En la reciente reunión de la UIA, la Presidenta le ofreció a los patrones una reducción de sus aportes jubilatorios si tomaban trabajadores en blanco.
En otro ámbito, más distendido, hubiera desatado una carcajada grosera.
Los patrones quieren que se les alivie el costo de echar trabajadores, no de tomarlos; por eso, entre otras razones, piden la maxidevaluación del peso.
El mismo verso recitó el marido en un acto de los camioneros, cuando dijo que bajo este gobierno el trabajo y el salario "no serán variable de ajuste".
Los alcahuetes que lo rodeaban lo aplaudieron de puro cómplices.
Porque mientras los Kirchner hablan, las patronales despiden.
Iveco, Renault y VW ya han despedido a más del 10% del personal -a los contratados, claro, que se han convertido en el chivo expiatorio, pero sólo por el momento, de la bancarrota capitalista y de la desidia de la burocracia sindical.
Entre las autopartistas, la masacre social es mayor: un 50 por ciento de la actividad.
En la construcción, la cesantía es masiva -una verdadera vuelta a la desocupación de 2002.
Por medio de los despidos, las patronales no solamente buscan resolver los efectos inmediatos de la crisis sino, por sobre todo, retrotraer las condiciones laborales en su conjunto; ¡por eso el presidente de la UIA le reclamó al gobierno mantener la ley de accidentes de trabajo en los términos en que la dejó el menemismo!
Por las mismas razones, estas patronales exigen -junto a Carrió, Macri y Lavagna-, una maxidevaluación del peso, porque esto reduciría el valor del salario real.
Para detener los despidos y las suspensiones es necesario un plan de lucha por el reparto de las horas de trabajo disponibles sin afectar los salarios.
La defensa de los trabajadores está por encima de las elevadas ganancias de los capitalistas, incluso en medio de la crisis.
Los despidos y las suspensiones forman parte también de una presión concertada de la clase patronal para devaluar el peso, con el argumento de que el tipo de cambio actual no le permitiría exportar y por lo tanto producir.
Pura falacia: si la crisis capitalista mundial les obstaculiza la exportación, siempre está el mercado interno y las enormes necesidades insatisfechas de alimentación, vivienda, vestimenta, salud, educación, infraestructura vial e industrial.
Los Kirchner están cediendo a la presión de los capitalistas con devaluaciones diarias, mientras los Carrió, Macri y Duhalde conspiran abiertamente para devaluar y aceptar un plan del FMI.
La devaluación del peso beneficiaría a los capitalistas que han fugado 25.000 millones de dólares en los últimos 18 meses y a los que especulan contra el peso en el llamado mercado de futuros -otros 10 mil millones de dólares.
Abajo las suspensiones y despidos. Que la crisis la paguen los capitalistas. Plan de lucha. Abajo el colaboracionismo de las burocracias de la CGT y la CTA con las patronales y el gobierno. Por el reparto de las horas de trabajo sin afectar los salarios.
Mientras los gobiernos capitalistas de todo el mundo gastan billones de dólares para rescatar a bancos quebrados y a especuladores fundidos, reclamemos la nacionalización de los grandes capitales para impulsar una reactivación de las fuerzas productivas al servicio de las necesidades sociales de los que trabajan.
REGIONAL CÓRDOBA
27 de noviembre de 2008
20 de noviembre de 2008
CRISIS CAPITALISTA - SUSPENSIONES Y DESPIDOS
MOYANO Y YASKY NOS ESTAN VERSEANDO
Los pulpos capitalistas están recibiendo billones de dólares de sus Estados, que nunca estuvieron disponibles, ni en una mínima parte, para salarios, educación, salud o vivienda.
Mientras tanto, millones de trabajadores son suspendidos o despedidos y los gobiernos reducen los gastos sociales.
En este mismo momento, General Motors, Ford y Chrysler están ‘peleando', en EEUU, la entrega de un subsidio (en realidad una primera cuota) de 25 mil millones de dólares, pero a condición, eventualmente, de que reduzcan el convenio laboral y despidan trabajadores.
Los gobiernos y sus alcahuetes ni siquiera se molestan en esconder el carácter capitalista del ‘salvataje' que están emprendiendo con el dinero de los contribuyentes o con una nueva deuda pública colosal, y expropiando siempre a los trabajadores de sus salarios y de sus fondos de pensiones y de sus jubilaciones.
En Argentina pasa exactamente lo mismo, a pesar de los cacareos ‘nacionales y populares' de la claque que rodea al matrimonio gobernante; los opositores son, sin embargo, aún peores que ellos, porque reclaman devaluar la moneda (o sea pauperizar a las masas) y un ajuste fiscal para pagar la deuda pública.
Pero las suspensiones y los despidos ni siquiera mosquean a la burocracia sindical, la tiene sin cuidado, y menos aún el deterioro de los salarios provocado por la inflación.
A Moyano se le ha ocurrido ahora proponer una ley contra los despidos, después de haber negado que se estuvieran siquiera produciendo.
Pero ni el proyecto de ley cegetista frena los despidos -ni siquiera tiene en cuenta las suspensiones-, ni tampoco habrá ley, porque para eso será necesario que el Ejecutivo presente un proyecto por su cuenta en las sesiones extraordinarias.
El colmo del engaño es que el proyecto de Moyano pretende imponer una doble o triple indemnización contra los "despidos injustificados", entre los que no figuran la disminución o falta de trabajo.
¡Pero la crisis consiste en eso: en la caída de la producción y en la reducción del trabajo o incluso el cierre de la empresa!
Moyano y Yasky nos están verseando, están perdiendo nuestro tiempo: quieren pasar el verano o están esperando un milagro que les permita seguir indiferentes ante la crisis que se descarga en forma brutal contra todas las clases laboriosas.
Ante una crisis capitalista como la que está en curso -en realidad, un derrumbe de las estructuras y relaciones sociales de base capitalista- hay que prohibir el despido que la clase capitalista presenta como ‘justificado' y hay que repartir el pool de horas de trabajo disponibles entre la totalidad de los trabajadores sin afectar el salario; hay que expropiar y reabrir toda empresa que cierre.
¡Que la crisis capitalista la pague el capital, de sus reservas acumuladas!
Solamente una defensa enérgica y vigorosa del derecho al trabajo obligará a la clase capitalista y a su gobierno a intervenir en el proceso económico, para estimular la demanda de consumo y de inversión; fuera de una presión obrera, la reactivación por medio de la intervención estatal quedará solamente en la palabra.
Naturalmente, el Estado capitalista presente es incapaz de producir una real reactivación en el marco de la crisis capitalista, porque para ello debería tomar a su cargo al menos una parte del capital existente e invertirlo en la infraestructura y la producción; o sea, debería chocar con la propia clase que debe defender.
Pero esta incapacidad, si queda expuesta en la práctica, servirá para esclarecer a los trabajadores acerca de la necesidad de ir más lejos, o sea de asumir la dirección económica y política del país para defender la integridad física y moral de las familias trabajadoras.
En base a esta conclusión llamamos a adoptar iniciativas de lucha contra cualquier suspensión y despido, y a exigir huelgas a los sindicatos, regionales y a la CGT y la CTA para defender los puestos de trabajo.
Debatamos la situación con los compañeros de trabajo y también formemos grupos por empresa o barrio, o por pueblo o ciudad, para denunciar las suspensiones y despidos, y para promover con esta denuncia un movimiento masivo por una salida obrera, popular y socialista al derrumbe histórico y social del capitalismo.
Los pulpos capitalistas están recibiendo billones de dólares de sus Estados, que nunca estuvieron disponibles, ni en una mínima parte, para salarios, educación, salud o vivienda.
Mientras tanto, millones de trabajadores son suspendidos o despedidos y los gobiernos reducen los gastos sociales.
En este mismo momento, General Motors, Ford y Chrysler están ‘peleando', en EEUU, la entrega de un subsidio (en realidad una primera cuota) de 25 mil millones de dólares, pero a condición, eventualmente, de que reduzcan el convenio laboral y despidan trabajadores.
Los gobiernos y sus alcahuetes ni siquiera se molestan en esconder el carácter capitalista del ‘salvataje' que están emprendiendo con el dinero de los contribuyentes o con una nueva deuda pública colosal, y expropiando siempre a los trabajadores de sus salarios y de sus fondos de pensiones y de sus jubilaciones.
En Argentina pasa exactamente lo mismo, a pesar de los cacareos ‘nacionales y populares' de la claque que rodea al matrimonio gobernante; los opositores son, sin embargo, aún peores que ellos, porque reclaman devaluar la moneda (o sea pauperizar a las masas) y un ajuste fiscal para pagar la deuda pública.
Pero las suspensiones y los despidos ni siquiera mosquean a la burocracia sindical, la tiene sin cuidado, y menos aún el deterioro de los salarios provocado por la inflación.
A Moyano se le ha ocurrido ahora proponer una ley contra los despidos, después de haber negado que se estuvieran siquiera produciendo.
Pero ni el proyecto de ley cegetista frena los despidos -ni siquiera tiene en cuenta las suspensiones-, ni tampoco habrá ley, porque para eso será necesario que el Ejecutivo presente un proyecto por su cuenta en las sesiones extraordinarias.
El colmo del engaño es que el proyecto de Moyano pretende imponer una doble o triple indemnización contra los "despidos injustificados", entre los que no figuran la disminución o falta de trabajo.
¡Pero la crisis consiste en eso: en la caída de la producción y en la reducción del trabajo o incluso el cierre de la empresa!
Moyano y Yasky nos están verseando, están perdiendo nuestro tiempo: quieren pasar el verano o están esperando un milagro que les permita seguir indiferentes ante la crisis que se descarga en forma brutal contra todas las clases laboriosas.
Ante una crisis capitalista como la que está en curso -en realidad, un derrumbe de las estructuras y relaciones sociales de base capitalista- hay que prohibir el despido que la clase capitalista presenta como ‘justificado' y hay que repartir el pool de horas de trabajo disponibles entre la totalidad de los trabajadores sin afectar el salario; hay que expropiar y reabrir toda empresa que cierre.
¡Que la crisis capitalista la pague el capital, de sus reservas acumuladas!
Solamente una defensa enérgica y vigorosa del derecho al trabajo obligará a la clase capitalista y a su gobierno a intervenir en el proceso económico, para estimular la demanda de consumo y de inversión; fuera de una presión obrera, la reactivación por medio de la intervención estatal quedará solamente en la palabra.
Naturalmente, el Estado capitalista presente es incapaz de producir una real reactivación en el marco de la crisis capitalista, porque para ello debería tomar a su cargo al menos una parte del capital existente e invertirlo en la infraestructura y la producción; o sea, debería chocar con la propia clase que debe defender.
Pero esta incapacidad, si queda expuesta en la práctica, servirá para esclarecer a los trabajadores acerca de la necesidad de ir más lejos, o sea de asumir la dirección económica y política del país para defender la integridad física y moral de las familias trabajadoras.
En base a esta conclusión llamamos a adoptar iniciativas de lucha contra cualquier suspensión y despido, y a exigir huelgas a los sindicatos, regionales y a la CGT y la CTA para defender los puestos de trabajo.
Debatamos la situación con los compañeros de trabajo y también formemos grupos por empresa o barrio, o por pueblo o ciudad, para denunciar las suspensiones y despidos, y para promover con esta denuncia un movimiento masivo por una salida obrera, popular y socialista al derrumbe histórico y social del capitalismo.
19 de noviembre de 2008
La Fuba anunció su campaña por el desprocesamiento de estudiantes
En el día de ayer, martes 18/11, en el auditorio del Hotel Bauen, se realizó la conferencia de prensa por el desprocesamiento de los 10 estudiantes de la UBA. La misma contó con una muy importante participación de diputados nacionales, legisladores, dirigentes políticos y sindicales, organismos de derechos humanos. Todos ellos expresaron su solidaridad reclamando el desprocesamiento inmediato de los estudiantes.
Cristian Henkel, presidente de la FUBA, declaró: “Las causas abiertas a los estudiantes reflejan el ataque directo de las camarillas de la Universidad al movimiento estudiantil que lucha por la defensa de la educación pública y gratuita. Luego de haber conquistado la continuidad de una sede del CBC en el oeste del conurbano, el rector de la UBA, Rubén Hallú, toma una actitud de revanchismo, por lo que persigue políticamente la organización de los estudiantes y restringe las más mínimas libertades democráticas: el derecho a peticionar a las autoridades”
La FUBA informó acerca de la continuidad de la lucha por el desprocesamiento. Entre otras actividades, se llevará adelante una campaña de difusión sobre toda la Ciudad de Buenos Aires con la pegatina de 30000 afiches. Además, el día jueves 27 del corriente se realizará un acto por el desprocesamiento en la Facultad de Derecho, resuelto por su Centro de estudiantes, a las 19 horas.
Para comunicarse:
Cristian Henkel - Presidente FUBA: (011) 15-57310654
Mariela Solesio - Consejera Superior UBA: (011) 15-31651297
Para mandar su adhesión por el desprocesamiento: desprocesamientoya@yahoo.com.ar
Cristian Henkel, presidente de la FUBA, declaró: “Las causas abiertas a los estudiantes reflejan el ataque directo de las camarillas de la Universidad al movimiento estudiantil que lucha por la defensa de la educación pública y gratuita. Luego de haber conquistado la continuidad de una sede del CBC en el oeste del conurbano, el rector de la UBA, Rubén Hallú, toma una actitud de revanchismo, por lo que persigue políticamente la organización de los estudiantes y restringe las más mínimas libertades democráticas: el derecho a peticionar a las autoridades”
La FUBA informó acerca de la continuidad de la lucha por el desprocesamiento. Entre otras actividades, se llevará adelante una campaña de difusión sobre toda la Ciudad de Buenos Aires con la pegatina de 30000 afiches. Además, el día jueves 27 del corriente se realizará un acto por el desprocesamiento en la Facultad de Derecho, resuelto por su Centro de estudiantes, a las 19 horas.
Para comunicarse:
Cristian Henkel - Presidente FUBA: (011) 15-57310654
Mariela Solesio - Consejera Superior UBA: (011) 15-31651297
Para mandar su adhesión por el desprocesamiento: desprocesamientoya@yahoo.com.ar
17 de noviembre de 2008
PODEMOS TERMINAR CON LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER
El 25 de noviembre es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia la mujer, contra la violencia institucional y la violencia familiar y social, que es promovida y encubierta por el Estado. La fecha conmemora el asesinato de las hermanas Mirabal por parte de la dictadura de Trujillo, en República Dominicana.
Enfrentar las suspensiones, los despidos y la precariedad laboral Este 25 de noviembre nos encuentra en medio de una crisis internacional que se descarga sobre millones de hombres y mujeres con un enorme empobrecimiento de los explotados, en todo el mundo.
Los últimos años estuvieron marcados por un crecimiento económico que benefició con ganancias astronómicas a las patronales del campo y la ciudad, al sector financiero y las privatizadas. Para las mujeres, el mercado laboral sólo se abrió en condiciones precarias, con salarios bajos, sin cobertura social ni sindical. Quedamos expuestas a una gran vulnerabilidad, que favorecen el acoso y el abuso sexual. Llegada la recesión, las patronales pretenden preservar sus ganancias con suspensiones y despidos. Debemos, organizadas, impedirles que nos arrojen a la calle, denunciar la precariedad, defender el salario y los derechos laborales. Los banqueros, empresarios y los partidos y políticos garantes de la renta capitalista crearon la crisis. Que la paguen ellos!.
Frenar el recorte de la salud
El gobierno nacional y los provinciales también intentan preservar los fondos con los que subsidian a los patrones y pagan la deuda, a expensas de los presupuestos de salud y educación. Los recortes presupuestarios han desmantelado las escuelas y los hospitales. Las mujeres pagamos esta política con la vida: en 5 años, el ministro Ginés González García, logró aumentar la muerte materna hasta el 49%, convirtiendo a la Argentina en uno de los tres países más mortíferos del continente. Muchas murieron como consecuencia de abortos clandestinos. Este año, Graciela Ocaña suspendió la distribución de anticonceptivos gratuitos en todas las provincias, con lo que ahorra presupuesto pero, sobre todo, responde al más firme reclamo del Episcopado. No respetan ni siquiera los abortos no punibles. Las denuncias se repiten en cada punto del país.
Las mujeres tenemos infinitas experiencias de lucha en las barriadas, en los lugares de trabajo y en los centros de estudiantes. Debemos organizarnos, convocar más mujeres, para marchar a los municipios y a las gobernaciones contra esta política criminal. Exigir aumento del presupuesto de salud, ampliación de la atención ginecológica, entrega regular de anticoncepción gratuita. Y, por supuesto, la legalización del aborto. Hay que expulsar a la Iglesia y a sus agentes enquistados en los hospitales públicos.
Terminar con la esclavitud sexual y laboral
El kirchnerismo, en alianza con Macri y el ARI, impusieron una ley sobre la trata de personas que, lejos de hacer retroceder el negocio de compra y venta de mujeres y niños para esclavitud sexual y laboral, les otorgó cobertura legal a los tratantes. La ley exige que las víctimas mayores prueben que no consintieron en ser vendidas y esclavizadas, no incluye penas superiores a los 15 años, y la mayoría son excarcelables; deja intactos los bienes de los tratantes y abandona a las víctimas ya que no les proporciona subsidios, contención, ni empleo. El kirchnerismo, el Pro y el Ari han parido un engendro que en vez de proteger a los cientos de mujeres y chicos secuestrados por las redes protege un negocio en el que participan fuerzas represivas, empresarios, punteros políticos y jueces, con la complicidad del Estado. Un negocio que sostiene las cajas clandestinas de la política y las fuerzas de seguridad.
Reclamamos la derogación de la ley de trata, cárcel efectiva para tratantes y proxenetas, incautación de bienes, seguimiento de la ruta del dinero, cierre de los ámbitos de explotación sexual y esclavitud laboral. Protección y subsidios para las víctimas.
Terminar con la violencia en el hogar
La mayoría de las mujeres que son asesinadas en nuestro país, son víctimas de sus parejas o ex parejas. La mayoría había denunciado que era violentada ante alguna instancia estatal, que nada hizo. Los índices de violencia doméstica y abuso sexual se han disparado --en Buenos Aires, el macrismo clausuró el organismo que los registraba-- al ritmo que la descomposición del régimen.
La iglesia y los gobiernos pretenden que, "en defensa de la institución familiar", las víctimas guardemos silencio. Debemos gritar, denunciar y no tolerar golpizas ni amenazas organizándonos en el barrio, el trabajo, en las escuelas y universidades. Hay que expulsar a los golpeadores, y concientizar para que mujeres y hombres nos relacionemos sin la opresión y el sometimiento hacia la mujer que hoy prevalecen. La violencia contra la mujer es un problema social y político.
Es un arma de disciplinamiento social indispensable para reproducir un régimen que condena a la desesperación a los explotados, sin distinción de sexos. Por eso el Estado y la Curia desalientan las denuncias y presionan a las víctimas para que aguanten un poco más, aunque les cueste la vida. Haciéndose fuertes en la organización piquetera, miles de mujeres se han librado del yugo de la violencia familiar. La organización es la única receta para enfrentar este flagelo, que debe ser denunciado del mismo modo que la complicidad del Estado con golpeadores y violadores.
El 25 de noviembre tenemos una oportunidad
En cada punto del país debemos organizar marchas masivas, en un frente común de las mujeres de las barriadas, las trabajadoras sindicalizadas y las precarizadas, las estudiantes.
Ø Convoquemos a amplios sectores de la sociedad para decir: ¡Basta a la violencia contra la Mujer! Igual salario por igual trabajo, salario igual a la canasta familiar, no a la precarización. Ni despidos ni suspensiones. Que la crisis la paguen los patrones. Viviendas para todas y todos. Prohibición de los desalojos.
Ø Contra la violencia doméstica, expulsión del golpeador y atención y subsidios a la víctima.
Ø Incremento del presupuesto educativo y sanitario. Que el Estado garantice la anticoncepción gratuita. Aborto legal.
Ø Desmantelamiento de las redes de trata, aparición con vida de las mujeres desaparecidas para explotación sexual.
Ø Fuera la Iglesia de cualquier función asistencial o educativa, Separación de la Iglesia del estado.
Somos miles en los Encuentros Nacionales, en los centros de estudiantes, en las barriadas, en los gremios antiburocráticos. Estamos presentes en todas las luchas por las libertades, de los trabajadores y la juventud. Utilicemos nuestra enorme capacidad de movilización y organización para terminar con la violencia contra las mujeres.
PLENARIO DE TRABAJADORAS
plenariodetrabajadoras.cordoba@gmail.com
Enfrentar las suspensiones, los despidos y la precariedad laboral Este 25 de noviembre nos encuentra en medio de una crisis internacional que se descarga sobre millones de hombres y mujeres con un enorme empobrecimiento de los explotados, en todo el mundo.
Los últimos años estuvieron marcados por un crecimiento económico que benefició con ganancias astronómicas a las patronales del campo y la ciudad, al sector financiero y las privatizadas. Para las mujeres, el mercado laboral sólo se abrió en condiciones precarias, con salarios bajos, sin cobertura social ni sindical. Quedamos expuestas a una gran vulnerabilidad, que favorecen el acoso y el abuso sexual. Llegada la recesión, las patronales pretenden preservar sus ganancias con suspensiones y despidos. Debemos, organizadas, impedirles que nos arrojen a la calle, denunciar la precariedad, defender el salario y los derechos laborales. Los banqueros, empresarios y los partidos y políticos garantes de la renta capitalista crearon la crisis. Que la paguen ellos!.
Frenar el recorte de la salud
El gobierno nacional y los provinciales también intentan preservar los fondos con los que subsidian a los patrones y pagan la deuda, a expensas de los presupuestos de salud y educación. Los recortes presupuestarios han desmantelado las escuelas y los hospitales. Las mujeres pagamos esta política con la vida: en 5 años, el ministro Ginés González García, logró aumentar la muerte materna hasta el 49%, convirtiendo a la Argentina en uno de los tres países más mortíferos del continente. Muchas murieron como consecuencia de abortos clandestinos. Este año, Graciela Ocaña suspendió la distribución de anticonceptivos gratuitos en todas las provincias, con lo que ahorra presupuesto pero, sobre todo, responde al más firme reclamo del Episcopado. No respetan ni siquiera los abortos no punibles. Las denuncias se repiten en cada punto del país.
Las mujeres tenemos infinitas experiencias de lucha en las barriadas, en los lugares de trabajo y en los centros de estudiantes. Debemos organizarnos, convocar más mujeres, para marchar a los municipios y a las gobernaciones contra esta política criminal. Exigir aumento del presupuesto de salud, ampliación de la atención ginecológica, entrega regular de anticoncepción gratuita. Y, por supuesto, la legalización del aborto. Hay que expulsar a la Iglesia y a sus agentes enquistados en los hospitales públicos.
Terminar con la esclavitud sexual y laboral
El kirchnerismo, en alianza con Macri y el ARI, impusieron una ley sobre la trata de personas que, lejos de hacer retroceder el negocio de compra y venta de mujeres y niños para esclavitud sexual y laboral, les otorgó cobertura legal a los tratantes. La ley exige que las víctimas mayores prueben que no consintieron en ser vendidas y esclavizadas, no incluye penas superiores a los 15 años, y la mayoría son excarcelables; deja intactos los bienes de los tratantes y abandona a las víctimas ya que no les proporciona subsidios, contención, ni empleo. El kirchnerismo, el Pro y el Ari han parido un engendro que en vez de proteger a los cientos de mujeres y chicos secuestrados por las redes protege un negocio en el que participan fuerzas represivas, empresarios, punteros políticos y jueces, con la complicidad del Estado. Un negocio que sostiene las cajas clandestinas de la política y las fuerzas de seguridad.
Reclamamos la derogación de la ley de trata, cárcel efectiva para tratantes y proxenetas, incautación de bienes, seguimiento de la ruta del dinero, cierre de los ámbitos de explotación sexual y esclavitud laboral. Protección y subsidios para las víctimas.
Terminar con la violencia en el hogar
La mayoría de las mujeres que son asesinadas en nuestro país, son víctimas de sus parejas o ex parejas. La mayoría había denunciado que era violentada ante alguna instancia estatal, que nada hizo. Los índices de violencia doméstica y abuso sexual se han disparado --en Buenos Aires, el macrismo clausuró el organismo que los registraba-- al ritmo que la descomposición del régimen.
La iglesia y los gobiernos pretenden que, "en defensa de la institución familiar", las víctimas guardemos silencio. Debemos gritar, denunciar y no tolerar golpizas ni amenazas organizándonos en el barrio, el trabajo, en las escuelas y universidades. Hay que expulsar a los golpeadores, y concientizar para que mujeres y hombres nos relacionemos sin la opresión y el sometimiento hacia la mujer que hoy prevalecen. La violencia contra la mujer es un problema social y político.
Es un arma de disciplinamiento social indispensable para reproducir un régimen que condena a la desesperación a los explotados, sin distinción de sexos. Por eso el Estado y la Curia desalientan las denuncias y presionan a las víctimas para que aguanten un poco más, aunque les cueste la vida. Haciéndose fuertes en la organización piquetera, miles de mujeres se han librado del yugo de la violencia familiar. La organización es la única receta para enfrentar este flagelo, que debe ser denunciado del mismo modo que la complicidad del Estado con golpeadores y violadores.
El 25 de noviembre tenemos una oportunidad
En cada punto del país debemos organizar marchas masivas, en un frente común de las mujeres de las barriadas, las trabajadoras sindicalizadas y las precarizadas, las estudiantes.
Ø Convoquemos a amplios sectores de la sociedad para decir: ¡Basta a la violencia contra la Mujer! Igual salario por igual trabajo, salario igual a la canasta familiar, no a la precarización. Ni despidos ni suspensiones. Que la crisis la paguen los patrones. Viviendas para todas y todos. Prohibición de los desalojos.
Ø Contra la violencia doméstica, expulsión del golpeador y atención y subsidios a la víctima.
Ø Incremento del presupuesto educativo y sanitario. Que el Estado garantice la anticoncepción gratuita. Aborto legal.
Ø Desmantelamiento de las redes de trata, aparición con vida de las mujeres desaparecidas para explotación sexual.
Ø Fuera la Iglesia de cualquier función asistencial o educativa, Separación de la Iglesia del estado.
Somos miles en los Encuentros Nacionales, en los centros de estudiantes, en las barriadas, en los gremios antiburocráticos. Estamos presentes en todas las luchas por las libertades, de los trabajadores y la juventud. Utilicemos nuestra enorme capacidad de movilización y organización para terminar con la violencia contra las mujeres.
PLENARIO DE TRABAJADORAS
plenariodetrabajadoras.cordoba@gmail.com
14 de noviembre de 2008
FALLO DE LA CORTE
LA BUROCRACIA SINDICAL MUESTRA LA HILACHA
La "solución política" reclamada por Moyano al "error" del fallo de la Corte, resume la posición de todas las fracciones de la burocracia sindical -incluido Barrionuevo- y también de la UIA. Todos ellos se pronunciaron contra la sentencia de la Corte, que declara inconstitucional el monopolio de los sindicatos reconocidos en la convocatoria a elección de delegados.
Hecho el fallo, se pide la trampa: una ley que lo "encuadre", para evitar que los cuerpos de delegados se puedan legitimar desde las bases, con independencia del verticalismo que la burocracia sindical pretende imponer en base a estatutos "cárcel" y con los métodos de la patota.
El Partido Obrero rechaza toda injerencia del estado en las organizaciones obreras. La tarea de barrer a la burocracia de los sindicatos no pasa por crear nuevos aparatos paralelos que operen con otra política de integración al estado y al gobierno, como lo hace la CTA de Yasky. Pasa por reforzar las organizaciones de bases del movimiento obrero, sus cuerpos de delegados y autoconvocatorias, por recuperar a los grandes sindicatos para separarlos de la patronal y del gobierno y colocarlos bajo el control y los intereses de los trabajadores.
Más allá de sus limitaciones, nos apoyaremos en el fallo para luchar por estos objetivos y, en este momento, para luchar por la prohibición de despidos y suspensiones y la reapertura de paritarias para equiparar los salarios a la canasta familiar. Para ello, reclamamos un paro nacional inmediato de las dos centrales obreras.
Néstor Pitrola
Marcelo Ramal
La "solución política" reclamada por Moyano al "error" del fallo de la Corte, resume la posición de todas las fracciones de la burocracia sindical -incluido Barrionuevo- y también de la UIA. Todos ellos se pronunciaron contra la sentencia de la Corte, que declara inconstitucional el monopolio de los sindicatos reconocidos en la convocatoria a elección de delegados.
Hecho el fallo, se pide la trampa: una ley que lo "encuadre", para evitar que los cuerpos de delegados se puedan legitimar desde las bases, con independencia del verticalismo que la burocracia sindical pretende imponer en base a estatutos "cárcel" y con los métodos de la patota.
El Partido Obrero rechaza toda injerencia del estado en las organizaciones obreras. La tarea de barrer a la burocracia de los sindicatos no pasa por crear nuevos aparatos paralelos que operen con otra política de integración al estado y al gobierno, como lo hace la CTA de Yasky. Pasa por reforzar las organizaciones de bases del movimiento obrero, sus cuerpos de delegados y autoconvocatorias, por recuperar a los grandes sindicatos para separarlos de la patronal y del gobierno y colocarlos bajo el control y los intereses de los trabajadores.
Más allá de sus limitaciones, nos apoyaremos en el fallo para luchar por estos objetivos y, en este momento, para luchar por la prohibición de despidos y suspensiones y la reapertura de paritarias para equiparar los salarios a la canasta familiar. Para ello, reclamamos un paro nacional inmediato de las dos centrales obreras.
Néstor Pitrola
Marcelo Ramal
13 de noviembre de 2008
METALMECANICAS DE CORDOBA
Hay una salida ante las suspensiones en masa
Luego de más de 350 despidos, Renault suspendió a la totalidad del personal (1.000 trabajadores) por diez días.
Iveco suspendió 350 trabajadores durante dos días de la semana que pasó, y planea seguir con las suspensiones a lo largo del año.
Fiat adelantó las vacaciones de los 3.200 trabajadores de su planta a "la espera de la reactivación de Brasil", según declaraciones de su presidente, Cristino Rattazzi.
Volkswagen concretará por un mes las anunciadas suspensiones de 220 trabajadores eventuales que cubren los turnos de sábados y domingos.
Gestamp, una autopartista estrechamente vinculada con Fiat y VW, produjo suspensiones durante dos días y adelantó las vacaciones.
Según la UOM local, "diez empresas metalúrgicas han solicitado el procedimiento preventivo de crisis" (La Voz, 8/11). El secretario general de la UOM y legislador juecista, Augusto Varas, informó desconocer el número de trabajadores involucrados.
La burocracia se juega a contener una intervención de los trabajadores. El viernes 31, a la entrada del turno mañana, concurrió a realizar una asamblea en Iveco para decirles a los trabajadores que había logrado renovar 300 contratos pero que el panorama eran suspensiones de 15 días en noviembre, vacaciones adelantadas en diciembre y después "Dios dirá". Al igual que en Renault (cuando se despidieron 350 trabajadores en lugar de los anunciados 620), también presentó esto como un triunfo. Los rumores de que los trabajadores iban a "hacer lo de General Motors" motivó la bajada de la burocracia a fábrica.
La burocracia presenta las suspensiones como el ‘mal menor'. Pero no son más que la antesala de los despidos. "Si fuera por la situación, hay que parar todas las plantas ya; el tema es que algunos de los grandes empresarios prometieron a Cristina no modificar la situación laboral, pero nadie va a poder aguantar demasiado" (La Voz, 7/11). Lo dijo un "alto directivo de una autopartista", revelando que entre el gobierno, las grandes patronales y la burocracia están negociando a costa de los trabajadores.
La política de la burocracia condena a los trabajadores a los despidos. La política de los trabajadores debe ser otra:
1. Asambleas de fábrica para rechazar los despidos y las suspensiones, establecer el reparto de las horas de trabajo sin rebaja de los salarios de bolsillo.
2. Congreso de delegados de asambleas de toda la industria metalmecánica para impulsar un programa y una acción comunes.
3. Apertura de los libros de las empresas a los trabajadores para determinar los reales resultados de las empresas y la forma en que son repartidos.
4. Como medida preventiva, pago del 100% a los trabajadores suspendidos.
5. Ocupación de cada fábrica que suspenda, despida o cierre. Por su expropiación sin indemnización alguna.
Eduardo Salas
Luego de más de 350 despidos, Renault suspendió a la totalidad del personal (1.000 trabajadores) por diez días.
Iveco suspendió 350 trabajadores durante dos días de la semana que pasó, y planea seguir con las suspensiones a lo largo del año.
Fiat adelantó las vacaciones de los 3.200 trabajadores de su planta a "la espera de la reactivación de Brasil", según declaraciones de su presidente, Cristino Rattazzi.
Volkswagen concretará por un mes las anunciadas suspensiones de 220 trabajadores eventuales que cubren los turnos de sábados y domingos.
Gestamp, una autopartista estrechamente vinculada con Fiat y VW, produjo suspensiones durante dos días y adelantó las vacaciones.
Según la UOM local, "diez empresas metalúrgicas han solicitado el procedimiento preventivo de crisis" (La Voz, 8/11). El secretario general de la UOM y legislador juecista, Augusto Varas, informó desconocer el número de trabajadores involucrados.
La burocracia se juega a contener una intervención de los trabajadores. El viernes 31, a la entrada del turno mañana, concurrió a realizar una asamblea en Iveco para decirles a los trabajadores que había logrado renovar 300 contratos pero que el panorama eran suspensiones de 15 días en noviembre, vacaciones adelantadas en diciembre y después "Dios dirá". Al igual que en Renault (cuando se despidieron 350 trabajadores en lugar de los anunciados 620), también presentó esto como un triunfo. Los rumores de que los trabajadores iban a "hacer lo de General Motors" motivó la bajada de la burocracia a fábrica.
La burocracia presenta las suspensiones como el ‘mal menor'. Pero no son más que la antesala de los despidos. "Si fuera por la situación, hay que parar todas las plantas ya; el tema es que algunos de los grandes empresarios prometieron a Cristina no modificar la situación laboral, pero nadie va a poder aguantar demasiado" (La Voz, 7/11). Lo dijo un "alto directivo de una autopartista", revelando que entre el gobierno, las grandes patronales y la burocracia están negociando a costa de los trabajadores.
La política de la burocracia condena a los trabajadores a los despidos. La política de los trabajadores debe ser otra:
1. Asambleas de fábrica para rechazar los despidos y las suspensiones, establecer el reparto de las horas de trabajo sin rebaja de los salarios de bolsillo.
2. Congreso de delegados de asambleas de toda la industria metalmecánica para impulsar un programa y una acción comunes.
3. Apertura de los libros de las empresas a los trabajadores para determinar los reales resultados de las empresas y la forma en que son repartidos.
4. Como medida preventiva, pago del 100% a los trabajadores suspendidos.
5. Ocupación de cada fábrica que suspenda, despida o cierre. Por su expropiación sin indemnización alguna.
Eduardo Salas
CINE NACIONAL
Cada vez más Incapaces
La presidenta del Instituto Nacional de Artes Audiovisuales (INCAA), Liliana Mazure, lanzó al "debate" el borrador de un nuevo "Plan de Fomento". El mismo regula los modos de acceder a los subsidios para la realización de películas; el plan anterior era del año 1994. El borrador no aporta ningún nuevo elemento que pueda tildarse siquiera de progresivo. En julio de este año el Ojo Obrero ya alertaba sobre esta perspectiva política (ver "INCAApaces frente a los tanques" en www.ojoobrero.org).
No mires hacia abajo
El no tan nuevo "Plan de Fomento" sigue siendo un coto cerrado al que sólo pueden acceder las productoras que ya están metidas en la trenza y el lobby, algo que ya es un modus operandi dentro del Instituto. Mazure ha respondido a las demandas de los sectores empresariales aumentando el costo medio por película, en la perspectiva de recortar la cantidad de filmes estrenados por año. El cálculo es simple: el mismo presupuesto y películas más caras, da por resultado menos películas. En una presentación del borrador, la presidenta del INCAA ya planteó un número: "Bajar del promedio actual de 60 estrenos por año a 40". Van a contramano de la historia, cuando la matrícula de estudiantes de cine y los recursos técnicos no dejan de avanzar, cierran la posibilidad de expansión del cine argentino.
Incómodos
El "Plan de fomento" se cierra sobre sí mismo porque no hay una estrategia de conjunto para sacar adelante al cine nacional. No hay desde el Estado una política para recuperar al espectador que dejó de ir al cine porque las entradas son cada vez más caras, porque le cerraron la sala de su barrio y porque el abanico de ofertas es cada vez más escaso.
Esta gestión no puede dar una salida porque no está dispuesta a tocar ningún interés de quienes controlan qué cine se ve y cómo se ve en este país: "Las empresas extranjeras determinan la programación de los cines argentinos gracias a su dominio sobre la distribución, la difusión y la exhibición y la consecuencia de esto es que más del 80% de la recaudación va para sus propias arcas" (ídem).
La próxima estación
Las medidas adoptadas por el INCAA y el cuadro de bancarrota financiera internacional acentuarán la crisis del cine nacional. Hace cuatro meses planteamos una salida que hoy se ve absolutamente ratificada: "La nacionalización de la distribución y la exhibición en el país, bajo control de los trabajadores y espectadores del cine, es el único instrumento capaz de revertir este estado de cosas. Esta medida generaría los fondos necesarios para liberar la multiplicación de la producción nacional, para darle a la misma la difusión necesaria en los medios, para volver a abrir salas en los barrios a precios subsidiados para el espectador y de esta manera darle al cine nacional el lugar que le corresponde, no sólo del mercado, sino y principalmente como 'elemento informativo, en tanto testimonio, y formativo, en tanto transmisor de ideas'..."
Ale R. (Ojo Obrero)
La presidenta del Instituto Nacional de Artes Audiovisuales (INCAA), Liliana Mazure, lanzó al "debate" el borrador de un nuevo "Plan de Fomento". El mismo regula los modos de acceder a los subsidios para la realización de películas; el plan anterior era del año 1994. El borrador no aporta ningún nuevo elemento que pueda tildarse siquiera de progresivo. En julio de este año el Ojo Obrero ya alertaba sobre esta perspectiva política (ver "INCAApaces frente a los tanques" en www.ojoobrero.org).
No mires hacia abajo
El no tan nuevo "Plan de Fomento" sigue siendo un coto cerrado al que sólo pueden acceder las productoras que ya están metidas en la trenza y el lobby, algo que ya es un modus operandi dentro del Instituto. Mazure ha respondido a las demandas de los sectores empresariales aumentando el costo medio por película, en la perspectiva de recortar la cantidad de filmes estrenados por año. El cálculo es simple: el mismo presupuesto y películas más caras, da por resultado menos películas. En una presentación del borrador, la presidenta del INCAA ya planteó un número: "Bajar del promedio actual de 60 estrenos por año a 40". Van a contramano de la historia, cuando la matrícula de estudiantes de cine y los recursos técnicos no dejan de avanzar, cierran la posibilidad de expansión del cine argentino.
Incómodos
El "Plan de fomento" se cierra sobre sí mismo porque no hay una estrategia de conjunto para sacar adelante al cine nacional. No hay desde el Estado una política para recuperar al espectador que dejó de ir al cine porque las entradas son cada vez más caras, porque le cerraron la sala de su barrio y porque el abanico de ofertas es cada vez más escaso.
Esta gestión no puede dar una salida porque no está dispuesta a tocar ningún interés de quienes controlan qué cine se ve y cómo se ve en este país: "Las empresas extranjeras determinan la programación de los cines argentinos gracias a su dominio sobre la distribución, la difusión y la exhibición y la consecuencia de esto es que más del 80% de la recaudación va para sus propias arcas" (ídem).
La próxima estación
Las medidas adoptadas por el INCAA y el cuadro de bancarrota financiera internacional acentuarán la crisis del cine nacional. Hace cuatro meses planteamos una salida que hoy se ve absolutamente ratificada: "La nacionalización de la distribución y la exhibición en el país, bajo control de los trabajadores y espectadores del cine, es el único instrumento capaz de revertir este estado de cosas. Esta medida generaría los fondos necesarios para liberar la multiplicación de la producción nacional, para darle a la misma la difusión necesaria en los medios, para volver a abrir salas en los barrios a precios subsidiados para el espectador y de esta manera darle al cine nacional el lugar que le corresponde, no sólo del mercado, sino y principalmente como 'elemento informativo, en tanto testimonio, y formativo, en tanto transmisor de ideas'..."
Ale R. (Ojo Obrero)
Aguantazo cultural contra Giacomino
Por el pago de las deudas y contra la privatización de la cultura
Los trabajadores de la cultura de la Casona Municipal (actores) ocuparon las instalaciones, dependientes del municipio, en reclamo por deudas en sus haberes.
La solidaridad no se hizo esperar: la asamblea, que se desarrolló ese mismo día, contó con más de 150 artistas plásticos, músicos, escritores, documentalistas, trabajadores de la cultura de distintas ramas.
La lucha emprendida por los trabajadores de la Casona fue el detonante de un repudio generalizado de los artistas de la ciudad a la política cultural del gobierno de Giacomino. El intendente de Córdoba Capital no les paga a los trabajadores y pretende avanzar fuertemente en la privatización de la cultura.
Recientemente, prohibió utilizar espacios públicos para cualquier evento y aranceló los espacios de exhibición que dispone la municipalidad. Las dos resoluciones tienen el claro objetivo de establecer, como lo expresó su secretario de Cultura, "al arte y a la cultura como servicios".
A tres días de su comienzo, la ocupación de la Casona Municipal fue levantada para concentrarse frente al municipio. Los funcionarios que se entrevistaron con una delegación de trabajadores sólo respondieron que "se comprometen a abonar lo adeudado".
LuchArte y el Ojo Obrero están comprometidos con el triunfo de los actores en lucha; es parte misma de la rebelión que crece entre los artistas contra la política cultural del gobierno de Giacomino. Llamamos a todas las organizaciones gremiales de los trabajadores de la cultura a apoyar esta lucha por el inmediato pago de lo adeudado, por el aumento inmediato del presupuesto cultural de la ciudad bajo control de los artistas y trabajadores de la cultura y por la derogación de las ordenanzas que establecen la prohibición de realizar actividades en los espacios públicos y el arancelamiento de los espacios de difusión de la municipalidad.
Víctor da Vila (en base a un informe de Eugenia Cabral -LuchArte- y Cintia Frencia -Ojo Obrero-)
Los trabajadores de la cultura de la Casona Municipal (actores) ocuparon las instalaciones, dependientes del municipio, en reclamo por deudas en sus haberes.
La solidaridad no se hizo esperar: la asamblea, que se desarrolló ese mismo día, contó con más de 150 artistas plásticos, músicos, escritores, documentalistas, trabajadores de la cultura de distintas ramas.
La lucha emprendida por los trabajadores de la Casona fue el detonante de un repudio generalizado de los artistas de la ciudad a la política cultural del gobierno de Giacomino. El intendente de Córdoba Capital no les paga a los trabajadores y pretende avanzar fuertemente en la privatización de la cultura.
Recientemente, prohibió utilizar espacios públicos para cualquier evento y aranceló los espacios de exhibición que dispone la municipalidad. Las dos resoluciones tienen el claro objetivo de establecer, como lo expresó su secretario de Cultura, "al arte y a la cultura como servicios".
A tres días de su comienzo, la ocupación de la Casona Municipal fue levantada para concentrarse frente al municipio. Los funcionarios que se entrevistaron con una delegación de trabajadores sólo respondieron que "se comprometen a abonar lo adeudado".
LuchArte y el Ojo Obrero están comprometidos con el triunfo de los actores en lucha; es parte misma de la rebelión que crece entre los artistas contra la política cultural del gobierno de Giacomino. Llamamos a todas las organizaciones gremiales de los trabajadores de la cultura a apoyar esta lucha por el inmediato pago de lo adeudado, por el aumento inmediato del presupuesto cultural de la ciudad bajo control de los artistas y trabajadores de la cultura y por la derogación de las ordenanzas que establecen la prohibición de realizar actividades en los espacios públicos y el arancelamiento de los espacios de difusión de la municipalidad.
Víctor da Vila (en base a un informe de Eugenia Cabral -LuchArte- y Cintia Frencia -Ojo Obrero-)
La basura, un negocio podrido
El negocio de la recolección de residuos en la ciudad de Córdoba ha entrado en una nueva etapa de crisis. El contrato de concesión se encuentra actualmente en manos de la empresa Cliba (grupo Roggio) y está a punto de vencer la enésima prórroga. Roggio embolsa el 10% del presupuesto municipal por este servicio.
El municipio había llamado a una licitación internacional con pliegos armados a la medida de Cliba, pero dividiendo el negocio en dos empresas; la otra que se presentó es Covelia, vinculada con Pablo Moyano. Con un presupuesto oficial de 192 millones de pesos, las empresas cotizaron una cifra cercana a los 300 millones, lo que obligó al gobierno a declarar la licitación desierta.
Ante el vencimiento de la prórroga del contrato y la licitación desierta, Roggio amenazó con abandonar el servicio y despedir a más de mil trabajadores. Los compañeros declararon el paro por tiempo indeterminado e instalaron un "aguante" frente al palacio municipal, acompañados por los camiones recolectores de Cliba.
Mientras la basura se amontonaba en las esquinas de Córdoba, el reclamo de los Roggio era el pago de una deuda usuraria de 80 millones de pesos y el cumplimiento en término del canon mensual.
El intendente Giacomino respondió con el envío al Concejo Deliberante de un proyecto de creación de una empresa municipal de recolección.
Después de tres días de conflicto, el contrato de Cliba tuvo una nueva prórroga. Los trabajadores mantienen su continuidad laboral y Roggio cobrará su deuda (con financiamiento de la nación) y el canon en término.
Una empresa municipal trucha
La creación de la empresa municipal estaba muy lejos de constituir una estatización del servicio; era, más bien, la cobertura de un acuerdo con Cliba. La empresa municipal se haría cargo de la recolección en la zona norte de la ciudad y del enterramiento sanitario, mientras Cliba lo haría en la zona sur y en el centro de la ciudad. Roggio se quedará con el 60% del servicio que hoy presta, pero por la misma plata. Para la prestación del servicio por parte de la empresa municipal, el Grupo Roggio aportará parte de su infraestructura.
Giacomino fue incapaz de enfrentar el chantaje de Roggio, que podría haberse resuelto con la municipalización integral del servicio, la confiscación de toda la infraestructura de Cliba para poner inmediatamente en funcionamiento el servicio, bajo el control de los trabajadores, garantizando de esta manera la totalidad de los puestos de trabajo.
Roggio y el kirchnerismo pusieron a los trabajadores y vecinos en riesgo laboral y ambiental. En medio de una crisis mundial sin precedentes, la única salida puede provenir de los trabajadores y su programa.
Manuel D'Alessandro
El municipio había llamado a una licitación internacional con pliegos armados a la medida de Cliba, pero dividiendo el negocio en dos empresas; la otra que se presentó es Covelia, vinculada con Pablo Moyano. Con un presupuesto oficial de 192 millones de pesos, las empresas cotizaron una cifra cercana a los 300 millones, lo que obligó al gobierno a declarar la licitación desierta.
Ante el vencimiento de la prórroga del contrato y la licitación desierta, Roggio amenazó con abandonar el servicio y despedir a más de mil trabajadores. Los compañeros declararon el paro por tiempo indeterminado e instalaron un "aguante" frente al palacio municipal, acompañados por los camiones recolectores de Cliba.
Mientras la basura se amontonaba en las esquinas de Córdoba, el reclamo de los Roggio era el pago de una deuda usuraria de 80 millones de pesos y el cumplimiento en término del canon mensual.
El intendente Giacomino respondió con el envío al Concejo Deliberante de un proyecto de creación de una empresa municipal de recolección.
Después de tres días de conflicto, el contrato de Cliba tuvo una nueva prórroga. Los trabajadores mantienen su continuidad laboral y Roggio cobrará su deuda (con financiamiento de la nación) y el canon en término.
Una empresa municipal trucha
La creación de la empresa municipal estaba muy lejos de constituir una estatización del servicio; era, más bien, la cobertura de un acuerdo con Cliba. La empresa municipal se haría cargo de la recolección en la zona norte de la ciudad y del enterramiento sanitario, mientras Cliba lo haría en la zona sur y en el centro de la ciudad. Roggio se quedará con el 60% del servicio que hoy presta, pero por la misma plata. Para la prestación del servicio por parte de la empresa municipal, el Grupo Roggio aportará parte de su infraestructura.
Giacomino fue incapaz de enfrentar el chantaje de Roggio, que podría haberse resuelto con la municipalización integral del servicio, la confiscación de toda la infraestructura de Cliba para poner inmediatamente en funcionamiento el servicio, bajo el control de los trabajadores, garantizando de esta manera la totalidad de los puestos de trabajo.
Roggio y el kirchnerismo pusieron a los trabajadores y vecinos en riesgo laboral y ambiental. En medio de una crisis mundial sin precedentes, la única salida puede provenir de los trabajadores y su programa.
Manuel D'Alessandro
Una burla
Ocho años para el violador de Eli Díaz
La Cámara del Crimen cordobesa y el fiscal de la causa consideraron que 8 años de condena eran suficientes para Arturo Benavídez, el patrón que violó a Eli Díaz, su empleada doméstica, desde que ella tenía 9 años y hasta los 18. El fallo es una prueba de que, para la justicia cordobesa, abusar durante casi una década de una trabajadora -en este caso de una nena trabajadora- merece la mitad de castigo que robarse un auto. Los jueces no se conmovieron ni siquiera por el hecho de que Benavídez enloqueció a su víctima a tal punto que, embarazada de su patrón, Eli mató al bebé inmediatamente después de parir, sola y desangrada, en el baño de la casa del violador.
La Justicia sí fue implacable con Eli, que pasó 11 meses en la Cárcel de Bower. Sólo que el pueblo de San Javier decidió que no permitiría que corriera la suerte de Romina Tejerina y se movilizó sin tregua hasta que obligó a la Justicia a reconocer que la joven había actuado en un estado "crepuscular", de emoción violenta. También obligó a la Justicia a admitir la denuncia de violación contra el ‘hombre fuerte' del pueblo. Después de regocijarse durante años en público de las porquerías que le hacía a la joven, Benavidez pretendió negar los abusos, pero el ADN de la criatura demostró que mentía.
Benavídez logró que lo juzgaran en la capital de la provincia, lejos de Villa Dolores y de sus vecinos de San Javier. Pero en Córdoba Capital también se organizó una Comisión de Apoyo a Eli, de la que forma parte el Plenario de Trabajadoras. La Comisión juntó firmas y montó una campaña con volanteos, afiches y denuncias en los medios, para enterar a la opinión pública de que la Justicia estaba montando un dispositivo de impunidad.
Cuando trascendió que la fiscalía solo iba a pedir 8 años de condena, organizamos una marcha y una radio abierta. Como dijo la propia Eli: "ocho años son pocos para los diez de tortura y padecimientos a los que me sometió". Denunciamos que el Estado y la Justicia son cómplices de los violadores.
Al conocerse el fallo, que también nos encontró movilizados en Tribunales II, denunciamos frente a todos los medios que ocho años son una burla, que no aceptábamos una lavada de cara de un tribunal que sin contar con ningún atenuante daba la condena mínima, que era la demostración del amparo institucional al derecho de pernada y las violaciones.
Nos vamos a seguir movilizando, para terminar con la impunidad, por condenas efectivas para las violadores. Porque la absolución de Eli, que está apelada, debe conseguirse definitivamente, porque seguimos reclamando por la Libertad de Romina.
El próximo 25 de noviembre nos tiene que encontrar movilizadas en las calles de todo el país, luchando en el Día Internacional Contra la Violencia hacia la Mujer.
D. B.
La Cámara del Crimen cordobesa y el fiscal de la causa consideraron que 8 años de condena eran suficientes para Arturo Benavídez, el patrón que violó a Eli Díaz, su empleada doméstica, desde que ella tenía 9 años y hasta los 18. El fallo es una prueba de que, para la justicia cordobesa, abusar durante casi una década de una trabajadora -en este caso de una nena trabajadora- merece la mitad de castigo que robarse un auto. Los jueces no se conmovieron ni siquiera por el hecho de que Benavídez enloqueció a su víctima a tal punto que, embarazada de su patrón, Eli mató al bebé inmediatamente después de parir, sola y desangrada, en el baño de la casa del violador.
La Justicia sí fue implacable con Eli, que pasó 11 meses en la Cárcel de Bower. Sólo que el pueblo de San Javier decidió que no permitiría que corriera la suerte de Romina Tejerina y se movilizó sin tregua hasta que obligó a la Justicia a reconocer que la joven había actuado en un estado "crepuscular", de emoción violenta. También obligó a la Justicia a admitir la denuncia de violación contra el ‘hombre fuerte' del pueblo. Después de regocijarse durante años en público de las porquerías que le hacía a la joven, Benavidez pretendió negar los abusos, pero el ADN de la criatura demostró que mentía.
Benavídez logró que lo juzgaran en la capital de la provincia, lejos de Villa Dolores y de sus vecinos de San Javier. Pero en Córdoba Capital también se organizó una Comisión de Apoyo a Eli, de la que forma parte el Plenario de Trabajadoras. La Comisión juntó firmas y montó una campaña con volanteos, afiches y denuncias en los medios, para enterar a la opinión pública de que la Justicia estaba montando un dispositivo de impunidad.
Cuando trascendió que la fiscalía solo iba a pedir 8 años de condena, organizamos una marcha y una radio abierta. Como dijo la propia Eli: "ocho años son pocos para los diez de tortura y padecimientos a los que me sometió". Denunciamos que el Estado y la Justicia son cómplices de los violadores.
Al conocerse el fallo, que también nos encontró movilizados en Tribunales II, denunciamos frente a todos los medios que ocho años son una burla, que no aceptábamos una lavada de cara de un tribunal que sin contar con ningún atenuante daba la condena mínima, que era la demostración del amparo institucional al derecho de pernada y las violaciones.
Nos vamos a seguir movilizando, para terminar con la impunidad, por condenas efectivas para las violadores. Porque la absolución de Eli, que está apelada, debe conseguirse definitivamente, porque seguimos reclamando por la Libertad de Romina.
El próximo 25 de noviembre nos tiene que encontrar movilizadas en las calles de todo el país, luchando en el Día Internacional Contra la Violencia hacia la Mujer.
D. B.
Por un paro nacional contra las suspensiones y despidos
"Más allá de lo que dicen los medios, no hay suspensiones ni despidos masivos".
Aunque parezca mentira, esto es lo declaró Hugo Moyano a Radio América, en la mañana del miércoles.
Mientras tanto, la Bancaria denunciaba 1.200 cesantías bajo la forma encubierta de un "cese de contrato".
El sindicato de curtidores informaba 1.300 despidos, casi el 10% del total de sus afiliados.
10.000 mecánicos están suspendidos, con vacaciones anticipadas o reducciones salariales.
En el caso de General Motors, de Rosario, los trabajadores enfrentan más de 400 despidos.
Todas las grandes concentraciones obreras de Santa Fe y de Córdoba están conmovidas por las mismas razones.
10.000 trabajadores del Smata se movilizaron en la Ciudad de Buenos Aires.
Moyano, sin embargo, sabe muy bien qué está pasando.
Pero como lo hace la burocracia sindical en todo el mundo, acepta el despido de los precarios y las suspensiones con pago parcial de los salarios, así como también los adelantos de las vacaciones, con el pretexto de que la crisis capitalista encontrará una salida en los próximos seis meses.
Precisamente, un asesor de la CGT, el abogado Recalde, ha "pensado" (sic) en una ley para prohibir las suspensiones y despidos, pero sólo como "último recurso".
O sea, cuando ya se haya agotado el recurso a las suspensiones o a las vacaciones adelantadas, o cuando ya no haya trabajadores precarios para echar a la calle.
Pero también en todo el mundo los trabajadores dan su respuesta: huelga en Alitalia y paro general en toda Italia; huelgas de trabajadores siderúrgicos en Bulgaria y Corea, huelga metalúrgica en Alemania, huelga de los obreros automotrices en España.
No hay tiempo que perder: que la crisis la paguen los banqueros con las nacionalizaciones sin indemnización de la banca.
No los trabajadores.
Que la CGT y la CTA rompan con las patronales y con el gobierno, y que llamen a un paro nacional de advertencia contra los despidos y las suspensiones -por el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario.
12 de noviembre de 2008
"¿QUE CANAL MIRA MOYANO?"
Declaraciones de Néstor Pitrola
En una gira realizada por el cordón industrial de San Lorenzo, en Santa Fe, Néstor Pitrola polemizó con declaraciones de Hugo Moyano, quien había señalado que “no hay casos concretos de despidos y suspensiones”. “Moyano se contradice a sí mismo, cuando hace una semana dijo que el gobierno “no hacia nada” frente a esta crisis. En vez de plantear una lucha para frenar las cesantías, los dirigentes de la CGT gestionan reducciones de impuestos para las patronales que, sólo en el último mes, fugaron 4700 millones de dólares del país”. “Mientras tanto, -continuó Pitrola- aceptan los recursos de crisis creados bajo el menemato, que disponen suspensiones de convenio, rebajas de horas trabajadas y de salarios, así como despidos con indemnización reducida o adelanto de vacaciones que terminan siendo la antesala de las cesantías lisas y llanas”.
Pitrola agregó que “la impotencia de la burocracia sindical sólo se compara con la del gobierno que defiende. Los Kirchner, que posan de reactivadores, no tienen otro destino que el pago de la deuda pública para el grueso del presupuesto nacional y de los fondos previsionales a ser estatizados”. “En vez de asumir la defensa de la clase obrera frente a la crisis, la burocracia sindical de la CGT y la CTA está actuando como lobbysta de los vaciadores del país”.
Pitrola finalizó señalando que "con esta política no pasamos el verano. El Partido Obrero plantea la prohibición de despidos y suspensiones, el cese del pago de la deuda externa, la constitución de un gran fondo de capital para impulsar las obras de infraestructura y de industrialización bajo control obrero, y un congreso de trabajadores que ofrezca un programa económico y político de salida al derrumbe capitalista”.
En una gira realizada por el cordón industrial de San Lorenzo, en Santa Fe, Néstor Pitrola polemizó con declaraciones de Hugo Moyano, quien había señalado que “no hay casos concretos de despidos y suspensiones”. “Moyano se contradice a sí mismo, cuando hace una semana dijo que el gobierno “no hacia nada” frente a esta crisis. En vez de plantear una lucha para frenar las cesantías, los dirigentes de la CGT gestionan reducciones de impuestos para las patronales que, sólo en el último mes, fugaron 4700 millones de dólares del país”. “Mientras tanto, -continuó Pitrola- aceptan los recursos de crisis creados bajo el menemato, que disponen suspensiones de convenio, rebajas de horas trabajadas y de salarios, así como despidos con indemnización reducida o adelanto de vacaciones que terminan siendo la antesala de las cesantías lisas y llanas”.
Pitrola agregó que “la impotencia de la burocracia sindical sólo se compara con la del gobierno que defiende. Los Kirchner, que posan de reactivadores, no tienen otro destino que el pago de la deuda pública para el grueso del presupuesto nacional y de los fondos previsionales a ser estatizados”. “En vez de asumir la defensa de la clase obrera frente a la crisis, la burocracia sindical de la CGT y la CTA está actuando como lobbysta de los vaciadores del país”.
Pitrola finalizó señalando que "con esta política no pasamos el verano. El Partido Obrero plantea la prohibición de despidos y suspensiones, el cese del pago de la deuda externa, la constitución de un gran fondo de capital para impulsar las obras de infraestructura y de industrialización bajo control obrero, y un congreso de trabajadores que ofrezca un programa económico y político de salida al derrumbe capitalista”.
6 de noviembre de 2008
“DESPIDAN A LOS BANQUEROS, REINCORPOREN A LOS TRABAJADORES”
Hace 48 horas, el kirchnerista Hugo Moyano reconoció que "el gobierno no tomó ninguna medida de fondo" frente a la escalada de suspensiones y despidos.
Para que el hombre hablara, la sangre tuvo que llegar al río.
Los despidos arrecian entre los trabajadores transitorios y contratados.
En otros casos, bajo la forma de "renuncias" o retiros "voluntarios".
Han golpeado en las automotrices, en las aceiteras, en los trabajadores de la construcción, en las curtiembres y en las cadenas de electrodomésticos.
En otros gremios ya empezaron los conflictos, como en la industria de la carne, los bancarios, los metalúrgicos.
Moyano tiene razón cuando dice que los Kirchner no hacen nada.
El matrimonio presidencial tolera las corridas cambiarias que desvalorizan la moneda y el salario.
Deja correr la fuga de capitales, que agrava la recesión y la parálisis de la economía.
Pero, ¿qué hacen Moyano y la CGT?
Por ahora, "juntan datos" sobre "el alcance de la crisis", cuando los datos sobran.
¿Qué hace Yasky?
Pide (‘pedir', pero no actuar, se ha transformado en una profesión) un "seguro de inclusión" para familias pobres, o sea que no quiere frenar los despidos sino regatear un ingreso asistencial.
Mientras tanto, los activistas del neumático continúan despedidos y las patronales preparan cientos de despidos más.
Pero mientras Moyano "junta datos", la clase obrera sigue otro rumbo.
Los compañeros de Easy cortaron las rutas por su reincorporación.
Los mecánicos de la General Motors de Rosario obligaron a la patronal a recular.
Los metalúrgicos de la zona oeste enfrentan los despidos con asambleas y cortes.
Cuando Moyano reclama "medidas de fondo", toca la partitura de sus jefes capitalistas.
Reclama, como ellos, una mayor devaluación de la moneda.
O tarifazos, pago integral de la usuraria deuda pública, resarcimiento a los vaciadores de Aerolíneas.
Consintiendo a los vaciadores, creen que zafarán de la catástrofe capitalista.
¿Tenemos que seguirlos?
Para parar las suspensiones, los despidos y el vaciamiento nacional, necesitamos un programa y un rumbo de lucha propios.
Realicemos asambleas y autoconvocatorias para poner en pie a los sindicatos y centrales obreras.
Que la CGT y la CTA rompan con el gobierno y lancen un plan de lucha a escala nacional.
La consigna de la etapa ha sido levantada, días atrás, en una marcha: "Despidan a los banqueros, reincorporen a los trabajadores".
Esa es la tarea, aquí y en todo el mundo.
Para que el hombre hablara, la sangre tuvo que llegar al río.
Los despidos arrecian entre los trabajadores transitorios y contratados.
En otros casos, bajo la forma de "renuncias" o retiros "voluntarios".
Han golpeado en las automotrices, en las aceiteras, en los trabajadores de la construcción, en las curtiembres y en las cadenas de electrodomésticos.
En otros gremios ya empezaron los conflictos, como en la industria de la carne, los bancarios, los metalúrgicos.
Moyano tiene razón cuando dice que los Kirchner no hacen nada.
El matrimonio presidencial tolera las corridas cambiarias que desvalorizan la moneda y el salario.
Deja correr la fuga de capitales, que agrava la recesión y la parálisis de la economía.
Pero, ¿qué hacen Moyano y la CGT?
Por ahora, "juntan datos" sobre "el alcance de la crisis", cuando los datos sobran.
¿Qué hace Yasky?
Pide (‘pedir', pero no actuar, se ha transformado en una profesión) un "seguro de inclusión" para familias pobres, o sea que no quiere frenar los despidos sino regatear un ingreso asistencial.
Mientras tanto, los activistas del neumático continúan despedidos y las patronales preparan cientos de despidos más.
Pero mientras Moyano "junta datos", la clase obrera sigue otro rumbo.
Los compañeros de Easy cortaron las rutas por su reincorporación.
Los mecánicos de la General Motors de Rosario obligaron a la patronal a recular.
Los metalúrgicos de la zona oeste enfrentan los despidos con asambleas y cortes.
Cuando Moyano reclama "medidas de fondo", toca la partitura de sus jefes capitalistas.
Reclama, como ellos, una mayor devaluación de la moneda.
O tarifazos, pago integral de la usuraria deuda pública, resarcimiento a los vaciadores de Aerolíneas.
Consintiendo a los vaciadores, creen que zafarán de la catástrofe capitalista.
¿Tenemos que seguirlos?
Para parar las suspensiones, los despidos y el vaciamiento nacional, necesitamos un programa y un rumbo de lucha propios.
Realicemos asambleas y autoconvocatorias para poner en pie a los sindicatos y centrales obreras.
Que la CGT y la CTA rompan con el gobierno y lancen un plan de lucha a escala nacional.
La consigna de la etapa ha sido levantada, días atrás, en una marcha: "Despidan a los banqueros, reincorporen a los trabajadores".
Esa es la tarea, aquí y en todo el mundo.
4 de noviembre de 2008
JUICIO A BENAVIDEZ: REPUDIAMOS EL PEDIDO DE PENA MINIMA QUE HIZO EL FISCAL NOVILLO CORVALÁN
El Plenario de Trabajadoras, como parte integrante de la Comisión de Apoyo a Eli, denuncia que el pedido de cambio de carátula de parte del Fiscal, para luego pedir sólo la pena mínima (8 años), es una demostración más de que la Justicia ampara institucionalmente la violencia ejercida contra las niñas, los niños y las mujeres.Exigimos la pena máxima para este patrón abusador violento, que por su poder cuenta con más garantías aún de impunidad.
Volvemos a decir ¡Basta!. Basta de que una criatura o una mujer sea abusada cada media hora. Basta de que el 96% de los violadores quede absuelto.
Le decimos a la justicia que nos movilizamos para exigir condena a Benavidez, porque conocemos perfectamente el nivel de impunidad al que nos enfrentamos. Le decimos a la Justicia: ¡Basta del aval de la justicia al derecho de pernada y los abusos!.
Redoblamos la movilización, para que este y todos los violadores sean condenados con la pena que les corresponde.
Todas y todos el lunes 10/11 a las 10:30 horas frente a Tribunales II en la sentencia, para reclamar la máxima condena a Benavídez, por justicia para Eli y todas/os quienes por culpa de esta impunidad viven a diario las consecuencias de estos delitos amparados por el Estado.
VIERNES 07/11 DESDE LAS 18 HS. NOS MOVILIZAMOS DESDE COLÓN Y GRAL. PAZ HACIA LA RADIO ABIERTA QUE SE INSTALARÁ EN PLAZA SAN MARTIN.
Para comunicarse: 155-478466
3 de noviembre de 2008
Martes 04/11 - 12 hs.: Acto público frente a la Anses
ACTO PUBLICO FRENTE A LA ANSES
(Rivadavia y Rosario de Santa Fe)
Martes 04-11-08 , 12 horas
Por un sistema previsional con el 82% móvil, aporte patronal y bajo control de trabajadores y jubilados
La bancarrota capitalista mundial abrió una brecha que ha permitido filtrar una reivindicación histórica de los trabajadores: la liquidación del sistema de jubilación privada. El matrimonio Kirchner y sus secuaces, que fueron promotores activos de la privatización de la previsión social que llevaron adelante Menem y Cavallo, se han visto obligados a estatizar las AFJP para sortear una cesación de pagos inminente de la deuda pública. Los 15.000 millones de pesos que ingresan por año a las AFJP servirán ahora para aportar al pago de los vencimientos de la deuda hasta fines de 2009, que se estiman en 20.000 millones de dólares. Los intentos de obtener esa financiación por medio de una renegociación de los títulos que vencen a corto plazo, con el auxilio del Citibank, el Deutsche Bank y el Barclays, habían fracasado en forma rotunda como consecuencia de la crisis financiera internacional. Asimismo, esta estatización de la jubilación privada transfiere al Estado más de 15.000 millones de dólares en títulos de la deuda pública que se encontraban en poder de las AFJP, lo cual elimina la necesidad de hacer frente a su pago, en especial el de la porción que vence a corto plazo. En una palabra, la estatización de las AFJP es, antes que nada, un operativo financiero para evitar una nueva cesación de pagos y hacer posible la continuidad del pago de la deuda pública. Se trata, por lo tanto, de una operación de rescate, antes que nada, de los acreedores internacionales y del sistema financiero internacional. A cambio de esto, claro, el Estado asume la responsabilidad por el pago de las jubilaciones de otros cuatro millones de trabajadores.
En función de todo esto, ante la "estatización de las AFJP", el Partido Obrero plantea:
1) restaurar el aporte patronal;
2) establecer el 82% móvil;
3) que la Anses no sea manipulada por el gobierno sino que sea dirigida por representantes electos de trabajadores y jubilados;
4) que la inversión de los fondos acumulados sea establecida por un congreso de trabajadores.
Con este planteo, convocamos a la población trabajadora en su conjunto a participar del acto en la puerta de Anses, Rivadavia y Rosario de Santa Fe, este martes 4 de noviembre a las 12 horas.
(Rivadavia y Rosario de Santa Fe)
Martes 04-11-08 , 12 horas
Por un sistema previsional con el 82% móvil, aporte patronal y bajo control de trabajadores y jubilados
La bancarrota capitalista mundial abrió una brecha que ha permitido filtrar una reivindicación histórica de los trabajadores: la liquidación del sistema de jubilación privada. El matrimonio Kirchner y sus secuaces, que fueron promotores activos de la privatización de la previsión social que llevaron adelante Menem y Cavallo, se han visto obligados a estatizar las AFJP para sortear una cesación de pagos inminente de la deuda pública. Los 15.000 millones de pesos que ingresan por año a las AFJP servirán ahora para aportar al pago de los vencimientos de la deuda hasta fines de 2009, que se estiman en 20.000 millones de dólares. Los intentos de obtener esa financiación por medio de una renegociación de los títulos que vencen a corto plazo, con el auxilio del Citibank, el Deutsche Bank y el Barclays, habían fracasado en forma rotunda como consecuencia de la crisis financiera internacional. Asimismo, esta estatización de la jubilación privada transfiere al Estado más de 15.000 millones de dólares en títulos de la deuda pública que se encontraban en poder de las AFJP, lo cual elimina la necesidad de hacer frente a su pago, en especial el de la porción que vence a corto plazo. En una palabra, la estatización de las AFJP es, antes que nada, un operativo financiero para evitar una nueva cesación de pagos y hacer posible la continuidad del pago de la deuda pública. Se trata, por lo tanto, de una operación de rescate, antes que nada, de los acreedores internacionales y del sistema financiero internacional. A cambio de esto, claro, el Estado asume la responsabilidad por el pago de las jubilaciones de otros cuatro millones de trabajadores.
En función de todo esto, ante la "estatización de las AFJP", el Partido Obrero plantea:
1) restaurar el aporte patronal;
2) establecer el 82% móvil;
3) que la Anses no sea manipulada por el gobierno sino que sea dirigida por representantes electos de trabajadores y jubilados;
4) que la inversión de los fondos acumulados sea establecida por un congreso de trabajadores.
Con este planteo, convocamos a la población trabajadora en su conjunto a participar del acto en la puerta de Anses, Rivadavia y Rosario de Santa Fe, este martes 4 de noviembre a las 12 horas.
2 de noviembre de 2008
LUNES 03/11 - 10 HS. - TRIBUNALES II: SENTENCIA EN EL JUICIO AL VIOLADOR DE ELI DIAZ
COMUNICADO
(difundir)
Desde la Comisión de Apoyo a Elizabet Díaz convocamos a todas las organizaciones sociales, organizaciones de mujeres, sindicales, gremiales y población en general, este lunes 3 de noviembre en Arturo M. Bas y Pueyrredón, a las 10 horas, para la conclusión del juicio al violador de Eli, Arturo Benavídez.
Se representará en esta oportunidad la intervención teatral "El Siglo de ... ¿Qué Mujeres?", con creación y puesta a cargo del Colectivo de Arte Independiente "El Arte No Admite Patrones".
Difunde:
PLENARIO DE TRABAJADORAS CORDOBA
(difundir)
Desde la Comisión de Apoyo a Elizabet Díaz convocamos a todas las organizaciones sociales, organizaciones de mujeres, sindicales, gremiales y población en general, este lunes 3 de noviembre en Arturo M. Bas y Pueyrredón, a las 10 horas, para la conclusión del juicio al violador de Eli, Arturo Benavídez.
Se representará en esta oportunidad la intervención teatral "El Siglo de ... ¿Qué Mujeres?", con creación y puesta a cargo del Colectivo de Arte Independiente "El Arte No Admite Patrones".
Difunde:
PLENARIO DE TRABAJADORAS CORDOBA
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