Pero la negociación con los ruralistas terminó con la decisión de bajar de 400 a 310 millones la nueva carga sobre el campo, sin modificar los valores de la tierra. Además, asumió el compromiso de que para 2014 se hará una ley que liquide definitivamente el inmobiliario rural y lo cambie por un acuerdo ligado a la productividad y no al valor de la tierra. Una parte sustancial del impuesto sobre el campo se destinará a obras de infraestructura en beneficio del sector.
La pelea con el campo no es un episodio menor. El gobernador pretende haber superado la crisis con un compromiso a futuro, pero los ruralistas le mostraron los dientes justo cuando las finanzas provinciales hacen agua como resultado del brutal endeudamiento, y del no envío de fondos por parte de la Nación.
En este cuadro, el silencio de las direcciones sindicales frente al “ajuste” es estruendoso. La burocracia de los gremios estatales dilapidó la gran lucha contra el recorte a los jubilados, con caravanas vacías de toda perspectiva. Del 20 ni hablan. Lo mismo la burocracia del resto de los gremios.
A los aumentos de impuestos de la provincia se suman los de los municipios, los de los servicios públicos, la inflación y el impuesto directo al salario -ganancias-; todos motivos de sobra para una intervención directa de los trabajadores.
Lanzamos una campaña por la realización de asambleas en todos los gremios para resolver el paro del 20 contra los impuestazos, contra el impuesto a las ganancias, por el salario igual a la canasta familiar y por el 82% para los jubilados.
Eduardo Salas
