Aunque no han precisado la fecha, la CGT y CTA opositoras han anunciado la convocatoria a una huelga nacional para el 20 ó 22 de noviembre próximos. Llegaría precedida de la movilización masiva a Plaza de Mayo, el 10 de octubre, y de una menor, el 24 pasado, frente al Congreso. También la precedió la del 27 de junio, por la anulación del impuesto al salario y la actualización del salario familiar. Ninguna de las reivindicaciones fue conseguida; el Congreso votó a favor de la ley ART.
El anuncio de la primera huelga nacional contra el gobierno kirchnerista viene precedido por estas frustraciones y por una ola de despidos -cerca de cien mil- en el marco de la recesión de la economía. A esto, se suma la desactualización de los convenios de trabajo, debida a la inflación. Los docentes bonaerenses, por esta razón, han lanzado un plan de huelgas contra Scioli. El gobierno K ha llegado al extremo de violar la ley de movilidad jubilatoria para rascar un 3% -otros 6 mil millones anuales- a los jubilados. El patrimonio de la Anses sigue siendo confiscado en forma sistemática para pagar la deuda pública de un Estado en ‘defol’. La orientación anti-obrera del oficialismo ha marginalizado a la CGT oficial, sobre la cual pesa, además, la intención del gobierno de apropiarse de parte de los servicios de las obras sociales y de no pagar una deuda con ellas de 14.300 millones de pesos. La misma marginalización enfrenta la CTA de Yasky.
De conjunto, la huelga se inscribe en claras tendencias del movimiento obrero: la huelga de medio millón de estatales que hicieron retroceder a Scioli y a Cristina en la cuotificación del medio aguinaldo, El Tabacal, Los Dragones, el paro camionero de combustibles, la huelga del Inti, los paros en Aten Neuquén, el paro de diez días del subte, los paros de la 60, la reciente ocupación y huelga de Educación en La Plata -hace un par de horas- y el comienzo de una huelga de petroleros, que forzó la capitulación del gobierno.
El paro general se inscribe en el marco de protestas de otros sectores sociales, de crisis en los aparatos de represión del Estado y de una manifiesta crisis política que enfrenta a varios sectores de la burguesía entre sí y con el gobierno. Nos referimos al choque con Clarín y al rechazo de las grandes patronales al cepo cambiario.
La huelga, de todos modos, está planteada en forma aislada, sin la ambición, por lo tanto, de arrancar las reivindicaciones que esgrime -ni siquiera como presión. Para la burocracia sindical que convoca a la huelga, el propósito es ir armando un ‘poskirchnerismo’ que, en principio, debería manifestarse en una derrota electoral del gobierno en las legislativas del año que viene. Como la burocracia convocante no presenta un programa alternativo de conjunto del movimiento obrero, el planteo del paro de 24 horas procura socavar la capacidad del gobierno en su enfrentamiento con la ‘Corpo’ y con los sectores capitalistas que reclaman, cada vez más, el fin del cepo cambiario y del intervencionismo económico del Estado mediante una devaluación de la moneda y el libre acceso a los capitales del exterior. En la pelea intercapitalista, Moyano y Micheli ponen al movimiento obrero como furgón de cola de la patronal que milita en la oposición. Este es el significado de los saludos que intercambiaron Macri y Moyano, al que ambos pretendieron disimular como un gesto de protocolo. Moyano y Micheli no ignoran, en absoluto, que una victoria opositora significaría un ajuste mayor contra los trabajadores -e incluso mucho más: un Rodrigazo. Para ellos, una catástrofe semejante sería un costo menor, que esperan pasajero, para salir del impasse en que ha entrado el conjunto de la situación de Argentina bajo la gestión kirchnerista.
Desde el Partido Obrero no disimulamos las contradicciones que enfrenta la huelga como consecuencia del carácter procapitalista de la orientación de la burocracia sindical. Las ponemos crudamente de manifiesto para hacer bien clara la estrategia política para superar esas contradicciones; o sea, poner las luchas obreras al servicio de una salida de conjunto de y para los trabajadores. Llamamos a ir con todo a la huelga, en función de las reivindicaciones de la clase obrera y en el marco de la denuncia de la política de la burocracia sindical, porque cuanto mayor sea el número de los huelguistas y más grande su organización e intervención militante, también mayores serán las posibilidades de desbaratar la intención de poner al movimiento obrero al servicio de una política capitalista alternativa.
La peculiaridad de la situación política, que funciona como marco de la huelga nacional, es que encontramos a una clase patronal dividida y a un gobierno que va perdiendo base social y se repliega en una política de camarilla. El régimen político que gobierna se disgrega como consecuencia de una fragmentación por arriba, la que va creciendo, y un aumento del descontento por abajo, el cual abarca a las clases medias. La pelea por las reivindicaciones de la huelga acentúan estas tendencias desintegradoras. Por eso, debemos plantearla como una transición hacia una lucha independiente de conjunto. De lo contrario, opera como una acción relativamente ciega bajo el comando de la burocracia, que puede ser instrumentada por los clanes patronales enfrentados.
El impulso consecuente de la huelga nos plantea otra situación peculiar, pues -por un lado- debemos esforzarnos para que sea apoyada por el ciento por ciento de los sindicatos que la convocan, pero -por otro lado- debemos empeñarnos en conseguir el apoyo de las organizaciones de base de los sindicatos alineados con el gobierno. Esta situación especial nos compromete a desarrollar una agitación muy fuerte y a desarrollar una gran discusión sobre los objetivos de la huelga, desde el punto de vista de una salida obrera. El oficialismo se esforzará por presentar a la huelga como ‘golpista’ o, al menos, ‘funcional a la derecha’. La huelga, en estas condiciones, nos plantea el desafío de forjar la unidad de clase de la clase obrera para contrarrestar las tendencias divisionistas -tanto del gobierno como de la dirección de la propia huelga, que la presenta en el marco de un acuerdo político con la patronal opositora.
Es en estas condiciones que debemos discutir cuántos cuerpos de delegados, cuántas fábricas, cuántas escuelas, cuántas reparticiones, cuántos ramales ferroviarios podemos plegar a la huelga en forma activa, con piquetes, desde el clasismo. Tenemos un desafío concreto en el subte, cuya dirección sindical K se opone a la huelga. Frente a esto decimos: que se discuta la posición del subte frente a la huelga en una asamblea general. Después de todo, el sindicato del subte está más perjudicado por la política del gobierno que los sindicatos que adhieren a la huelga, pues no es reconocido por el Ministerio de Trabajo, no ha podido concluir -en casi un año- una negociación paritaria y la inminencia de su traspaso a la Ciudad significará un tarifazo mayor, así como un aumento de impuestos y negociados en gran escala del gobierno privatizador local. No hay que excluir -porque esto ya está en el candelero- un acuerdo entre Cristina y Macri, cuyo propósito es repartirse el botín inmobiliario de la Capital.
Reivindicaciones como la anulación del impuesto al salario serán vitales para trabajar, los veinte días que vienen, entre los tres millones de trabajadores afectados. Los 7.000 pesos de básico, la universalización del salario familiar y el fin del régimen de las ART, así como comisiones obreras de salubridad por fábrica, son planteos que tenemos que llevar a las asambleas y plenarios de delegados, convocados o autoconvocados.
En nuestra agitación política no podemos ceñirnos -lo repetimos- a las reivindicaciones. El paro nacional, como tal, cuestiona al poder político y coloca a la clase obrera como protagonista, para arrancar a los demás sectores sociales agraviados del campo de la burguesía opositora y llevarlos al campo propio de los trabajadores.
En los ferrocarriles, convocamos a unir el planteo del paro al de la expulsión de la patota asesina. Lo mismo en la Uocra. En todo el transporte se plantea la nacionalización de las privatizadas, igual que frente a la crisis energética y, desde luego, se plantea el problema del repudio a una deuda externa en cuyo altar se sacrifica el ajuste de las provincias o el saqueo de los fondos de la Anses.
La Coordinadora Sindical Clasista planteará esta perspectiva en cada rincón del movimiento obrero, para que el paro oxigene una salida de los trabajadores por la izquierda a la crisis del kichnerismo, reforzando su posición en todos los planos de la lucha política.
Néstor Pitrola
El anuncio de la primera huelga nacional contra el gobierno kirchnerista viene precedido por estas frustraciones y por una ola de despidos -cerca de cien mil- en el marco de la recesión de la economía. A esto, se suma la desactualización de los convenios de trabajo, debida a la inflación. Los docentes bonaerenses, por esta razón, han lanzado un plan de huelgas contra Scioli. El gobierno K ha llegado al extremo de violar la ley de movilidad jubilatoria para rascar un 3% -otros 6 mil millones anuales- a los jubilados. El patrimonio de la Anses sigue siendo confiscado en forma sistemática para pagar la deuda pública de un Estado en ‘defol’. La orientación anti-obrera del oficialismo ha marginalizado a la CGT oficial, sobre la cual pesa, además, la intención del gobierno de apropiarse de parte de los servicios de las obras sociales y de no pagar una deuda con ellas de 14.300 millones de pesos. La misma marginalización enfrenta la CTA de Yasky.
De conjunto, la huelga se inscribe en claras tendencias del movimiento obrero: la huelga de medio millón de estatales que hicieron retroceder a Scioli y a Cristina en la cuotificación del medio aguinaldo, El Tabacal, Los Dragones, el paro camionero de combustibles, la huelga del Inti, los paros en Aten Neuquén, el paro de diez días del subte, los paros de la 60, la reciente ocupación y huelga de Educación en La Plata -hace un par de horas- y el comienzo de una huelga de petroleros, que forzó la capitulación del gobierno.
El paro general se inscribe en el marco de protestas de otros sectores sociales, de crisis en los aparatos de represión del Estado y de una manifiesta crisis política que enfrenta a varios sectores de la burguesía entre sí y con el gobierno. Nos referimos al choque con Clarín y al rechazo de las grandes patronales al cepo cambiario.
La huelga, de todos modos, está planteada en forma aislada, sin la ambición, por lo tanto, de arrancar las reivindicaciones que esgrime -ni siquiera como presión. Para la burocracia sindical que convoca a la huelga, el propósito es ir armando un ‘poskirchnerismo’ que, en principio, debería manifestarse en una derrota electoral del gobierno en las legislativas del año que viene. Como la burocracia convocante no presenta un programa alternativo de conjunto del movimiento obrero, el planteo del paro de 24 horas procura socavar la capacidad del gobierno en su enfrentamiento con la ‘Corpo’ y con los sectores capitalistas que reclaman, cada vez más, el fin del cepo cambiario y del intervencionismo económico del Estado mediante una devaluación de la moneda y el libre acceso a los capitales del exterior. En la pelea intercapitalista, Moyano y Micheli ponen al movimiento obrero como furgón de cola de la patronal que milita en la oposición. Este es el significado de los saludos que intercambiaron Macri y Moyano, al que ambos pretendieron disimular como un gesto de protocolo. Moyano y Micheli no ignoran, en absoluto, que una victoria opositora significaría un ajuste mayor contra los trabajadores -e incluso mucho más: un Rodrigazo. Para ellos, una catástrofe semejante sería un costo menor, que esperan pasajero, para salir del impasse en que ha entrado el conjunto de la situación de Argentina bajo la gestión kirchnerista.
Desde el Partido Obrero no disimulamos las contradicciones que enfrenta la huelga como consecuencia del carácter procapitalista de la orientación de la burocracia sindical. Las ponemos crudamente de manifiesto para hacer bien clara la estrategia política para superar esas contradicciones; o sea, poner las luchas obreras al servicio de una salida de conjunto de y para los trabajadores. Llamamos a ir con todo a la huelga, en función de las reivindicaciones de la clase obrera y en el marco de la denuncia de la política de la burocracia sindical, porque cuanto mayor sea el número de los huelguistas y más grande su organización e intervención militante, también mayores serán las posibilidades de desbaratar la intención de poner al movimiento obrero al servicio de una política capitalista alternativa.
La peculiaridad de la situación política, que funciona como marco de la huelga nacional, es que encontramos a una clase patronal dividida y a un gobierno que va perdiendo base social y se repliega en una política de camarilla. El régimen político que gobierna se disgrega como consecuencia de una fragmentación por arriba, la que va creciendo, y un aumento del descontento por abajo, el cual abarca a las clases medias. La pelea por las reivindicaciones de la huelga acentúan estas tendencias desintegradoras. Por eso, debemos plantearla como una transición hacia una lucha independiente de conjunto. De lo contrario, opera como una acción relativamente ciega bajo el comando de la burocracia, que puede ser instrumentada por los clanes patronales enfrentados.
El impulso consecuente de la huelga nos plantea otra situación peculiar, pues -por un lado- debemos esforzarnos para que sea apoyada por el ciento por ciento de los sindicatos que la convocan, pero -por otro lado- debemos empeñarnos en conseguir el apoyo de las organizaciones de base de los sindicatos alineados con el gobierno. Esta situación especial nos compromete a desarrollar una agitación muy fuerte y a desarrollar una gran discusión sobre los objetivos de la huelga, desde el punto de vista de una salida obrera. El oficialismo se esforzará por presentar a la huelga como ‘golpista’ o, al menos, ‘funcional a la derecha’. La huelga, en estas condiciones, nos plantea el desafío de forjar la unidad de clase de la clase obrera para contrarrestar las tendencias divisionistas -tanto del gobierno como de la dirección de la propia huelga, que la presenta en el marco de un acuerdo político con la patronal opositora.
Es en estas condiciones que debemos discutir cuántos cuerpos de delegados, cuántas fábricas, cuántas escuelas, cuántas reparticiones, cuántos ramales ferroviarios podemos plegar a la huelga en forma activa, con piquetes, desde el clasismo. Tenemos un desafío concreto en el subte, cuya dirección sindical K se opone a la huelga. Frente a esto decimos: que se discuta la posición del subte frente a la huelga en una asamblea general. Después de todo, el sindicato del subte está más perjudicado por la política del gobierno que los sindicatos que adhieren a la huelga, pues no es reconocido por el Ministerio de Trabajo, no ha podido concluir -en casi un año- una negociación paritaria y la inminencia de su traspaso a la Ciudad significará un tarifazo mayor, así como un aumento de impuestos y negociados en gran escala del gobierno privatizador local. No hay que excluir -porque esto ya está en el candelero- un acuerdo entre Cristina y Macri, cuyo propósito es repartirse el botín inmobiliario de la Capital.
Reivindicaciones como la anulación del impuesto al salario serán vitales para trabajar, los veinte días que vienen, entre los tres millones de trabajadores afectados. Los 7.000 pesos de básico, la universalización del salario familiar y el fin del régimen de las ART, así como comisiones obreras de salubridad por fábrica, son planteos que tenemos que llevar a las asambleas y plenarios de delegados, convocados o autoconvocados.
En nuestra agitación política no podemos ceñirnos -lo repetimos- a las reivindicaciones. El paro nacional, como tal, cuestiona al poder político y coloca a la clase obrera como protagonista, para arrancar a los demás sectores sociales agraviados del campo de la burguesía opositora y llevarlos al campo propio de los trabajadores.
En los ferrocarriles, convocamos a unir el planteo del paro al de la expulsión de la patota asesina. Lo mismo en la Uocra. En todo el transporte se plantea la nacionalización de las privatizadas, igual que frente a la crisis energética y, desde luego, se plantea el problema del repudio a una deuda externa en cuyo altar se sacrifica el ajuste de las provincias o el saqueo de los fondos de la Anses.
La Coordinadora Sindical Clasista planteará esta perspectiva en cada rincón del movimiento obrero, para que el paro oxigene una salida de los trabajadores por la izquierda a la crisis del kichnerismo, reforzando su posición en todos los planos de la lucha política.
Néstor Pitrola
