"Todas las actuaciones de la Uesprojud para identificar personas en manifestaciones sociales son a requerimiento de la Justicia, fotografiando, filmando o con estudios socio ambientales, según lo requiere el juez interviniente", aseveró.
La ley 25.520 en su artículo 4º es clara. Allí establece los límites de las tareas de inteligencia. Dice: "Ningún organismo de inteligencia podrá: Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción".
En ese sentido, el dirigente del Frente de Izquierda, Néstor Pitrola dijo que Garré, con ese discurso, reconoció "que hay otro sistema de inteligencia (Uesprojud). Queremos ver todos los que estamos en la base de datos. El objetivo social es controlar el conflicto social".
Claudia Ferrero es una de las letradas de la Asociación de Profesionales en Lucha en el Polo Obrero (APEL). En diálogo con Perfil.com consideró que Garré "distorsiona la realidad" porque "dijo que Proyecto X era un software cuando es mentira, ya que en una de las causas de Oyarbide hay un instructivo de como se recaba la información, de que forma, la identificación política, datos personales e incluso de si es mujeriego o no un manifestante".
Por otra parte, negó que los infiltrados sólo pasen información luego de que la Justicia haga el pedido. Y puso como ejemplo el conflicto de Kraft donde "el juez no pidió nada de donde se reunían los delegados". "En una marcha de octubre de 2011, en Moreno, por parte de los empleados de Correo Argentino, ni siquiera había una causa judicial. Sin embargo, se pudo ver a gendarmes sacando fotos, es decir que había investigación", finalizó la abogada.
