Este plan, que traslada a los trabajadores metalmecánicos los costos de la crisis, fue anunciado por el gobierno de la provincia, a través de sus ministros de Industria y de Trabajo; por la burocracia de los gremios implicados (UOM y Smata), por las cámaras empresariales -terminales y autopartistas- y por las propias empresas.
Lo que las patronales buscan es acelerar el giro en la política económica hacia la devaluación del peso (para competir con la devaluación del real) y un ajuste, a través de una mayor precarización laboral.
¿Quién pagará todo esto? Las suspensiones y el adelanto de vacaciones son una extorsión a los trabajadores, con vistas a que éstos resignen sus condiciones salariales y laborales. Las patronales están desorganizando y saboteando la producción para imponer su programa. La burocracia sindical actúa como cómplice de esta maniobra, confirmando su carácter de correa de trasmisión de los intereses capitalistas en el seno de las organizaciones obreras.
La devaluación no constituye una salida. Para las masas trabajadores significa una pérdida relativa y absoluta en el valor de sus ingresos. Por otra parte, agravará las contradicciones de la industria terminal: es que la propia producción depende de piezas extranjeras, que en el caso de los autos representan el 75% de sus componentes. A la caída del mercado extranjero se sumará el derrumbe del interno, por el encarecimiento de los vehículos. En la “década ganada” la industria automotriz retrocedió al nivel de ensambladoras. Las únicas que sí ganaron fueron las multinacionales automotrices. Son ellas quienes deben costear la crisis.
Frente a esta situación planteamos la prohibición de suspensiones y despidos, y el reparto de las horas de trabajo sin bajar los salarios.
La crisis industrial plantea a la clase obrera delimitarse de la política patronal y establecer objetivos propios. Es necesario reorganizar la industria bajo el control y gestión de los trabajadores, frente al derrumbe al que la han llevado los capitalistas.
Eduardo Salas
