En años recientes, el kirchnerismo se ha animado a llevar su demagogia sobre derechos humanos a una lectura “revisionista” de la masacre de Puente Pueyrredón. Han tratado el tema en programas oficialistas haciendo eje en la responsabilidad de Duhalde y (¡una vez más!) en la cobertura de Clarín. Incluyeron menciones a Kosteki y Santillán (¡y a Mariano Ferreyra!) en el último acto del 24 de Marzo, el que estuvo plagado de funcionarios del Estado. Conviene entonces, como parte del trabajo por una contundente movilización por el castigo a los represores de ayer y de hoy, contribuir a poner las cosas en su lugar.
Néstor Kirchner fue parte del reclamo de represión que se escuchó desde diversos sectores patronales, ya que participó del cónclave de gobernadores justicialistas del 27 de mayo de 2002 en La Pampa, donde se llamó a poner en caja al movimiento piquetero. El fracaso completo de la política de escarmiento ejemplar llevó, reacción popular de por medio, a las elecciones anticipadas y, eventualmente, a la asunción de Kirchner como el candidato bendecido por Duhalde y ungido con un apoyo electoral minoritario.
Kirchner combinó, en su gobierno, el chantaje a los movimientos de lucha reprimidos y a sus familiares, cuando ofreció organizar una comisión investigadora de los hechos, a cambio de deponer la lucha y apoyar políticamente a su gobierno. El rechazo ejemplar de los familiares fue seguido por un trabajo de división y cooptación del MTD Aníbal Verón, en el que militaban Maxi y Darío, del cual se desprendieron grupos como el de Juan Cruz Daffunchio, hoy concejal oficialista en Florencio Varela, u otros que revistan en el Movimiento Evita. Los archivos secretos de la Side mencionados por Kirchner nunca aparecieron y la causa federal contra Duhalde, Solá, Soria, Aníbal Fernández y demás responsables políticos fue cajoneada por el juez Ariel Lijo, el mismo al que recurrieron los Kirchner para otros juicios sensibles -como lo es hoy el caso Boudou-Ciccone.
La política oficial de los K fue preservar al aparato golpeado de la Policía Bonaerense, a las otras fuerzas represivas que actuaron y a los punteros del PJ. La condena lograda contra Fanchiotti, Acosta y sus cómplices materiales en los asesinatos fue parte de una inmensa lucha para sobreponerse a este plan de reconversión del aparato oficial.
Bajo el mandato de los aliados políticos del kirchnerismo -primero con Felipe Solá, quien presidió la represión; luego con Scioli- se mantuvo en acción a la Bonaerense, una fuerza profundamente corrompida, ligada a las mafias delictivas y con un mando formado en épocas de la dictadura. Sin esta política, hubieran sido imposibles la desaparición de Jorge Julio López, el secuestro de Luciano Arruga y la acción de bandas mixtas como las que aparecen implicadas en el asesinato de Candela Rodríguez.
Mientras el kirchnerismo hace de las denuncias genuinas contra el gatillo fácil de la Bonaerense un instrumento en la interna que tienen con Scioli en el PJ, es clara su responsabilidad en la preservación de esta fuerza asesina durante una década entera. Su superación no va a venir de la lucha interna del partido oficial, sino que exige una movilización independiente de los explotados y de la juventud.
Guillermo Kane
Néstor Kirchner fue parte del reclamo de represión que se escuchó desde diversos sectores patronales, ya que participó del cónclave de gobernadores justicialistas del 27 de mayo de 2002 en La Pampa, donde se llamó a poner en caja al movimiento piquetero. El fracaso completo de la política de escarmiento ejemplar llevó, reacción popular de por medio, a las elecciones anticipadas y, eventualmente, a la asunción de Kirchner como el candidato bendecido por Duhalde y ungido con un apoyo electoral minoritario.
Kirchner combinó, en su gobierno, el chantaje a los movimientos de lucha reprimidos y a sus familiares, cuando ofreció organizar una comisión investigadora de los hechos, a cambio de deponer la lucha y apoyar políticamente a su gobierno. El rechazo ejemplar de los familiares fue seguido por un trabajo de división y cooptación del MTD Aníbal Verón, en el que militaban Maxi y Darío, del cual se desprendieron grupos como el de Juan Cruz Daffunchio, hoy concejal oficialista en Florencio Varela, u otros que revistan en el Movimiento Evita. Los archivos secretos de la Side mencionados por Kirchner nunca aparecieron y la causa federal contra Duhalde, Solá, Soria, Aníbal Fernández y demás responsables políticos fue cajoneada por el juez Ariel Lijo, el mismo al que recurrieron los Kirchner para otros juicios sensibles -como lo es hoy el caso Boudou-Ciccone.
La política oficial de los K fue preservar al aparato golpeado de la Policía Bonaerense, a las otras fuerzas represivas que actuaron y a los punteros del PJ. La condena lograda contra Fanchiotti, Acosta y sus cómplices materiales en los asesinatos fue parte de una inmensa lucha para sobreponerse a este plan de reconversión del aparato oficial.
Bajo el mandato de los aliados políticos del kirchnerismo -primero con Felipe Solá, quien presidió la represión; luego con Scioli- se mantuvo en acción a la Bonaerense, una fuerza profundamente corrompida, ligada a las mafias delictivas y con un mando formado en épocas de la dictadura. Sin esta política, hubieran sido imposibles la desaparición de Jorge Julio López, el secuestro de Luciano Arruga y la acción de bandas mixtas como las que aparecen implicadas en el asesinato de Candela Rodríguez.
Mientras el kirchnerismo hace de las denuncias genuinas contra el gatillo fácil de la Bonaerense un instrumento en la interna que tienen con Scioli en el PJ, es clara su responsabilidad en la preservación de esta fuerza asesina durante una década entera. Su superación no va a venir de la lucha interna del partido oficial, sino que exige una movilización independiente de los explotados y de la juventud.
Guillermo Kane
