo rural. Como se puede ver, la verdadera dimensión de la Argentina precaria todavía está por cuantificarse, pero es la realidad cotidiana de la gran mayoría de los trabajadores. Se precariza a partir de las agencias de empleo eventual, también a través de los "becarios" o "pasantes". Aunque el sector privado sea el que más negrea (45%), el Estado también precariza el empleo con miles de trabajadores sin estabilidad, con contratos que duran muchos años y cuentapropistas.
Entre 2003 y 2010 el plantel de contratados de la administración pública nacional pasó de 17.242 a 43.973 empleados, quienes llegan a cobrar la mitad de otros empleados permanentes que hacen igual tarea. La recuperación de los niveles de empleo es el caballito de batalla de la propaganda oficialista, pero el trabajo en negro no es lo opuesto a la desocupación, es sinónimo de una completa precariedad laboral. El trabajador ‘en negro' puede ser despedido en cualquier momento sin indemnización. Para los trabajadores de empleo precario el riesgo de quedar desempleado es dos veces y medio mayor que los que tienen un trabajo estable. Por eso, la precarización laboral permite una mayor explotación. Si la media de ingresos laborales era de 2.443 pesos mensuales (en diciembre de 2010, cuando el costo de la canasta familiar ya superaba los 5.000 pesos), los trabajadores con empleo pleno de derechos registraron un promedio de 3.121 pesos, mientras los precarios cobraron 1.948 pesos y los subempleados 1.238. Menores salarios, pero también mayor intensidad del trabajo y falta de protección sindical, hacen del trabajador contratado en negro, pasante o tercerizado el obrero más productivo (más explotado) para sus empleadores. Con estos niveles salariales, la capacidad de consumo de los trabajadores en negro y los empleados públicos apenas si alcanzan los peores niveles de la década del '90. Además, como consecuencia de la inflación, el salario real dejó de crecer a partir de 2007. El salario real, en consecuencia, es todavía peor que el de la época pre-crisis del menemismo. Con la reactivación económica, las tasas de desempleo tuvieron una reducción, pero se mantienen aún en los niveles de la década menemista; lo mismo ocurre con el empleo en negro, apenas por debajo (1993: 39%); de conjunto, la precarización laboral continuó expandiéndose y profundizándose.
El avance de la precarización laboral es el resultado de la política de "reconstrucción de la burguesía nacional": "promociones industriales" que eximen de impuestos a los capitalistas a cambio de la creación de trabajo basura; la ley laboral K, que consagró convenios a la baja desconociendo derechos adquiridos y prolongó la vigencia de los convenios por empresa -un tercio de los convenios- y los convenios "pymes" con cláusulas a la baja y aportes patronales jubilatorios reducidos en un 50%, además de que sigue vigente el nefasto "recurso de crisis" ideado en los noventa. En consecuencia, la vuelta de las paritarias -fuertemente regimentadas por medio de las leyes de arbitraje y conciliación obligatoria- vinieron acompañadas por un aumento de las cláusulas flexibilizadoras con relación a los '90. Uno de los ejes la campaña electoral de la presidenta fue destacar "la fuerza del trabajo". Ahora entendemos más a qué se refería.
Pablo Ramasco