Represalias de K son un pretexto para bajar las jubilaciones
Schiaretti ha amenazado con recurrir a la Corte Suprema para que el gobierno K le envié los fondos para la Caja de Jubilaciones (1.600 millones es el monto reclamado), la obra pública prometida (plan federal de viviendas, rutas), los fondos del programa de financiamiento de la deuda pública y la asistencia social a los municipios.
El gobierno provincial ha denunciado que se trata de una represalia de los K. Lo cierto es que el convenio de armonización para la caja de jubilaciones provincial, firmado con K, les costó a los trabajadores un aumento en 7 años en la edad para jubilarse y un 7% más de descuento para la Caja. Juez y el radical Negri, declararon su solidaridad con el gobierno provincial.
Pero el incumplimiento de la Nación ha puesto sobre al desnudo el derrumbe de las finanzas provinciales. Primero, el impuesto inmobiliario rural virtualmente no se cobra, debido a que el valor fiscal es entre 60 y 30 veces inferior al precio de mercado de la tierra y a la enorme evasión. Segundo, hace apenas unos días la Legislatura votó nuevos subsidios y exenciones impositivas a las multinacionales Renault, Iveco y Volkswagen, equivalentes a más de 3.000 viviendas y 12.000 puestos directos de trabajo. La lista de beneficiarios incluye a empresas cuasi fantasmas de la informática, a los los calls centers que superexplotan a 20 mil jóvenes, a las empresas de transporte interurbanas (que cobran por partida doble) y otros más. Tercero, se mantiene un régimen de jubilaciones de privilegio para ex legisladores, ex funcionarios y ex jueces.
Schiaretti agita la represalia de K para meter un aumento de impuestos provinciales al consumo y para alterar el cálculo de los haberes jubilatorios a partir del promedio de salarios de los últimos 10 años, y no del último o del mejor como hasta ahora, y de la eliminación del enganche de la movilidad jubilatoria con la salarial, lo que provocará de entrada una baja de entre el 25 y el 30% de las futuras jubilaciones.
También se agita la represalia para presionar a los docentes y a los trabajadores del Estado provincial para que no reclamen aumentos de salarios.
La bancarrota fiscal puede ser superada cobrando el inmobiliario rural a los precios actuales y gravando a los capitales internacionales invertidos en Córdoba, tanto industriales como bancarios.
Eduardo Salas
REGIONAL CÓRDOBA
