El fallo “suspensivo” abre un paréntesis de tres meses de negociaciones entre el gobierno y los fondos especulativos. En ese lapso, la Justicia americana descuenta una derogación consensuada de la “ley cerrojo”, que clausuraba cualquier arreglo de la deuda impaga con los fondos buitres. Los diputados y senadores del PRO, la UCR, Binner y el duhaldismo ya anticiparon su apoyo a esa derogación. O sea que el Congreso sesionará por cuenta y orden de los tribunales de Nueva York, en la búsqueda de un nuevo compromiso con los acreedores internacionales.
Los litigantes que obtuvieron el fallo favorable de Griesa sólo detentan el 10% de la deuda que no se avino al canje. Más temprano que tarde, los otros acreedores “buitre” se presentarán ante Griesa. En esta negociación, tutelada por la Justicia norteamericana, estará en danza una hipoteca de otros 12.000 millones de dólares contra el país, que es el total de la deuda impaga a los fondos buitre.
La mano de la Reserva Federal
No es un secreto que, para suspender el fallo de Griesa, el gobierno argentino contó con el espaldarazo de una fracción del capital financiero y de la propia Reserva Federal. Hasta Anne Krueguer, la ex funcionaria del FMI que “apretaba” a la Argentina años atrás, se colocó del lado ‘nacional’. Naturalmente, querían salvar el pago integral del cupón PBI a los bonistas que aceptaron el canje, sin la detracción que el juez Griesa pretendía sancionar en favor de los “buitres”. Pero la orientación estratégica de ese bloque es forzar, más temprano que tarde, a una normalización integral de la deuda argentina. Al tiempo que llamó a “interpretar correctamente la cláusula del tratamiento igualitario a los deudores”, la administración Obama reiteró “el llamado a superar la situación de la deuda (argentina) en todos los frentes” (La Nación, 28/11). En la cola de esta exigencia de normalización económica están la deuda con el Club de París, la que acumulan los juicios de las privatizadas ante el tribunal del Banco Mundial (Ciadi) y un resarcimiento al vaciador Repsol por la expropiación de YPF.
En cualquiera de sus variantes, el arreglo de deuda que el capital financiero pretende imponer a Argentina -que el kirchnerismo está concediendo- coloca en completa crisis la orientación económica oficial, que consiste en amarrocar dólares para responder a la deuda externa y pagar la colosal factura de la importación de combustibles. En previsión de esa carga adicional, el gobierno está adobando a los pulpos petroleros con tarifazos, para que el fisco y las reservas internacionales respondan a los nuevos compromisos de deuda.
“Desendeudamiento”
Si el FMI, la Reserva Federal y los fondos que entraron al canje le han concedido un respiro a la Argentina, ello ha sido a cambio de colocar al país como rehén del capital financiero y de sus jueces, a quienes el kirchnerismo les otorgó la jurisdicción extranacional de los arreglos de la deuda.
Se ha derrumbado uno de los pilares del ‘modelo’ oficial: la renegociación “inteligente”, “nacional y popular” de la deuda externa argentina.
A siete años del “megacanje” de Kirchner-Lavagna, la deuda pública aumentó en 52.000 millones de dólares y ya se ubica en los niveles de 2001/2002. La cláusula especial que premia a los acreedores con el crecimiento de la economía -bonos atados al PBI- ha terminado reduciendo a la mínima expresión la “quita” del año 2005. A todas estas hipotecas, se añadiría ahora la que resulte de un nuevo arreglo con los fondos buitre.
Los pagos a los acreedores externos han sido reemplazados por una deuda creciente con la Anses y el Banco Central. Pero, precisamente, el eslabón más débil de esta nueva crisis de deuda son los títulos en pesos y “con jurisdicción local”, que el gobierno le ha enchufado compulsivamente al fondo de garantía de la Anses. En sólo veinte días, la caída de los bonos argentinos despojó a la Anses de 5.135 millones de pesos, que equivalen al haber mínimo de 2,7 millones de jubilados. Aún antes de cualquier pago adicional a los usureros, la nueva crisis de la deuda se ha cobrado esta confiscación.
El gran capital y la oposición tradicional de Argentina se han subido al carro de Griesa, para empujar a esta “normalización” exigida por el capital financiero. El socialista Binner se ha puesto a la cabeza de esta presión antinacional. Ante este pacto político contra el país y sus trabajadores, planteamos la suspensión del pago de la deuda externa usuraria y el rechazo a los nuevos arreglos que procura el gobierno K, los que configurarían un nuevo desfalco a las reservas internacionales. Planteamos el desconocimiento de las cláusulas coloniales que atan los arreglos de deuda a jurisdicciones extranjeras y la nacionalización de la banca. Cristina Kirchner ha hecho un nuevo y estéril llamado a la Unasur, que ya ninguneó a la Argentina en la cuestión de la Fragata. En oposición a esta orientación, planteamos una conferencia internacional de organizaciones obreras y antiimperialistas del continente contra el rescate del capital financiero a costa de los explotados.
Marcelo Ramal
No es un secreto que, para suspender el fallo de Griesa, el gobierno argentino contó con el espaldarazo de una fracción del capital financiero y de la propia Reserva Federal. Hasta Anne Krueguer, la ex funcionaria del FMI que “apretaba” a la Argentina años atrás, se colocó del lado ‘nacional’. Naturalmente, querían salvar el pago integral del cupón PBI a los bonistas que aceptaron el canje, sin la detracción que el juez Griesa pretendía sancionar en favor de los “buitres”. Pero la orientación estratégica de ese bloque es forzar, más temprano que tarde, a una normalización integral de la deuda argentina. Al tiempo que llamó a “interpretar correctamente la cláusula del tratamiento igualitario a los deudores”, la administración Obama reiteró “el llamado a superar la situación de la deuda (argentina) en todos los frentes” (La Nación, 28/11). En la cola de esta exigencia de normalización económica están la deuda con el Club de París, la que acumulan los juicios de las privatizadas ante el tribunal del Banco Mundial (Ciadi) y un resarcimiento al vaciador Repsol por la expropiación de YPF.
En cualquiera de sus variantes, el arreglo de deuda que el capital financiero pretende imponer a Argentina -que el kirchnerismo está concediendo- coloca en completa crisis la orientación económica oficial, que consiste en amarrocar dólares para responder a la deuda externa y pagar la colosal factura de la importación de combustibles. En previsión de esa carga adicional, el gobierno está adobando a los pulpos petroleros con tarifazos, para que el fisco y las reservas internacionales respondan a los nuevos compromisos de deuda.
“Desendeudamiento”
Si el FMI, la Reserva Federal y los fondos que entraron al canje le han concedido un respiro a la Argentina, ello ha sido a cambio de colocar al país como rehén del capital financiero y de sus jueces, a quienes el kirchnerismo les otorgó la jurisdicción extranacional de los arreglos de la deuda.
Se ha derrumbado uno de los pilares del ‘modelo’ oficial: la renegociación “inteligente”, “nacional y popular” de la deuda externa argentina.
A siete años del “megacanje” de Kirchner-Lavagna, la deuda pública aumentó en 52.000 millones de dólares y ya se ubica en los niveles de 2001/2002. La cláusula especial que premia a los acreedores con el crecimiento de la economía -bonos atados al PBI- ha terminado reduciendo a la mínima expresión la “quita” del año 2005. A todas estas hipotecas, se añadiría ahora la que resulte de un nuevo arreglo con los fondos buitre.
Los pagos a los acreedores externos han sido reemplazados por una deuda creciente con la Anses y el Banco Central. Pero, precisamente, el eslabón más débil de esta nueva crisis de deuda son los títulos en pesos y “con jurisdicción local”, que el gobierno le ha enchufado compulsivamente al fondo de garantía de la Anses. En sólo veinte días, la caída de los bonos argentinos despojó a la Anses de 5.135 millones de pesos, que equivalen al haber mínimo de 2,7 millones de jubilados. Aún antes de cualquier pago adicional a los usureros, la nueva crisis de la deuda se ha cobrado esta confiscación.
El gran capital y la oposición tradicional de Argentina se han subido al carro de Griesa, para empujar a esta “normalización” exigida por el capital financiero. El socialista Binner se ha puesto a la cabeza de esta presión antinacional. Ante este pacto político contra el país y sus trabajadores, planteamos la suspensión del pago de la deuda externa usuraria y el rechazo a los nuevos arreglos que procura el gobierno K, los que configurarían un nuevo desfalco a las reservas internacionales. Planteamos el desconocimiento de las cláusulas coloniales que atan los arreglos de deuda a jurisdicciones extranjeras y la nacionalización de la banca. Cristina Kirchner ha hecho un nuevo y estéril llamado a la Unasur, que ya ninguneó a la Argentina en la cuestión de la Fragata. En oposición a esta orientación, planteamos una conferencia internacional de organizaciones obreras y antiimperialistas del continente contra el rescate del capital financiero a costa de los explotados.
Marcelo Ramal
