El 25 de octubre, al cumplirse tres años de la desaparición de Yamila Cuello, se realizó en el centro de la ciudad una contundente movilización exigiendo su inmediata aparición.
Al cabo de tres años y un largo derrotero judicial, pese a que la causa se encuentra actualmente en el fuero federal investigada como “trata de personas con fines sexuales” no existe una sola respuesta en cuanto a su desaparición; todo lo contario, es evidente el intento de empantanar la investigación ensuciando a la víctima.
El caso de Yamila se ha transformado en Córdoba en la prueba más clara de la impostura, por parte del gobierno de De la Sota y de todos los bloques que votaron en la Legislatura, meses atrás, la ley de Trata provincial. En ocasión de su sanción, el FIT fue el único bloque que votó en contra de su aprobación, y junto a familiares de Yamila y el Plenario de Trabajadoras denunció el reciclaje del negocio de la explotación de la prostitución ajena que la ley implica, en beneficio de verdaderas mafias que operan en la provincia.
Recién a principios de este año, la familia, cansada de esperar respuestas por parte de la Justicia provincial, decidió hacer público el caso; sin embargo, no mereció por parte del gobierno más que silencio y rechazo. Concretamente en oportunidad del Encuentro Nacional de Mujeres XXVII que tuvo lugar en Posadas, Misiones, ante la solicitud de financiamiento para realizar el viaje y coordinar la lucha por el desmantelamiento de las redes de trata y la aparición de Yamila a nivel nacional, después de varios rodeos burocráticos por parte de la Secretaría de Prevención contra la Trata, creada por la misma ley de la que se jactan, la respuesta fue negativa. Esto no fue impedimento para que viajáramos al Encuentro una numerosa comitiva de mujeres e impulsáramos en los talleres de la trata, como parte de las resoluciones, la movilización a tres años de la desaparición de Yamila.
Una vez en la provincia, la respuesta por parte de la población fue contundente: a la marcha convocada por el Plenario de Trabajadoras adhirieron diversas organizaciones y contó con una amplísima cobertura mediática. Asimismo, se plegaron familiares de Jimena Natali Arias y Facundo Rivera Alegre, ambos desaparecidos a principios de este año y en los cuales está involucrada la policía provincial.
La campaña por la aparición inmediata de Yamila implica en la provincia el desmantelamiento de las redes de trata, la confiscación de sus bienes, la cárcel a policías, jueces y funcionarios públicos cómplices del negocio de la trata. Claro está que sólo por medio de la organización y movilización independiente del conjunto de las mujeres trabajadoras pondremos fin a este flagelo.
Al cabo de tres años y un largo derrotero judicial, pese a que la causa se encuentra actualmente en el fuero federal investigada como “trata de personas con fines sexuales” no existe una sola respuesta en cuanto a su desaparición; todo lo contario, es evidente el intento de empantanar la investigación ensuciando a la víctima.
El caso de Yamila se ha transformado en Córdoba en la prueba más clara de la impostura, por parte del gobierno de De la Sota y de todos los bloques que votaron en la Legislatura, meses atrás, la ley de Trata provincial. En ocasión de su sanción, el FIT fue el único bloque que votó en contra de su aprobación, y junto a familiares de Yamila y el Plenario de Trabajadoras denunció el reciclaje del negocio de la explotación de la prostitución ajena que la ley implica, en beneficio de verdaderas mafias que operan en la provincia.
Recién a principios de este año, la familia, cansada de esperar respuestas por parte de la Justicia provincial, decidió hacer público el caso; sin embargo, no mereció por parte del gobierno más que silencio y rechazo. Concretamente en oportunidad del Encuentro Nacional de Mujeres XXVII que tuvo lugar en Posadas, Misiones, ante la solicitud de financiamiento para realizar el viaje y coordinar la lucha por el desmantelamiento de las redes de trata y la aparición de Yamila a nivel nacional, después de varios rodeos burocráticos por parte de la Secretaría de Prevención contra la Trata, creada por la misma ley de la que se jactan, la respuesta fue negativa. Esto no fue impedimento para que viajáramos al Encuentro una numerosa comitiva de mujeres e impulsáramos en los talleres de la trata, como parte de las resoluciones, la movilización a tres años de la desaparición de Yamila.
Una vez en la provincia, la respuesta por parte de la población fue contundente: a la marcha convocada por el Plenario de Trabajadoras adhirieron diversas organizaciones y contó con una amplísima cobertura mediática. Asimismo, se plegaron familiares de Jimena Natali Arias y Facundo Rivera Alegre, ambos desaparecidos a principios de este año y en los cuales está involucrada la policía provincial.
La campaña por la aparición inmediata de Yamila implica en la provincia el desmantelamiento de las redes de trata, la confiscación de sus bienes, la cárcel a policías, jueces y funcionarios públicos cómplices del negocio de la trata. Claro está que sólo por medio de la organización y movilización independiente del conjunto de las mujeres trabajadoras pondremos fin a este flagelo.
Soledad Díaz García
Plenario de Trabajadoras Córdoba
