Para Horacio Verbitsky, la auditoría de la ministra Garré podría ser un "nuevo punto de partida", porque "es tan desatinado culpar a la ministra como negar la gravedad del espionaje" (Página/12, 19/2). Siete días después informa que el Proyecto X no contiene "ni un dato" sobre manifestaciones, activistas o dirigentes políticos". ¿En qué estamos? Schenone había reconocido que "brindan información para orientación y análisis de las causas judiciales", mediante el Proyecto X, al Juez Oyarbide.
La causa Kraft se armó de cabo a rabo con información del "Centro de Reunión de Información de Campo de Mayo", no por las unidades de información para procesos judiciales, como pretenden Verbitsky-Garré. Se usaron archivos previos; los gendarmes se hicieron pasar por periodistas o manifestantes, es decir como agentes encubiertos -los métodos de Alfredo Astiz.
El periodista y jefe del CELS exonera a Schenone, como "hombre de la DEA" (Página/12, 19/2), la cobertura para la política "antiterrorista" del departamento de estado norteamericano. Schenone dijo que sigue órdenes y protocolos del poder ejecutivo, y así lo confirmó la ministra.
La ministra Garré exculpa integralmente el accionar de la Gendarmería, que desembarcó en Santa Cruz para reprimir huelgas y movimientos populares.
Verbitsky acompañó a Garré en el armado de una causa fraudulenta contra los dirigentes ferroviarios del PO, Jorge Hospital y Omar Merino, por sucesos violentos en Constitución donde no estuvieron, y también acusó al autor de esta nota (luego refutada por Leuco en Perfil) de participar en los destrozos en la estación, así en una negociación en el Ministerio de Trabajo, donde nunca estuvo.
Verbitsky termina el encubrimiento del espionaje, del "hombre de la DEA", del Proyecto X y de todo el accionar represivo de la Gendarmería, con una frase autoincriminatoria. "Ese es el punto clave a dirimir: un corte de ruta constituye al mismo tiempo una protesta social y un delito del Código Penal y los jueces deciden qué prevalece en cada momento. La criminalización de la protesta es un estigma político, no legal." Legaliza la criminalización.
Verbitsky también calla sobre las permanentes denuncias de espionajes y bases de datos como la DIP de Santa Cruz, denunciada por Adosac, o el trascendido público el 7 de agosto del año pasado -jamás investigado- de centenares de teléfonos intervenidos en forma permanente por la Side, entre los cuales hay una docena de dirigentes del Partido Obrero y hasta Hugo Yasky.
Estamos arriba de un estado de inteligencia y criminalización del accionar popular como lo demuestran los cinco mil procesados, y de represión a la lucha popular, como ocurrió días atrás en Catamarca o a la represión tercerizada de la patota de Pedraza que mató a Mariano.
Que se abran los archivos de Gendarmería, de la DIP, de la Side y de todas las fuerzas de seguridad, que se destruyan sus datos, que se anule la causa Kraft y todas las causas a la lucha popular.
Néstor Pitrola
REGIONAL CÓRDOBA
