Final previsible. El Consejo del Salario de Cristina con los Biolcatti, Mendiguren y Gerardo Martínez aprobó por unanimidad un 16% de aumento, lo que eleva el mínimo a 2.670 pesos. El nuevo mínimo se ubica 1.000 pesos por debajo de la línea de pobreza -que el instituto estadístico de Mendoza fijó en 3.871 pesos. El seguro al desocupado no se discutió. La nueva coalición del gobierno con los gordos de la CGT-Balcarce y Yasky tuvo su debut.
El kirchnerismo se ha ingeniado para que el Consejo del Salario no sirva a ninguna de sus funciones -de por sí, limitadas-, que son las de establecer un mínimo vital y móvil, y el seguro al desocupado. Tampoco ha cambiado su composición -diseñada durante los 90- con mayoría patronal-estatal, puesto que el gobierno se guarda la capacidad de laudar si no hay dos tercios de acuerdo.
El Consejo es convocado, sistemáticamente, luego de la ronda de paritarias. Precisamente lo contrario de lo que debería ser, dado que fijar un mínimo, vital y equivalente a una canasta familiar, debería ser un acto anterior a las paritarias, las que se discutirían a partir de una línea trazada por su costo.
Ese costo tendría que ser resultado no de los acuerdos o afinidades con ciertos sindicalistas, sino de las estadísticas que el Indec no produce más y que deberían estar bajo control de las organizaciones obreras, cosa que tampoco ocurre. Justamente, la crisis con la meneada candidatura de Caló a la nueva CGT-Balcarce tuvo como desencadenante un estudio de la UOM, que arrojó la cifra de 6.200 pesos para la “canasta básica de subsistencia”.
Hoy cobran el salario mínimo unas 113.000 personas. Los convenios superan el mínimo largamente, aunque estén lejos de la verdadera canasta familiar -la que tampoco es la de “subsistencia”. Están excluidos los numerosos obreros rurales y las empleadas domésticas. También, desde luego, los trabajadores en negro, que son el 35% de la fuerza laboral. En total, casi 7 millones de trabajadores -sobre una fuerza total de más de 16 millones- están afuera, antes de la discusión.
El kirchnerismo se ha ingeniado para que el Consejo del Salario no sirva a ninguna de sus funciones -de por sí, limitadas-, que son las de establecer un mínimo vital y móvil, y el seguro al desocupado. Tampoco ha cambiado su composición -diseñada durante los 90- con mayoría patronal-estatal, puesto que el gobierno se guarda la capacidad de laudar si no hay dos tercios de acuerdo.
El Consejo es convocado, sistemáticamente, luego de la ronda de paritarias. Precisamente lo contrario de lo que debería ser, dado que fijar un mínimo, vital y equivalente a una canasta familiar, debería ser un acto anterior a las paritarias, las que se discutirían a partir de una línea trazada por su costo.
Ese costo tendría que ser resultado no de los acuerdos o afinidades con ciertos sindicalistas, sino de las estadísticas que el Indec no produce más y que deberían estar bajo control de las organizaciones obreras, cosa que tampoco ocurre. Justamente, la crisis con la meneada candidatura de Caló a la nueva CGT-Balcarce tuvo como desencadenante un estudio de la UOM, que arrojó la cifra de 6.200 pesos para la “canasta básica de subsistencia”.
Hoy cobran el salario mínimo unas 113.000 personas. Los convenios superan el mínimo largamente, aunque estén lejos de la verdadera canasta familiar -la que tampoco es la de “subsistencia”. Están excluidos los numerosos obreros rurales y las empleadas domésticas. También, desde luego, los trabajadores en negro, que son el 35% de la fuerza laboral. En total, casi 7 millones de trabajadores -sobre una fuerza total de más de 16 millones- están afuera, antes de la discusión.
La consideración de que el salario mínimo es un punto de referencia en el trabajo en negro es relativa; especialmente, cuando hay recesión económica (como ahora) lo que le quita fuerza al colectivo obrero en el mercado laboral.
Por sobre todas las cosas, la convocatoria al Consejo -con la burocracia sindical en su seno- apunta a avalar una política. Allí no se discute la jubilación, lo que pondría de manifiesto el saqueo de la Anses, la aniquilación del 82% y el desconocimiento de los juicios ganados. Pero la jubilación es un salario diferido, para el cual aportamos toda la vida.
Lo que sí estaba en el temario es el Fondo de Desempleo, subsidio al desocupado también instaurado en la época menemista, cuyo techo ha sido congelado por Cristina Kirchner en 400 pesos. Se cobra por un año sólo si el despido es en blanco y sin causa, y su monto es descendente, primero al 85% y luego al 70%. La escala y el monto violan las normas de la OIT y las de la propia ley que lo estableció, porque no debería bajar del 45% del último salario cobrado por el trabajador despedido. Basta conocer que el salario en blanco promedio es de 6.000 pesos para apreciar el desfasaje. Sin embargo, la cuenta de la Anses que financia este fondo es superavitaria.
El “dirigismo” de Cristina interviene en los salarios, pero en contra los trabajadores. Otros temas vitales que hoy afectan el salario -como el impuesto a las Ganancias o la destrucción de las asignaciones familiares- estuvieron afuera del temario. Esto, cuando en el horizonte inmediato del bolsillo obrero están los aumentos de tarifas y el recrudecimiento de la carestía. Un reciente estudio de la Universidad Di Tella arrojó una expectativa inflacionaria cercana al 40%. Recién en febrero, el mínimo trepará a 2.875 pesos.
El papel de los sindicatos en el Consejo del Salario es vergonzoso: participan para convalidar la violación del valor de la fuerza de trabajo. Esta situación viene desde los tiempos de Moyano -y aún cuando la CTA estaba unida.
El sindicalismo argentino se apartó hace rato de la lucha por un mínimo equivalente a la canasta familiar. Su centroizquierda se adscribió a la política del ingreso ciudadano, para establecer una “malla de contención a la pobreza”. Esa línea, inspirada en el Banco Mundial fue tomada, en los 90, por el Frente Nacional contra la Pobreza que idearon De Gennaro y Carrió. La burocracia sindical peronista fue directamente el instrumento de regimentación contra las luchas obreras que, desde la huelga general contra el “Rodrigazo” de 1975, pugnan por detener una caída más o menos imparable del salario real.
Por ello, este martes 28 nos hemos movilizado al Ministerio a denunciar el consejo “antisalarial” y a reclamar un salario mínimo equivalente a la canasta familiar y el 82% en la jubilación.
Néstor Pitrola
