Otra intervención para rescatar al capital
Más allá del colapso petrolero y ferroviario, no es un secreto que el derrumbe de las privatizadas ya alcanzó de lleno al sistema eléctrico.
Las principales distribuidoras de energía se han declarado en cesación de pagos. La más importante de todas, Edesur, dejó de pagar la energía que recibe desde Cammesa, la compañía mixta del mercado eléctrico mayorista. El default eléctrico sobreviene después de que el Estado aportó enormes sumas para subsidiar el combustible que emplean las generadoras. Esa factura ascenderá a más de 30.000 millones de pesos este año; o sea, el 40% de todos los subsidios a las privatizadas. Aunque las distribuidoras se declaran en quiebra, Edenor no ha cesado de expandirse, a través de la compra de otras empresas de energía en el interior del país. En el caso de Edesur -controlada por el italiano Enel-, el gobierno ha señalado que las tres principales empresas del grupo -la propia Edesur, y las generadoras Chocón y Costanera- ganaron “desde 2003 alrededor de 374 millones de dólares” (BAE, 11/7). En este caso, se trata de una operación “integrada”, donde las “pérdidas” en la distribución disimulan beneficios extraordinarios en la generación de energía. Ahora las distribuidoras exigen un claro aumento de tarifas, o que el rescate oficial se acreciente con nuevos subsidios.
La respuesta oficial a esta crisis ha sido la creación de lo que algunos bautizaron como “YPF Energía Eléctrica”, una suerte de holding -conglomerado de empresas de energía- bajo la batuta de los funcionarios de “La Cámpora”. El Estado, de este modo, centralizaría la operación de empresas de generación, transporte y distribución de energía. ¿Cuáles serían los objetivos inmediatos de esta intervención? En primer lugar, un salvataje financiero a las distribuidoras privadas. “Los fondos -informa BAE (11/7)- serían aportados por el banco Nación, donde La Cámpora tiene dos directores”, y se concretarían por medio de Cammesa, ahora también con presencia camporista. En el nuevo holding semiestatal, “aún no está definido si será necesario un ajuste de tarifas” (id). Pero en los términos del rescate planteado, sí “será necesario”, para pagar las deudas a contraerse con el Nación. Si ello no ocurre, las privatizadas le habrían cargado otra deuda incobrable al banco estatal.
El “caso eléctrico” retrata cuán lejos puede llegar el dirigismo oficial. Pero también sus intereses sociales de fondo. De cara a la quiebra de las privatizaciones eléctricas, el gobierno y La Cámpora han resuelto una centralización de la gestión eléctrica. Su propósito, sin embargo, no es liquidar el parasitismo de la gestión privada, que viene de dilapidar una década de subsidios. La nueva “YPF eléctrica” es un gran dispositivo de rescate a los privatizadores, sumando otra caja -la del banco Nación- a este salvataje. Por los intereses que defiende, el nuevo holding camporista prepara un “tarifazo coordinado” de la energía; o, alternativamente, un desfalco agravado del erario público. En oposición al dirigismo capitalista de los K, planteamos la nacionalización sin resarcimiento del conjunto del sistema eléctrico y su gestión obrera, en el marco de un plan de reorganización integral de la economía nacional a costa del capital.
Marcelo Ramal
REGIONAL CÓRDOBA
