El “paso al costado” de Schiavi -despedido con aplausos en la ceremonia oficial- ha sido sólo un recurso para asegurar el pacto del gobierno con los privatizadores del ferrocarril. Su sustituto, Alejandro Ramos, el intendente K de Granadero Baigorria, se ha caracterizado por tolerar la tercerización laboral en su municipio. En su gestión trabajó por “la potenciación del transporte de carga” (Ambito, 8/3), además de destacarse por sus múltiples vínculos con la patria contratista. Mientras tanto, los subsidios oficiales para TBA continúan fluyendo hacia Favicor, la financiera del grupo Cirigliano -algo que ocurre desde 2004 y que permitió que TBA esquivara “los embargos de los acreedores” (Clarín, 11/3).
El juicio
La Justicia, donde el Estado cómplice fue aceptado como querellante, permite que el principal responsable de la masacre pueda entorpecer el proceso.
A 19 días del accidente, el único imputado sigue siendo el maquinista del tren. Los funcionarios del área han sido ratificados.
El juez Bonadío ha ordenado hasta el momento dos peritajes. Uno técnico, sobre la formación siniestrada, y otro sobre las cuentas de TBA. Sobre el peritaje técnico ha dispuesto el secreto: “Fue (una) decisión poco habitual. El Código Procesal establece que el secreto corresponde ‘siempre que la publicidad ponga en peligro el descubrimiento de la verdad’” (La Nación, 13/3).
En cuanto a la investigación sobre la ruta de los subsidios percibidos por TBA, fue solicitada por el fiscal Federico Delgado. Los primeros resultados se conocerán en 30 días. De este modo, el proceso se va dilatando.
Delgado ha denunciado que “la causa sufre una suerte de ‘apropiación’ del señor juez de instrucción, que veda a esta parte el conocimiento de la dinámica del expediente” (ídem), a punto tal que ha denunciado que ni siquiera pudo obtener una copia de éste.
Los familiares denuncian
A todo esto, deben agregarse las denuncias de los familiares sobre las visitas de los abogados de TBA para llegar a arreglos extrajudiciales. “Me ofrecían 150 mil pesos para que quede todo así, para que no le haga juicio a TBA” (La Nueva Provincia, 11/3), indicó María Esther Luna, quien perdió a su hijo.
Javier Miglino, abogado de un grupo de víctimas, calificó la aceptación del Estado como querellane como “un grave retroceso para averiguar la verdad” (La Gaceta, 3/3). Bonadío rechazó también un recurso de apelación de otro abogado de las víctimas contra la aceptación del Estado como querellante.
Después de la movilización realizada a Plaza de Mayo semanas atrás, los familiares volvieron a convocarse en Ciudadela para denunciar las maniobras del gobierno y de TBA.
El Estado tiene que ser apartado inmediatamente como querellante de la causa. Cárcel a Schiavi, Luna y De Vido. Juicio y castigo a todos los responsables.
Gustavo Montenegro
