El cuestionario es directamente un informe policial. Los trabajadores no sólo deben dar su opinión sobre el sindicato -Apta-, sobre la empresa y sobre el gobierno nacional, también delatar a los compañeros que participaron en una acción gremial. A su vez, hay amenazas directas de aplicación del Código Penal o de la ley de “defensa de la democracia” contra quienes efectúen medidas de fuerza.
Una nueva negativa de los trabajadores produjo 14 suspensiones más.
En los aprietes está metido el propio presidente de la empresa, Raúl Argañaraz, de La Cámpora.
Las suspensiones y amenazas vienen a completar otro operativo profundamente reaccionario: la desafiliación de los trabajadores de Apta para que entren en un sindicato creado por la patronal. Además de los aprietes, hay una oferta de 900 pesos por única vez para que los trabajadores se pasen.
De los 900 afiliados de Apta 200 ya se han pasado, y la patronal habilitó elecciones de delegados para el nuevo sindicato. De los catorce delegados de Apta, nueve rompieron con su conducción y se pasaron al lado de Argañaraz, lo que dejó al cuerpo en una situación de virtual acefalía.
Todo el operativo confirma las tendencias a la estatización y a la división de las organizaciones obreras y populares por parte del gobierno nacional.
Los métodos brutales aplicados en Fadea esconden que la patronal busca un proceso de desguace de la empresa sin resistencia. Hay un cuadro de pérdida de conquistas -como la bolsa de trabajo- y un deterioro de las condiciones de trabajo que han producido accidentes laborales, así como la falta de inversiones en infraestructura y en equipamiento.
Cuando la empresa -ex Lockheed Martin- fue “estatizada” en 2008, CFK habló de un nuevo “despertar” de la industria aeronáutica argentina y anunció contratos con Embraer y un nuevo Pampa. Desde entonces nada ha pasado, salvo generosas compras de aviones Embraer.
La “estatización” fue una operación a gusto de la Lockheed, que recibió una compensación de 25 millones de dólares luego de no haber invertido un solo peso y de haber vivido de los subsidios del Estado durante los catorce años de su gestión. La “estatización” fue saludada por prácticamente todo el arco político, y motivó un acto de las fracciones de la burocracia sindical, incluido el degennarismo local. Hoy los planes más ambiciosos pasan por convertirla en una “fábrica” de helicópteros, que ensamble piezas chinas.
Cirielli y Morselli -el representante de Apta en Córdoba- no están haciendo nada para frenar los aprietes y, mucho menos, por las reivindicaciones propias de la planta -bolsa de trabajo, salario, inversión en la fábrica. Llaman a los sancionados a que se muevan con cautela y por la vía legal, y aducen que el conflicto todavía no está instalado.
La salida es realizar una asamblea general, para defender los puestos de trabajo y la unidad de los trabajadores, así como establecer un control obrero de la empresa para impedir su vaciamiento y para echar a los “fascistas” de la empresa.
