Después de los tres días de paro de los trabajadores de UTA, Mestre salió al ruedo atacando a los trabajadores por haber paralizado la Ciudad y a las patronales por no haber depositado la diferencia del 4% que se consiguió por encima del miserable 17,6% de la paritaria nacional. La diferencia la terminó cubriendo el municipio con un subsidio de 20 millones a las patronales.A los dos días de terminado paro, Mestre les envió a los vecinos una carta donde denuncia la “irracionalidad de corporaciones que toman de rehenes a todos y cada uno de los cordobeses. Me refiero a empresarios y sindicalistas”.
Sin embargo, lo que parecía ser una batalla del intendente a “dos frentes” terminó reduciéndose a uno. El gobierno municipal lanzó a la calle el nuevo Marco Regulatorio para el Servicio Público de Transporte Masivo de Pasajeros (MR), donde llena de beneficios a las patronales y regimenta a los trabajadores.
Este nuevo MR no va con vueltas: declara que “Los servicios troncales deberán prestarse como Servicios Esenciales, no pudiendo ser alcanzados por medidas de fuerza ni reducir su frecuencia por debajo del treinta por ciento”. También obliga a los trabajadores a “cumplir con los servicios esenciales cuando se adopten medidas de fuerza dispuestas por las autoridades gremiales”.
Estos artículos, anticonstitucionales hasta la médula, intentan ponerle un coto al proceso de rebeliones que hay en UTA Córdoba, producido justamente por el acelerado vaciamiento de las empresas combinado con el importante proceso de degradación salarial de los trabajadores.
Todos los artículos que regulan las condiciones de trabajo y servicios, frecuencia, actualización de la flota, horarios y seguridad son un refrito del marco regulatorio que está en vigencia. Sin embargo, lejos de ser sancionadas las empresas, en el nuevo MR se las beneficia con la posibilidad de que se renueven infinitamente las concesiones, hoy ampliamente vencidas.
Sin ir más lejos, los últimos tres despidos en la UTA fueron sobre tres activistas de la empresa Ciudad de Córdoba que participaron hace dos meses de una asamblea de 150 trabajadores para denunciar que 60 colectivos permanecían fuera de servicio. A esto, la patronal respondió que no pensaba poner un peso hasta que se le renueve la concesión en julio. Esta situación es muy frecuente; sucede que en todas las empresas la flota recibe subsidios estando en el taller o haciendo su recorrido.
El nuevo MR donde se le exige a los concesionarios “perfectas condiciones de higiene”. Sin embargo, hace dos meses se despidió a 56 compañeros precarizados de la limpieza de la empresa de transporte municipal Tamse. Estos puestos de trabajo fueron remplazados por 18 trabajadores ‘seleccionados’ por los delegados y el gremio. Donde antes limpiaban tres, ahora limpia uno. O sea que quienes hablan de higiene, hoy tienen su empresa sucia.
Mestre ha hecho un marco regulatorio a la medida de las patronales privadas, a las que incluso piensa entregarle también la empresa municipal de transporte. Mientras el transporte público de pasajeros está al límite del colapso, las patronales parasitan a través de subsidios y se preparan para quedarse con Tamse.
Sin embargo, para llevar adelante esta tarea tiene que pasarle por encima a una combativa clase obrera de UTA. El activismo tiene por delante profundizar la campaña por la municipalización de todo el transporte público y su control obrero. La rentabilidad de las privadas está destruyendo la salud y el bolsillo de los trabajadores y de todos los usuarios del transporte público.
Alejandro Roqueiro