Pero esta inscripción es sólo una parte de la historia. Lo más importante es que el Ministro de Agricultura acaba de anunciar un régimen de reconocimiento integral del pago de regalías o derechos por las patentes de sus inventos y la próxima modificación de la Ley de Semillas.
Hasta ahora, sólo el 25% del uso de semillas de soja es “certificada” -o sea, de origen reconocido. El resto de las semillas proviene de aquellas que los propios productores guardan después de la cosecha y que, por lo tanto, no pagan regalías (bolsa blanca). Por este motivo, Monsanto amenazó con retirarse del mercado argentino en 2004 y realizó diferentes reclamos al gobierno y a las entidades agrarias. Monsanto condicionaba, asimismo, el ingreso de nuevas variedades al cobro de regalías, lo que llevó a que el gobierno iniciara un juicio contra la multinacional. El giro de 180 grados del gobierno “nacional y popular” llevó al editorialista agropecuario de Clarín, un vocero incuestionable de los intereses sojeros y de la ‘corpo’, a decir que “la foto del Ministro de Agricultura con el presidente y con el vicepresidente de la multinacional es muy fuerte” (25/8).
Monsanto los cría
Monsanto acaba de asegurarse el cobro integral de regalías para su nueva variedad. Pero, adicionalmente, el gobierno asumió el compromiso de modificar la Ley de Semillas para limitar el “uso propio” de la semilla y para evitar “que la soja transgénica sea multiplicada y vendida en canales informales” (Clarín, 22/8). Un directivo de Monsanto se animó a decir que “trabajamos con un gobierno abierto al diálogo” (ídem). Según el gobierno, la medida exceptuará a los pequeños productores, pero éstos representan una parte ínfima del cultivo de soja.
Otra medida tomada por Monsanto para asegurarse el pago de las regalías es el inicio de una campaña de “acuerdos individuales” con productores, que el gobierno no ha objetado. Estos deben pagar la regalía al comprar semilla certificada o someter su producción a una prueba de detección de los genes modificados, cuando procedan a la venta. Si el resultado es positivo, el acopiador de granos cobrará a cuenta del semillero las regalías pendientes, a un costo mayor. Ya se firmaron acuerdos con 8.500 empresarios en el norte del país (aproximadamente el 60% del área sojera).
El negocio de la semilla de soja en el país rondó los 300 millones de dólares, con sólo un 40% del mercado que paga la semilla y las regalías. Si ese mercado se extiende aproximadamente al 100%, la cifra trepa a más de 750 millones de dólares. Aquí no sólo se beneficiará Monsanto, sino también el resto de las empresas que participan del negocio semillero. El acuerdo convierte a la economía sojera en una dependencia del capital internacional, que produce semillas modificadas, y de la industria química en general. La agricultura capitalista ingresa en un círculo vicioso entre la aplicación de herbicidas y el uso de semillas resistentes a esos herbicidas.
Se construye de ese modo, a nivel mundial, un monopolio de la oferta de alimentos por parte de algunos países y de algunas compañías, que agrava el hambre en las naciones demandantes, como consecuencia de la carestía. A esto se agrega el desvío de la producción de materias primas alimenticias para producir biocombustibles. La verdadera fuerza propulsora de la industria de la ingeniería genética no es hacer a la agricultura más productiva ni acabar con el hambre, sino -simplemente- generar ganancias. El gobierno nacionalista de los K tiene excepciones de lujo: Barrick en la minería y Monsanto en la agricultura.
Raúl Stevani
