El Partido Obrero repudia el accionar de la justicia, que actúa bajo la férula del gobierno kirchnerista contra los ruralistas. Reclamamos la inmediata libertad de los presos y la anulación de todo proceso, en cualquier lugar del país, contra los piquetes rurales.
Repudiamos también que esta criminalización de la protesta haya alcanzado a dirigentes opositores como Margarita Stolbizer. El Partido Obrero defiende el derecho a la movilización, cuya represión termina siempre afectando a los trabajadores y al conjunto del movimiento popular.
REGIONAL CÓRDOBA
31 de mayo de 2008
29 de mayo de 2008
Eduardo Salas presentó acción de amparo para frenar el cospelazo
En el día de la fecha Eduardo Pedro Salas, con el patrocinio del Dr. Jorge Luis Navarro, ante el Juzgado Civil y Comercial de 4ª Nominación, a cargo de la Juez Dra. Fontana de Marrone, presentó una ACCIÓN DE AMPARO CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA, debido a la aprobación ilegal y arbitraria de la ordenanza Municipal que consagra el aumento del cospel a $1,50 votado en la sesión del pasado viernes23.
La acción plantea que se ha violado el Art. 153 de REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, que dice: "No podrá ser nuevamente presentado en las sesiones del mismo año un proyecto rechazado en general." Lo cual importa el desconocimiento de principios y derechos garantizados por la Constitución Provincial y Nacional, en primer termino, la sujeción al orden jurídico por parte de la Administración Publica, tal cual lo determina el Art. 174 de la Constitución Provincial.
Además se solicita la siguiente Medida Cautelar: "… que se ordene el reestablecimiento de la situación legal existente hasta antes del día 23/05/2008, suspendiendo los efectos de la ordenanza que se impugna hasta tanto sea resuelta la cuestión de Fondo."
Eduardo Salas manifestó: "Queremos frenar su aplicación para impedir que una fallo judicial que declare la nulidad se desarrolle cuando ya la población haya pagado el aumento, y por lo tanto imposibilite una devolución del dinero ilegalmente cobrado".-
Comuníquese con Eduardo Salas (0351) 155-477025
La acción plantea que se ha violado el Art. 153 de REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, que dice: "No podrá ser nuevamente presentado en las sesiones del mismo año un proyecto rechazado en general." Lo cual importa el desconocimiento de principios y derechos garantizados por la Constitución Provincial y Nacional, en primer termino, la sujeción al orden jurídico por parte de la Administración Publica, tal cual lo determina el Art. 174 de la Constitución Provincial.
Además se solicita la siguiente Medida Cautelar: "… que se ordene el reestablecimiento de la situación legal existente hasta antes del día 23/05/2008, suspendiendo los efectos de la ordenanza que se impugna hasta tanto sea resuelta la cuestión de Fondo."
Eduardo Salas manifestó: "Queremos frenar su aplicación para impedir que una fallo judicial que declare la nulidad se desarrolle cuando ya la población haya pagado el aumento, y por lo tanto imposibilite una devolución del dinero ilegalmente cobrado".-
Comuníquese con Eduardo Salas (0351) 155-477025
MENENDEZ EN EL BANQUILLO
32 años después, sin ninguno de sus cómplices
El Partido Obrero se ha movilizado en Córdoba, junto a otras organizaciones populares, frente a los tribunales donde se juzga al genocida como Luciano Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo del Ejército durante la dictadura militar.
Néstor Pitrola, perseguido por el tercer cuerpo de ejército en ocasión el golpe militar, declaró:"Reclamamos perpetua para el responsable los asesinatos de tantos compañeros y amigos, entre ellos nuestro compañero Claudio Zorrilla, fusilado en uno de tantos simulacros de 'fugas'; y de quien fuera responsable de mi propia persecución desde la madrugada misma del 24 de marzo de 1976".
"Pero justamente, a 32 años de los acontecimientos, esta tardía justicia tiene en el tribunal a un juez como Otero Álvarez, denunciado por aportar la cobertura 'legal' a los fusilamientos de los presos del penal San Martín, durante la dictadura. Todo un aparato represivo y judicial ha sido preservado hasta nuestros días, por eso hoy tenemos un nuevo desaparecido como Julio López", siguió Pitrola.
"Menéndez está demasiado solo en el banquillo de los acusados" -continuó Pitrola- "reputados cómplices suyos, como el aparato radical que aportó cien intendentes a la dictadura, la cúpula de la Iglesia que, comandada por Primatesta, acompañó las desapariciones, la burocracia sindical ligada a las tres AAA que operaron a sus anchas en el gobierno de Lacabanne-Perón e Isabel Perón que pavimentó la dictadura, los responsables de las automotrices, terratenientes y banqueros que gobernaron expresados por Martínez de Hoz, deberían estar en el banquillo de los acusados con Menéndez".
"Este es para nosotros un capítulo de la gran lucha para terminar con el aparato de represión de las luchas obreras y populares que hoy opera por igual contra los pertroleros de Santa Cruz como contra los trabajadores del Casino en Puerto Madero, y para acabar con los intereses sociales que esa represión encarna" finalizó Pitrola.
El Partido Obrero se ha movilizado en Córdoba, junto a otras organizaciones populares, frente a los tribunales donde se juzga al genocida como Luciano Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo del Ejército durante la dictadura militar.
Néstor Pitrola, perseguido por el tercer cuerpo de ejército en ocasión el golpe militar, declaró:"Reclamamos perpetua para el responsable los asesinatos de tantos compañeros y amigos, entre ellos nuestro compañero Claudio Zorrilla, fusilado en uno de tantos simulacros de 'fugas'; y de quien fuera responsable de mi propia persecución desde la madrugada misma del 24 de marzo de 1976".
"Pero justamente, a 32 años de los acontecimientos, esta tardía justicia tiene en el tribunal a un juez como Otero Álvarez, denunciado por aportar la cobertura 'legal' a los fusilamientos de los presos del penal San Martín, durante la dictadura. Todo un aparato represivo y judicial ha sido preservado hasta nuestros días, por eso hoy tenemos un nuevo desaparecido como Julio López", siguió Pitrola.
"Menéndez está demasiado solo en el banquillo de los acusados" -continuó Pitrola- "reputados cómplices suyos, como el aparato radical que aportó cien intendentes a la dictadura, la cúpula de la Iglesia que, comandada por Primatesta, acompañó las desapariciones, la burocracia sindical ligada a las tres AAA que operaron a sus anchas en el gobierno de Lacabanne-Perón e Isabel Perón que pavimentó la dictadura, los responsables de las automotrices, terratenientes y banqueros que gobernaron expresados por Martínez de Hoz, deberían estar en el banquillo de los acusados con Menéndez".
"Este es para nosotros un capítulo de la gran lucha para terminar con el aparato de represión de las luchas obreras y populares que hoy opera por igual contra los pertroleros de Santa Cruz como contra los trabajadores del Casino en Puerto Madero, y para acabar con los intereses sociales que esa represión encarna" finalizó Pitrola.
LA PELEA ES OTRA
Cada día es más notorio que la pelea entre el 'campo' y el gobierno es una pelea entre capitalistas.
Disputan la enorme torta que crea el trabajo de los obreros del campo y de la ciudad, el que agacha el lomo en la finca o en la chacra, y el que se gasta las manos y los ojos en la industria y en los laboratorios.
Les importa un bledo que los salarios sean miserables, que los trabajadores estén en negro y que los niveles de pobreza hayan vuelto a crecer, incluso entre los que tienen trabajo.
A los obreros nos aplican una 'retención móvil' que no deja de funcionar ni siquiera un segundo - la inflación- , pero ni el 'campo' ni el gobierno discuten abolirla.
Ningún jerarca pide para esto una 'mesa de diálogo'.
Todas las retenciones, móviles o no, las pagamos los trabajadores con menor salario y una mayor carestía, del mismo modo que pagamos con mayores impuestos los subsidios o la eliminación de retenciones.
Si a un patrón del campo se le pregunta por qué sus trabajadores están en negro, en seguida encuentra razones: dice que sólo de este modo puede competir contra los más grandes.
Si el mismo reclamo se le hace al gobierno, contesta que sólo con el trabajo en negro de los docentes y estatales llega a obtener un 'superávit fiscal'.
Para los capitalistas el mundo funciona a mano única.
Desde el pejotismo anacrónico, Kirchner dio a entender el otro día, como si el Presidente siguiera siendo él, que modificaría las retenciones a las exportaciones agropecuarias en forma 'unilateral'.
Lo que quiso decir es que va a ceder a gran parte del reclamo de la patronal agraria para que una porción mayor de los disparados precios internacionales de los alimentos vayan a sus bolsillos.
Se pone severo porque va a 'arrugar'.
Mientras tanto, nos enteramos, por boca del mismo 'campo', que no solamente ellos evaden con el trabajo en negro: también en los puertos privados se roba al fisco por mil millones de pesos al año.
Y que las cerealeras falsifican sus declaraciones juradas para embolsarse cifras similares.
Son éstos los que tienen que pagar: las cerealeras y puertos evasores, la patronal que explota a trabajadores en negro.
Sin embargo, ninguno de los líderes populares del agro plantea esta reivindicación, por la sencilla razón de que defienden intereses patronales.
La crisis en curso lleva ya demasiado tiempo para que permitamos que funcione como medio de distracción.
Tenemos que ir por lo nuestro.
Lo firmado en las paritarias ha sido un fraude: la inflación se acerca al 30 por ciento y la burocracia firmó por 20 - esto en el mejor de los casos.
Que se reconvoquen las paritarias con delegados elegidos en asamblea.
Aumento general de salarios y jubilaciones; ajuste por inflación.
Por un doble aguinaldo en junio.
Que paguen los patrones negreros del campo y de la ciudad, criollos y extranjeros.
Disputan la enorme torta que crea el trabajo de los obreros del campo y de la ciudad, el que agacha el lomo en la finca o en la chacra, y el que se gasta las manos y los ojos en la industria y en los laboratorios.
Les importa un bledo que los salarios sean miserables, que los trabajadores estén en negro y que los niveles de pobreza hayan vuelto a crecer, incluso entre los que tienen trabajo.
A los obreros nos aplican una 'retención móvil' que no deja de funcionar ni siquiera un segundo - la inflación- , pero ni el 'campo' ni el gobierno discuten abolirla.
Ningún jerarca pide para esto una 'mesa de diálogo'.
Todas las retenciones, móviles o no, las pagamos los trabajadores con menor salario y una mayor carestía, del mismo modo que pagamos con mayores impuestos los subsidios o la eliminación de retenciones.
Si a un patrón del campo se le pregunta por qué sus trabajadores están en negro, en seguida encuentra razones: dice que sólo de este modo puede competir contra los más grandes.
Si el mismo reclamo se le hace al gobierno, contesta que sólo con el trabajo en negro de los docentes y estatales llega a obtener un 'superávit fiscal'.
Para los capitalistas el mundo funciona a mano única.
Desde el pejotismo anacrónico, Kirchner dio a entender el otro día, como si el Presidente siguiera siendo él, que modificaría las retenciones a las exportaciones agropecuarias en forma 'unilateral'.
Lo que quiso decir es que va a ceder a gran parte del reclamo de la patronal agraria para que una porción mayor de los disparados precios internacionales de los alimentos vayan a sus bolsillos.
Se pone severo porque va a 'arrugar'.
Mientras tanto, nos enteramos, por boca del mismo 'campo', que no solamente ellos evaden con el trabajo en negro: también en los puertos privados se roba al fisco por mil millones de pesos al año.
Y que las cerealeras falsifican sus declaraciones juradas para embolsarse cifras similares.
Son éstos los que tienen que pagar: las cerealeras y puertos evasores, la patronal que explota a trabajadores en negro.
Sin embargo, ninguno de los líderes populares del agro plantea esta reivindicación, por la sencilla razón de que defienden intereses patronales.
La crisis en curso lleva ya demasiado tiempo para que permitamos que funcione como medio de distracción.
Tenemos que ir por lo nuestro.
Lo firmado en las paritarias ha sido un fraude: la inflación se acerca al 30 por ciento y la burocracia firmó por 20 - esto en el mejor de los casos.
Que se reconvoquen las paritarias con delegados elegidos en asamblea.
Aumento general de salarios y jubilaciones; ajuste por inflación.
Por un doble aguinaldo en junio.
Que paguen los patrones negreros del campo y de la ciudad, criollos y extranjeros.
26 de mayo de 2008
El 27 empieza el juicio al “chacal” Menéndez
Declaración del Partido Obrero
EN EL BANQUILLO NO ESTAN TODOS
El 27 de este mes Luciano Benjamín Menéndez se sentará en el banquillo de los acusados, en un juicio donde sólo se lo juzgará por 4 de sus miles de víctimas.
El juicio llega 32 años después de los hechos, y 25 después de que cayera la dictadura militar. Varios de los cómplices de Menéndez han zafado del juicio porque la muerte por vejez fue más rápida que la justicia.
Menéndez y el resto de los asesinos tendrán el privilegio de ser juzgados por un amigo. Uno de los miembros del tribunal, Otero Alvarez, ha sido denunciado por aportar la cobertura “legal” a los crímenes de la dictadura, sobre todo en los fusilamientos de los presos del penal San Martín.
Como se ve, poco ha cambiado. El aparato jurídico y militar de la dictadura sigue vivito y coleando. El testigo en el juicio a Etchecolatz, Julio López, sigue desparecido, secuestrado en las barbas del gobierno K, autoproclamado el gobierno “de los derechos humanos”.
El juicio a Menéndez no será televisado en forma directa. ¿Por qué? Muy posiblemente no querrán que la población escuche los testimonios donde aparezcan otros personajes de Córdoba que cogobernaron con Menéndez. Durante la dictadura militar decenas de intendentes eran de la UCR de los Angeloz, los Víctor Martínez y Cía. La cúpula de la Iglesia tuvo una activa colaboración con Primatesta a la cabeza. Lo mismo la burocracia sindical ligada a las tres AAA, durante el gobierno Lacabanne-Perón-Isabel Perón que pavimentó el camino de la dictadura.
No querrán que la población asuma que, para beneplácito de las patronales, el genocidio buscaba terminar con el clasismo que había conquistado los sindicatos y las fábricas automotrices.
El juicio a Menéndez es un reclamo largo y sostenido no sólo por las familias y las víctimas directas de la represión, sino por todo el pueblo de Córdoba.
¿Puede haber un real condena a un genocida si los gobiernos de “la democracia” mantienen intacto el aparato represivo, para usarlo contra los trabajadores y el pueblo que lucha, como hace uso y abuso el gobierno K mandando la gendarmería cada que vez que hay una lucha, sea en la Patagonia o frente al Casino de Buenos Aires? ¿Puede haber una real condena si aún siguen vigentes las leyes y el personal civil y armado de la dictadura?
¿Puede haberla si los responsables de las automotrices, los terratenientes, los banqueros, si toda la clase social que expresó Martínez de Hoz, está fuera de todo juicio y sigue siendo hoy el verdadero poder del estado? ¿Más todavía cuando esos grupos económicos privatizadores se quedaron con todo el patrimonio nacional?
Juzgar a Menéndez y a los genocidas tiene un real valor si permite el desmantelamiento del aparato represivo, la liquidación de la legislación represiva, el desprocesamiento de los 4000 trabajadores y activistas procesados en “democracia”.
El juicio a Menéndez debe ser el juicio a todos los que se beneficiaron con el golpe militar. Es el juicio a la clase capitalista y sus políticos.
EN EL BANQUILLO NO ESTAN TODOS
El 27 de este mes Luciano Benjamín Menéndez se sentará en el banquillo de los acusados, en un juicio donde sólo se lo juzgará por 4 de sus miles de víctimas.
El juicio llega 32 años después de los hechos, y 25 después de que cayera la dictadura militar. Varios de los cómplices de Menéndez han zafado del juicio porque la muerte por vejez fue más rápida que la justicia.
Menéndez y el resto de los asesinos tendrán el privilegio de ser juzgados por un amigo. Uno de los miembros del tribunal, Otero Alvarez, ha sido denunciado por aportar la cobertura “legal” a los crímenes de la dictadura, sobre todo en los fusilamientos de los presos del penal San Martín.
Como se ve, poco ha cambiado. El aparato jurídico y militar de la dictadura sigue vivito y coleando. El testigo en el juicio a Etchecolatz, Julio López, sigue desparecido, secuestrado en las barbas del gobierno K, autoproclamado el gobierno “de los derechos humanos”.
El juicio a Menéndez no será televisado en forma directa. ¿Por qué? Muy posiblemente no querrán que la población escuche los testimonios donde aparezcan otros personajes de Córdoba que cogobernaron con Menéndez. Durante la dictadura militar decenas de intendentes eran de la UCR de los Angeloz, los Víctor Martínez y Cía. La cúpula de la Iglesia tuvo una activa colaboración con Primatesta a la cabeza. Lo mismo la burocracia sindical ligada a las tres AAA, durante el gobierno Lacabanne-Perón-Isabel Perón que pavimentó el camino de la dictadura.
No querrán que la población asuma que, para beneplácito de las patronales, el genocidio buscaba terminar con el clasismo que había conquistado los sindicatos y las fábricas automotrices.
El juicio a Menéndez es un reclamo largo y sostenido no sólo por las familias y las víctimas directas de la represión, sino por todo el pueblo de Córdoba.
¿Puede haber un real condena a un genocida si los gobiernos de “la democracia” mantienen intacto el aparato represivo, para usarlo contra los trabajadores y el pueblo que lucha, como hace uso y abuso el gobierno K mandando la gendarmería cada que vez que hay una lucha, sea en la Patagonia o frente al Casino de Buenos Aires? ¿Puede haber una real condena si aún siguen vigentes las leyes y el personal civil y armado de la dictadura?
¿Puede haberla si los responsables de las automotrices, los terratenientes, los banqueros, si toda la clase social que expresó Martínez de Hoz, está fuera de todo juicio y sigue siendo hoy el verdadero poder del estado? ¿Más todavía cuando esos grupos económicos privatizadores se quedaron con todo el patrimonio nacional?
Juzgar a Menéndez y a los genocidas tiene un real valor si permite el desmantelamiento del aparato represivo, la liquidación de la legislación represiva, el desprocesamiento de los 4000 trabajadores y activistas procesados en “democracia”.
El juicio a Menéndez debe ser el juicio a todos los que se beneficiaron con el golpe militar. Es el juicio a la clase capitalista y sus políticos.
JUICIO A MENÉNDEZ: "En el banquillo de los acusados no están todos los que tienen que estar"
Declaraciones de Eduardo Salas
"Después de 30 años Menéndez se sentará en el banquillo de los acusados. La muerte por vejez, mucho más rápida que la justicia, les permitió a varios de los acusados no ser juzgados. Justicia que llega tarde no es justicia real", declaró Salas.
"Pero en el banquillo no estarán todos, faltarán los que avalaron el golpe y siguieron avalando al `Chacal´ durante la democracia como la cúpula de la UCR (Angeloz, Mestre, Negri, Aguad, etc.) -la cual le dio 100 intendentes en Córdoba a la dictadura-, faltará la cúpula de la Iglesia que bendecía al asesino, faltarán los dueños de las multinacionales y los bancos que de la mano de Martínez de Hoz saludaban el golpe, faltarán los burócratas sindicales, que gracias al golpe limpiaron sus sindicatos de luchadores, activistas y delegados disidentes", señaló el dirigente del Partido Obrero de Córdoba.
"El martes 27 marcharemos junto al pueblo de Córdoba para reclamar la cárcel común y perpetua para el Chacal, pero también para condenar al conjunto de los cómplices civiles y beneficiados por el genocidio", concluyó Salas.
Comuníquese con Eduardo Salas (0351) 155-477025
"Después de 30 años Menéndez se sentará en el banquillo de los acusados. La muerte por vejez, mucho más rápida que la justicia, les permitió a varios de los acusados no ser juzgados. Justicia que llega tarde no es justicia real", declaró Salas.
"Pero en el banquillo no estarán todos, faltarán los que avalaron el golpe y siguieron avalando al `Chacal´ durante la democracia como la cúpula de la UCR (Angeloz, Mestre, Negri, Aguad, etc.) -la cual le dio 100 intendentes en Córdoba a la dictadura-, faltará la cúpula de la Iglesia que bendecía al asesino, faltarán los dueños de las multinacionales y los bancos que de la mano de Martínez de Hoz saludaban el golpe, faltarán los burócratas sindicales, que gracias al golpe limpiaron sus sindicatos de luchadores, activistas y delegados disidentes", señaló el dirigente del Partido Obrero de Córdoba.
"El martes 27 marcharemos junto al pueblo de Córdoba para reclamar la cárcel común y perpetua para el Chacal, pero también para condenar al conjunto de los cómplices civiles y beneficiados por el genocidio", concluyó Salas.
Comuníquese con Eduardo Salas (0351) 155-477025
23 de mayo de 2008
Frente a los actos de Rosario y de Salta
La posición del Partido Obrero
Cristina llega el domingo a Salta huyendo de los centros del poder político en donde seguro habría habido grandes movilizaciones opositoras.
Trae un público cautivo que se asegura con el cachet que paga a los artistas más populares y con la patota de Delía, Moyano y cía.
¿Habrá elegido Salta por ser símbolo de su "modelo productivo"?
Entonces tendrá que explicar porqué el modelo sojero salteño, que exporta mil millones al año, nos ha sumido en la pobreza y está despoblando el campo y obligando a los hijos de los campesino a emigrar a los asentamientos pobres de las ciudades .
Tendrá que explicar porqué su "pollo" Urtubey, que dijo que venía supuestamente a terminar con los atropellos del romerismo, aplica la misma represión contra los vecinos asentados para defender a los especuladores inmobiliarios frente a un déficit de vivienda que supera las 30000 en toda la provincia.
Tendrá que explicar también porqué los obreros de las agroindustrias como El tabacal y ahora los del Ingenio San Isidro tienen salarios básicos por debajo de mil pesos y cuando apelan a huelgas y piquetes para enfrentar esta miseria son perseguidos por la policía y la justicia.
Lo que es seguro es que Cristina no llega Salta para traer soluciones para el 45% de los salteños que vive por debajo de la línea de pobreza o las miles de familias que luchan por un terreno o una vivienda.
El otro acto, el de la sociedad Rural y los patrones del campo será en Rosario, en Santa Fe
Allí, los patrones del campo van a reclamar, junto al resto del capitalismo sojero, el derecho al precio internacional pleno de la soja, que se ha ido por las nubes como consecuencia de una especulación internacional que afecta al conjunto de las materias primas. En tal caso, los consumidores pagaremos la factura de la renta agraria más elevada de la historia argentina, la pagaremos con más carestía y con una canasta familiar cada vez más inalcanzable.
Lo más importante no es lo que enfrenta a la Sociedad Rural con Cristina sino lo que tienen en común.
En ambos actos, dominan los intereses del capital sojero, de los fondos agrofinancieros y de los 'pool de siembra'.
Los intereses sociales que dominan en uno y otro polo los incapacita para resolver el más mínimo de los problemas que obstaculizan el desarrollo nacional y de los trabajadores.
Los que en Salta y en todo el país vivimos de nuestro trabajo debemos construir nuestra propia alternativa para ir por el salario igual al costo de la canasta familiar, el 82% móvil para los jubilados, para la implementación de un masivo plan de viviendas populares.
Se trata de una alternativa Obrera y Socialista y de la construcción de un gran Partido Obrero para luchar por ella.
PARTIDO OBRERO
Comité provincial de Salta
Para comunicarse:
Claudio del Plá - (0387) 155-008604
Cristina llega el domingo a Salta huyendo de los centros del poder político en donde seguro habría habido grandes movilizaciones opositoras.
Trae un público cautivo que se asegura con el cachet que paga a los artistas más populares y con la patota de Delía, Moyano y cía.
¿Habrá elegido Salta por ser símbolo de su "modelo productivo"?
Entonces tendrá que explicar porqué el modelo sojero salteño, que exporta mil millones al año, nos ha sumido en la pobreza y está despoblando el campo y obligando a los hijos de los campesino a emigrar a los asentamientos pobres de las ciudades .
Tendrá que explicar porqué su "pollo" Urtubey, que dijo que venía supuestamente a terminar con los atropellos del romerismo, aplica la misma represión contra los vecinos asentados para defender a los especuladores inmobiliarios frente a un déficit de vivienda que supera las 30000 en toda la provincia.
Tendrá que explicar también porqué los obreros de las agroindustrias como El tabacal y ahora los del Ingenio San Isidro tienen salarios básicos por debajo de mil pesos y cuando apelan a huelgas y piquetes para enfrentar esta miseria son perseguidos por la policía y la justicia.
Lo que es seguro es que Cristina no llega Salta para traer soluciones para el 45% de los salteños que vive por debajo de la línea de pobreza o las miles de familias que luchan por un terreno o una vivienda.
El otro acto, el de la sociedad Rural y los patrones del campo será en Rosario, en Santa Fe
Allí, los patrones del campo van a reclamar, junto al resto del capitalismo sojero, el derecho al precio internacional pleno de la soja, que se ha ido por las nubes como consecuencia de una especulación internacional que afecta al conjunto de las materias primas. En tal caso, los consumidores pagaremos la factura de la renta agraria más elevada de la historia argentina, la pagaremos con más carestía y con una canasta familiar cada vez más inalcanzable.
Lo más importante no es lo que enfrenta a la Sociedad Rural con Cristina sino lo que tienen en común.
En ambos actos, dominan los intereses del capital sojero, de los fondos agrofinancieros y de los 'pool de siembra'.
Los intereses sociales que dominan en uno y otro polo los incapacita para resolver el más mínimo de los problemas que obstaculizan el desarrollo nacional y de los trabajadores.
Los que en Salta y en todo el país vivimos de nuestro trabajo debemos construir nuestra propia alternativa para ir por el salario igual al costo de la canasta familiar, el 82% móvil para los jubilados, para la implementación de un masivo plan de viviendas populares.
Se trata de una alternativa Obrera y Socialista y de la construcción de un gran Partido Obrero para luchar por ella.
PARTIDO OBRERO
Comité provincial de Salta
Para comunicarse:
Claudio del Plá - (0387) 155-008604
ALTAMIRA Y PITROLA DESMIENTEN A ALBERTO FERNANDEZ
El Jefe de Gabinete Alberto Fernández, mintió diciendo que desde "Carrió hasta Altamira y desde Macri hasta Pitrola" concurren al acto de Rosario.
Alberto Fernández se reitera en involucrar al Partido Obrero en el apoyo al paro rural porque denunciamos con todas las letras que el acto de Salta representa los mismos intereses sojeros que el de Rosario. Así lo demuestra la tala indiscriminada de bosques y montes para extender la frontera sojera salteña, expulsando campesinos y poblaciones originarias, al punto que ya la provincia exporta casi mil millones de dólares del "yuyo", tal como señala el comunicado de Prensa que emitimos en el día de ayer.
El golpeado Jefe de Gabinete nos ataca porque hemos dicho negro sobre blanco para qué usan las retenciones: para pagar deuda externa y comprar dólares con el objetivo de sostener artificialmente el precio de esa moneda, alimentando la política inflacionaria en curso contra el bolsillo del pueblo argentino.
El Partido Obrero no concurre a Rosario como tampoco a Salta, dos actos donde se defenderán los intereses de la patria sojera contra los trabajadores.
Néstor Pitrola
Jorge Altamira
Alberto Fernández se reitera en involucrar al Partido Obrero en el apoyo al paro rural porque denunciamos con todas las letras que el acto de Salta representa los mismos intereses sojeros que el de Rosario. Así lo demuestra la tala indiscriminada de bosques y montes para extender la frontera sojera salteña, expulsando campesinos y poblaciones originarias, al punto que ya la provincia exporta casi mil millones de dólares del "yuyo", tal como señala el comunicado de Prensa que emitimos en el día de ayer.
El golpeado Jefe de Gabinete nos ataca porque hemos dicho negro sobre blanco para qué usan las retenciones: para pagar deuda externa y comprar dólares con el objetivo de sostener artificialmente el precio de esa moneda, alimentando la política inflacionaria en curso contra el bolsillo del pueblo argentino.
El Partido Obrero no concurre a Rosario como tampoco a Salta, dos actos donde se defenderán los intereses de la patria sojera contra los trabajadores.
Néstor Pitrola
Jorge Altamira
La Patria Sojera celebra en Rosario y también en Salta
Declaraciones de Jorge Altamira
Con referencia a los actos previstos para el próximo 25 de Mayo, Jorge Altamira opinó que lo más importante no es lo que los separa sino lo que tienen en común. “En ambos actos, señaló el líder del PO, dominan los intereses del capital sojero, de los fondos agrofinancieros y de los ‘pool de siembra’.
“En Rosario, graficó Altamira, la Sociedad Rural tendrá el raro privilegio de encabezar un acto masivo. Lo hará para reclamar, junto al resto del capitalismo sojero, el derecho al precio internacional pleno de la soja, que se ha ido por las nubes como consecuencia de una especulación internacional que afecta al conjunto de las materias primas. En tal caso, agregó, los consumidores deberán pagar la factura de la renta agraria más elevada de la historia argentina”.
“¿Y qué decir de Salta, se interroga Altamira, donde se hará presente la Presidenta de la Nación?”.
“Cristina de Kirchner, responde, va a allí para festejar con el gobernador Urtubey, el cual con Romero y después de Romero ha convertido a Salta en el paraíso del desmonte y tala de bosques, y en el infierno de la expulsión de indígenas y criollos, para permitir la expansión de la frontera sojera, al punto que ya exporta casi mil millones de dólares del grano, el equivalente al presupuesto de la provincia, sin que por eso el pueblo de Salta haya visto mejorar su condición en la más mínimo”.
La conclusión del dirigente del Partido Obrero es que “los intereses sociales que dominan en uno y otro polo los incapacita para resolver el más mínimo de los problemas que obstaculizan el desarrollo nacional y de los trabajadores. Los sectores populares que aun guardan alguna expectativa en el gobierno y aquellos que la confían en el bloque capitalista rural, las verán defraudadas en un lapso muy corto, como ya ha ocurrido con experiencias históricas similares”.
Con referencia a los actos previstos para el próximo 25 de Mayo, Jorge Altamira opinó que lo más importante no es lo que los separa sino lo que tienen en común. “En ambos actos, señaló el líder del PO, dominan los intereses del capital sojero, de los fondos agrofinancieros y de los ‘pool de siembra’.
“En Rosario, graficó Altamira, la Sociedad Rural tendrá el raro privilegio de encabezar un acto masivo. Lo hará para reclamar, junto al resto del capitalismo sojero, el derecho al precio internacional pleno de la soja, que se ha ido por las nubes como consecuencia de una especulación internacional que afecta al conjunto de las materias primas. En tal caso, agregó, los consumidores deberán pagar la factura de la renta agraria más elevada de la historia argentina”.
“¿Y qué decir de Salta, se interroga Altamira, donde se hará presente la Presidenta de la Nación?”.
“Cristina de Kirchner, responde, va a allí para festejar con el gobernador Urtubey, el cual con Romero y después de Romero ha convertido a Salta en el paraíso del desmonte y tala de bosques, y en el infierno de la expulsión de indígenas y criollos, para permitir la expansión de la frontera sojera, al punto que ya exporta casi mil millones de dólares del grano, el equivalente al presupuesto de la provincia, sin que por eso el pueblo de Salta haya visto mejorar su condición en la más mínimo”.
La conclusión del dirigente del Partido Obrero es que “los intereses sociales que dominan en uno y otro polo los incapacita para resolver el más mínimo de los problemas que obstaculizan el desarrollo nacional y de los trabajadores. Los sectores populares que aun guardan alguna expectativa en el gobierno y aquellos que la confían en el bloque capitalista rural, las verán defraudadas en un lapso muy corto, como ya ha ocurrido con experiencias históricas similares”.
22 de mayo de 2008
¡¡NO AL AUMENTO DEL COSPEL!! Lo necesario es posible ...
NO AL AUMENTO DEL COSPEL
POR UN TRANSPORTE
PÚBLICO Y POPULAR
MARCHAMOS:
VIERNES 23/05 - 10 HORAS
DESDE COLÓN Y GRAL. PAZ
¡¡¡SUMATE QUE PODEMOS PARARLO!!!
VECINOS, TRABAJADORES Y ESTUDIANTES DE CÓRDOBA
Lo necesario es posible
Invita: OJO OBRERO
ojoobrero.cba@hotmail.com
POR UN TRANSPORTE
PÚBLICO Y POPULAR
MARCHAMOS:
VIERNES 23/05 - 10 HORAS
DESDE COLÓN Y GRAL. PAZ
¡¡¡SUMATE QUE PODEMOS PARARLO!!!
VECINOS, TRABAJADORES Y ESTUDIANTES DE CÓRDOBA
Lo necesario es posible
Invita: OJO OBRERO
ojoobrero.cba@hotmail.com
Aumento del boleto de transporte urbano
PFENING INTENDENTE
"La Fetap, el intendente y los concejales del FCyS han acordado una "salida" a la crisis planteada por el precio del boleto en el Transporte Urbano de Pasajeros. La "solución" sale enteramente del bolsillo de la población vía el aumento del cospel, o vía la entrega de fondos del municipio a las empresas. Los único que se busca con esto es sostenerles las ganancias a las empresas. La población verá golpeados sus bolsillos para que dos empresas (Ciudad de Córdoba y Coniferal) mantengan actualizados los 10 millones de pesos al año de ganancia limpia" declaró Manuel D`alessandro, dirigente del Partido Obrero.
También afirmó: "Es falso que el aumento, como anunció Pfening, irá destinado a la renovación de la flota, ya que actualmente se recaudan 12 millones de pesos en concepto de Fondo de Renovación de flota, lo que permitiría incorporar mas de 70 unidades nuevas al año y no lo han hecho".
Giacomino acaba de anunciar que reducirá el deficit de la Tamse atacando las condiciones de trabajo de los empleados muncipales. ¿De qué déficit habla Giacomino?.
El Partido Obrero llama a movilizarse el próximo viernes a las 10 horas, concentrándose en Colón y Gral. Paz contra el aumento del boleto, para que se abran los libros de las empresas, incluidos los de la Tamse, y se municipalice el servicio de transporte urbano de pasajeros bajo control de trabajadores y vecinos.
Comuníquese con Manuel D`alessandro (0351) 155-078317
"La Fetap, el intendente y los concejales del FCyS han acordado una "salida" a la crisis planteada por el precio del boleto en el Transporte Urbano de Pasajeros. La "solución" sale enteramente del bolsillo de la población vía el aumento del cospel, o vía la entrega de fondos del municipio a las empresas. Los único que se busca con esto es sostenerles las ganancias a las empresas. La población verá golpeados sus bolsillos para que dos empresas (Ciudad de Córdoba y Coniferal) mantengan actualizados los 10 millones de pesos al año de ganancia limpia" declaró Manuel D`alessandro, dirigente del Partido Obrero.
También afirmó: "Es falso que el aumento, como anunció Pfening, irá destinado a la renovación de la flota, ya que actualmente se recaudan 12 millones de pesos en concepto de Fondo de Renovación de flota, lo que permitiría incorporar mas de 70 unidades nuevas al año y no lo han hecho".
Giacomino acaba de anunciar que reducirá el deficit de la Tamse atacando las condiciones de trabajo de los empleados muncipales. ¿De qué déficit habla Giacomino?.
El Partido Obrero llama a movilizarse el próximo viernes a las 10 horas, concentrándose en Colón y Gral. Paz contra el aumento del boleto, para que se abran los libros de las empresas, incluidos los de la Tamse, y se municipalice el servicio de transporte urbano de pasajeros bajo control de trabajadores y vecinos.
Comuníquese con Manuel D`alessandro (0351) 155-078317
LA POBREZA KIRCHNERISTA
"Está fuera de discusión el aumento de dos millones de pobres en el último año, contra toda afirmación de la presidenta; es resultado de una canasta alimentaria básica, de pobreza, que trepó a $1.550, según una fuente tan insospechable como la oficialista UOM que por ese motivo pide ese importe para el peón", refutó Néstor Pitrola.
"El punto, -continuó Pitrola-, es que la nueva pobreza kirchnerista incluye a millones de trabajadores ocupados, que están en negro y aún convencionados. Son ellos quienes pasaron a engrosar las filas de los once millones de pobres, como resultado de la inflación galopante en alimentos y en vivienda". "Esa carestía se agravará aún más luego del pacto con la patronal agraria y los tarifazos en curso con las privatizadas".
"Contra el hambre y la pobreza, el Polo Obrero plantea un salario mínimo equivalente a la canasta familiar, blanqueo de todos los trabajadores, respeto a la jornada laboral, plan masivo de viviendas populares mediante bolsas de trabajo y bajo convenio, subsidio al desocupado del 70% del salario mínimo vital y móvil, apertura de libros a empresas formadoras para un control popular de precios y tarifas, asistencia alimentaria con control nutricional bajo gestión de los trabajadores en todos los comedores escolares y comunitarios", finalizó el dirigente del Polo Obrero.
Por la Mesa Nacional del Polo Obrero
Néstor Pitrola - Guillermo Kane
"El punto, -continuó Pitrola-, es que la nueva pobreza kirchnerista incluye a millones de trabajadores ocupados, que están en negro y aún convencionados. Son ellos quienes pasaron a engrosar las filas de los once millones de pobres, como resultado de la inflación galopante en alimentos y en vivienda". "Esa carestía se agravará aún más luego del pacto con la patronal agraria y los tarifazos en curso con las privatizadas".
"Contra el hambre y la pobreza, el Polo Obrero plantea un salario mínimo equivalente a la canasta familiar, blanqueo de todos los trabajadores, respeto a la jornada laboral, plan masivo de viviendas populares mediante bolsas de trabajo y bajo convenio, subsidio al desocupado del 70% del salario mínimo vital y móvil, apertura de libros a empresas formadoras para un control popular de precios y tarifas, asistencia alimentaria con control nutricional bajo gestión de los trabajadores en todos los comedores escolares y comunitarios", finalizó el dirigente del Polo Obrero.
Por la Mesa Nacional del Polo Obrero
Néstor Pitrola - Guillermo Kane
LA PLAZA DE LA RURAL
Nota de tapa de Prensa Obrera Nº 1038
La semana pasada, el videliano Laureano Miguens seguramente no podía creer lo que estaba viviendo: nada menos que él saludaba desde el balcón de la casa de gobierno de Santa Fe a más de quince mil personas que lo vitoreaban, mientras esperaba el inicio de la reunión de las entidades agrarias con Binner.
La escena no solamente retrata las limitaciones impopulares, insalvables, del movimiento agrario que animan los autoconvocados del campo y los chacareros de la soja, en un frente único con los llamados 'pools de siembra' y los terratenientes.
Ilumina, por sobre todo, el carácter del 'modelo productivo' del kirchnerismo, que mientras enriqueció como nunca antes a los monopolios vinculados con las exportaciones, ha dejado a los pueblos del interior en la miseria, a merced de los agentes económicos y políticos de sus propios explotadores.
Con trabajos en negro, salarios inferiores al mínimo nacional, infraestructuras sanitarias y educativas en ruinas, contaminación del aire y del suelo, y un pavoroso panorama de viviendas.
El balcón de la Rural deja al descubierto la charlatanería de los intelectuales imposibles del oficialismo acerca de la redistribución de los ingresos.
No hay nada más eficaz para devolverle lustre a la derecha o a la oligarquía que un par de años de gobierno 'progre' o nacional y popular; es decir, capitalista.
Bastaron dos años de 'progres' en Italia para que volviera Berlusconi al gobierno, pero esta vez acompañado por la Camorra siciliana.
Pero al "país federal", que de acuerdo con la demagogia de los patrones de la soja solucionaría estos problemas, los trabajadores del interior lo conocen de sobra, pues no ha habido mayores saqueadores de los fondos públicos que los gobernadores.
Los Reutemann, los Cobos (vicepresidente del kirchnerismo), los Bussi, los Palito Ortega, los Kirchner, los Brizuela, los Rozas, los Menem, los De la Sota, los Romero, los Duhalde, Ruckauf y Solá.
Los que vaciaron varias veces los bancos provinciales para regalarlos a los Eskenazi, Britos, Werthein, Elsztain, Soros no son precisamente una salida para el pueblo.
El "país federal" es un calco del "país unitario": la caja de los grandes capitalistas. Que digan lo contrario las grandes industrias –agrícolas y no agrícolas–, y los puertos privados de la ribera santafesina del Paraná.
El próximo 25 de mayo, en Rosario, gracias a una idea que se le atribuye a la abogada de los 'pool de siembra', María Cristina Alarcón, los autoconvocados de bombacha y poncho compartirán tribuna con los garcas de la Rural y con la Coninagro de los SanCor, o sea con los explotadores de los tamberos y de los pequeños productores.
La compartirán también con la Iglesia argentina de los Bussi –no Buzzi–, para demostrarle a Ratzinger que el oscurantismo y la represión espiritual se encuentran a buen resguardo en Argentina y para asegurar, 'urbi et orbi', que el campo argentino es 'occidental y cristiano'.
Pero ni la Rural en Rosario –aunque la acompañe el socialismo de los 'pool de siembra'–, ni Cristina Kirchner en su autoexilio en Salta, aportarán a la solución de las necesidades populares.
Las masas del campo y de la ciudad tendrán oportunidad de comprobarlo otra vez con inusitada velocidad.
También podrán comprobar que no solamente entre los grandes explotadores se cuecen habas y se producen nuevos desplazamientos y recambios.
En las filas obreras y campesinas se van gestando igualmente grandes novedades, entre una burocracia sindical que se hunde en el desprestigio y se quiebra inexorablemente, y una nueva generación de luchadores obreros con gran vocación de acabar con ella y construir un dirección política nueva y revolucionaria en Argentina.
La semana pasada, el videliano Laureano Miguens seguramente no podía creer lo que estaba viviendo: nada menos que él saludaba desde el balcón de la casa de gobierno de Santa Fe a más de quince mil personas que lo vitoreaban, mientras esperaba el inicio de la reunión de las entidades agrarias con Binner.
La escena no solamente retrata las limitaciones impopulares, insalvables, del movimiento agrario que animan los autoconvocados del campo y los chacareros de la soja, en un frente único con los llamados 'pools de siembra' y los terratenientes.
Ilumina, por sobre todo, el carácter del 'modelo productivo' del kirchnerismo, que mientras enriqueció como nunca antes a los monopolios vinculados con las exportaciones, ha dejado a los pueblos del interior en la miseria, a merced de los agentes económicos y políticos de sus propios explotadores.
Con trabajos en negro, salarios inferiores al mínimo nacional, infraestructuras sanitarias y educativas en ruinas, contaminación del aire y del suelo, y un pavoroso panorama de viviendas.
El balcón de la Rural deja al descubierto la charlatanería de los intelectuales imposibles del oficialismo acerca de la redistribución de los ingresos.
No hay nada más eficaz para devolverle lustre a la derecha o a la oligarquía que un par de años de gobierno 'progre' o nacional y popular; es decir, capitalista.
Bastaron dos años de 'progres' en Italia para que volviera Berlusconi al gobierno, pero esta vez acompañado por la Camorra siciliana.
Pero al "país federal", que de acuerdo con la demagogia de los patrones de la soja solucionaría estos problemas, los trabajadores del interior lo conocen de sobra, pues no ha habido mayores saqueadores de los fondos públicos que los gobernadores.
Los Reutemann, los Cobos (vicepresidente del kirchnerismo), los Bussi, los Palito Ortega, los Kirchner, los Brizuela, los Rozas, los Menem, los De la Sota, los Romero, los Duhalde, Ruckauf y Solá.
Los que vaciaron varias veces los bancos provinciales para regalarlos a los Eskenazi, Britos, Werthein, Elsztain, Soros no son precisamente una salida para el pueblo.
El "país federal" es un calco del "país unitario": la caja de los grandes capitalistas. Que digan lo contrario las grandes industrias –agrícolas y no agrícolas–, y los puertos privados de la ribera santafesina del Paraná.
El próximo 25 de mayo, en Rosario, gracias a una idea que se le atribuye a la abogada de los 'pool de siembra', María Cristina Alarcón, los autoconvocados de bombacha y poncho compartirán tribuna con los garcas de la Rural y con la Coninagro de los SanCor, o sea con los explotadores de los tamberos y de los pequeños productores.
La compartirán también con la Iglesia argentina de los Bussi –no Buzzi–, para demostrarle a Ratzinger que el oscurantismo y la represión espiritual se encuentran a buen resguardo en Argentina y para asegurar, 'urbi et orbi', que el campo argentino es 'occidental y cristiano'.
Pero ni la Rural en Rosario –aunque la acompañe el socialismo de los 'pool de siembra'–, ni Cristina Kirchner en su autoexilio en Salta, aportarán a la solución de las necesidades populares.
Las masas del campo y de la ciudad tendrán oportunidad de comprobarlo otra vez con inusitada velocidad.
También podrán comprobar que no solamente entre los grandes explotadores se cuecen habas y se producen nuevos desplazamientos y recambios.
En las filas obreras y campesinas se van gestando igualmente grandes novedades, entre una burocracia sindical que se hunde en el desprestigio y se quiebra inexorablemente, y una nueva generación de luchadores obreros con gran vocación de acabar con ella y construir un dirección política nueva y revolucionaria en Argentina.
19 de mayo de 2008
UN FALLO QUE LEGITIMA EL TRABAJO SEMI ESCLAVO
El fallo del juez Oyarbide, absolviendo a los dueños de Soho por la utilización de trabajo esclavo en la confección de sus vestimentas, es una provocación contra quienes trabajan en este país en condiciones de superexplotación y esclavitud.
Según el juez, esas condiciones semiesclavas son "Costumbres y pautas culturales de los pueblos originarios del altiplano boliviano, de donde proviene la mayoría de los talleristas y costureros". No niega el delito, sino que pretende justificarlo. En Argentina, y también en Bolivia, esas supuestas "pautas" opresivas han sido superadas por la organización colectiva de los trabajadores, y luego reconocidas por el Estado. Esas conquistas son negadas por la práctica cotidiana de grandes empresas textiles, con la complicidad del gobierno y, ahora, de la justicia.
El juicio iniciado por la Unión de Costureros y por la Defensoría del Pueblo no afecta solamente la utilización de trabajo esclavo por parte de empresas como Soho. Pone de relieve las relaciones laborales practicadas por la patronal agraria e industrial de este país. Recientemente, Ignacio de Mendiguren, presidente de la Cámara de la Indumentaria y vice de la Unión Industrial, reconoció que el 78% de la fuerza laboral de su "sector" se encuentra en negro. Lo mismo ocurre en el trabajo rural, donde los terratenientes abusan de niños y someten a mujeres, prácticas que los juzgados del norte del país defienden también en nombre de inexistentes "prácticas culturales".
"Denunciamos este fallo antiobrero, y la complicidad del Ministerio de Trabajo de la Nación, que promueve una modificación de la ley de trabajo domiciliario que otorga a las patronales una mayor impunidad".
Marcelo Ramal – Vanina Biasi
Según el juez, esas condiciones semiesclavas son "Costumbres y pautas culturales de los pueblos originarios del altiplano boliviano, de donde proviene la mayoría de los talleristas y costureros". No niega el delito, sino que pretende justificarlo. En Argentina, y también en Bolivia, esas supuestas "pautas" opresivas han sido superadas por la organización colectiva de los trabajadores, y luego reconocidas por el Estado. Esas conquistas son negadas por la práctica cotidiana de grandes empresas textiles, con la complicidad del gobierno y, ahora, de la justicia.
El juicio iniciado por la Unión de Costureros y por la Defensoría del Pueblo no afecta solamente la utilización de trabajo esclavo por parte de empresas como Soho. Pone de relieve las relaciones laborales practicadas por la patronal agraria e industrial de este país. Recientemente, Ignacio de Mendiguren, presidente de la Cámara de la Indumentaria y vice de la Unión Industrial, reconoció que el 78% de la fuerza laboral de su "sector" se encuentra en negro. Lo mismo ocurre en el trabajo rural, donde los terratenientes abusan de niños y someten a mujeres, prácticas que los juzgados del norte del país defienden también en nombre de inexistentes "prácticas culturales".
"Denunciamos este fallo antiobrero, y la complicidad del Ministerio de Trabajo de la Nación, que promueve una modificación de la ley de trabajo domiciliario que otorga a las patronales una mayor impunidad".
Marcelo Ramal – Vanina Biasi
DECLARACIONES DE CHÁVEZ CONFIRMAN DENUNCIAS DE ALTAMIRA SOBRE TECHINT
Días atrás, el dirigente del PO Jorge Altamira señaló que la "nacionalización" de Sidor por parte de Chávez no era tal, sino "un pacto de negocios entre Techint y el estado venezolano" (Prensa Obrera No 1037). Ello porque el pulpo Techint continuará participando del capital accionario de la empresa y de su gestión, preservando la unidad operativa de su emporio siderúrgico.
Cuatro días después, Chavez declaró a "La Nación"(17/5) que "con Sidor no pasó nada grave…con Rocca, somos socios. Queremos que el grupo de Paolo siga operando en Venezuela".
Antes estas declaraciones, el dirigente del PO señaló: "Queda claro que la nacionalización de Sidor es un fraude. Después de las presiones de Techint sobre los Kirchner, se llega a este nuevo pacto de los Rocca con Chávez. Un pacto que revela a qué intereses sociales sirven las `relaciones bilaterales´ entre los dos gobiernos. Si Argentina todavía puede seguir colocando deuda externa en Venezuela, es porque el gobierno kirchnerista es un agente de los pulpos capitalistas que operan en el país".
Cuatro días después, Chavez declaró a "La Nación"(17/5) que "con Sidor no pasó nada grave…con Rocca, somos socios. Queremos que el grupo de Paolo siga operando en Venezuela".
Antes estas declaraciones, el dirigente del PO señaló: "Queda claro que la nacionalización de Sidor es un fraude. Después de las presiones de Techint sobre los Kirchner, se llega a este nuevo pacto de los Rocca con Chávez. Un pacto que revela a qué intereses sociales sirven las `relaciones bilaterales´ entre los dos gobiernos. Si Argentina todavía puede seguir colocando deuda externa en Venezuela, es porque el gobierno kirchnerista es un agente de los pulpos capitalistas que operan en el país".
Comunicado del Ojo Obrero: ASAMBLEA de CINE (UNC)
El Ojo Obrero y la Unión de Juventudes por el Socialismo convocan a los estudiantes de la carrera de Cine de la Escuela de Artes de la UNC a participar de la asamblea que se llevará cabo el martes 20/05, a partir de las 16:30 horas, en el Pabellón Francia Anexo.
"ASAMBLEA de CINE: Frente a la falta de cámaras, fotómetros, docentes y aulas para cursar y rendir ... ¡¡¡Vamos por TODO!!!" ...
Ojo Obrero-UJS
15 de mayo de 2008
PETITORIO EN RECHAZO AL AUMENTO DEL COSPEL
Nota presentada a la presidenta provisoria del Concejo Deliberante, concejala Laura Ortiz, por las organizaciones que se movilizaron el pasado martes 13/05.
*************************************
Vecinos, representantes de organizaciones sociales, vecinales, estudiantiles, políticas y sindicales de la Ciudad de Córdoba nos manifestamos para rechazar el anunciado aumento del cospel, en virtud de lo siguiente:
Es imposible para los usuarios del sistema público de transporte absorber un aumento de la tarifa, ya que el alza de los precios de los componentes de la canasta básica alimentaria, de los costos de la vivienda, de la salud y de la educación, no ha sido compensada con un aumento de salarios proporcional a la misma. La mayor parte de los usuarios son trabajadores asalariados, o estudiantes de familia de trabajadores, por lo que el aumento proyectado afecta directamente el nivel de vida de una inmensa mayoría de la población.
Es falso que un aumento del cospel servirá para mejorar la situación financiera del municipio ya que el proyecto de marco regulatorio enviado por el Departamento Ejecutivo prevé, además de dos aumentos anuales de la tarifa, la persistencia en la política de subsidios del municipio hacia las empresas del transporte e, incluso, la elevación de dichos montos.
El aumento proyectado sólo busca mejorar la rentabilidad empresaria. El marco regulatorio propuesto por el D.E declama en dos artículos seguidos la necesidad de que se les asegure a las empresas una “adecuada” rentabilidad, algo llamativo para un proyecto que en ningún otro artículo señala con igual claridad, por ejemplo, las características del servicio a ofrecer (frecuencias, recorrido, etc.).
El aumento proyectado no es en compensación a un mejoramiento del servicio, como lo revela el hecho de que el marco regulatorio aún no se ha discutido y no se resolverá antes de fijar una nueva tarifa. El intendente Daniel Giacomino había asegurado, cuando fue rechazado su proyecto anterior de elevación de la tarifa, que insistiría en un nuevo pedido de aumento con un nuevo marco aprobado. La realidad no es así, se insiste en el aumento sólo como una medida destinada a satisfacer los reclamos de la Fetap sin ninguna obligación de los empresarios a cambio.
Por todo lo expuesto reiteramos nuestro rechazo al aumento del cospel; el reclamo de una discusión abierta del marco regulatorio para expresar nuestra propuesta de municipalización total del servicio de transporte urbano.
Comuníquese con Eduardo Salas (0351) 155-477025
*************************************
Vecinos, representantes de organizaciones sociales, vecinales, estudiantiles, políticas y sindicales de la Ciudad de Córdoba nos manifestamos para rechazar el anunciado aumento del cospel, en virtud de lo siguiente:
Es imposible para los usuarios del sistema público de transporte absorber un aumento de la tarifa, ya que el alza de los precios de los componentes de la canasta básica alimentaria, de los costos de la vivienda, de la salud y de la educación, no ha sido compensada con un aumento de salarios proporcional a la misma. La mayor parte de los usuarios son trabajadores asalariados, o estudiantes de familia de trabajadores, por lo que el aumento proyectado afecta directamente el nivel de vida de una inmensa mayoría de la población.
Es falso que un aumento del cospel servirá para mejorar la situación financiera del municipio ya que el proyecto de marco regulatorio enviado por el Departamento Ejecutivo prevé, además de dos aumentos anuales de la tarifa, la persistencia en la política de subsidios del municipio hacia las empresas del transporte e, incluso, la elevación de dichos montos.
El aumento proyectado sólo busca mejorar la rentabilidad empresaria. El marco regulatorio propuesto por el D.E declama en dos artículos seguidos la necesidad de que se les asegure a las empresas una “adecuada” rentabilidad, algo llamativo para un proyecto que en ningún otro artículo señala con igual claridad, por ejemplo, las características del servicio a ofrecer (frecuencias, recorrido, etc.).
El aumento proyectado no es en compensación a un mejoramiento del servicio, como lo revela el hecho de que el marco regulatorio aún no se ha discutido y no se resolverá antes de fijar una nueva tarifa. El intendente Daniel Giacomino había asegurado, cuando fue rechazado su proyecto anterior de elevación de la tarifa, que insistiría en un nuevo pedido de aumento con un nuevo marco aprobado. La realidad no es así, se insiste en el aumento sólo como una medida destinada a satisfacer los reclamos de la Fetap sin ninguna obligación de los empresarios a cambio.
Por todo lo expuesto reiteramos nuestro rechazo al aumento del cospel; el reclamo de una discusión abierta del marco regulatorio para expresar nuestra propuesta de municipalización total del servicio de transporte urbano.
Comuníquese con Eduardo Salas (0351) 155-477025
SE REARMA EL FRENTE PATRONAL
Agrarios, industriales y banqueros
El gobierno del 45 por ciento de los votos se quedó sin resto.
El relanzamiento del partido justicialista resultó un soberano aborto: el malo de la película ni tomó el micrófono y, al final, las patotas que violan todos los días la democracia sindical volvieron a las trompadas.
El pejotismo reflejó el aislamiento del gobierno frente al conjunto de la patronal y los reclamos del capital agrario.
Este aislamiento expresa el agotamiento del ‘modelo productivo' de flexibilidad laboral y devaluación del salario.
Hasta los amigos del matrimonio que revistan en la Unión Industrial y en la Asociación de Bancos les dijeron que se bajen a pactar una reducción de las retenciones a las exportaciones agrícolas.
Lavagna les aconsejó que se conformaran con una retención tope.
Schiaretti, Reuteman, Solá, Busti y hasta Scioli se pasaron de lado.
Los especuladores le movieron el dólar y le sacaron 1500 millones de reservas en un par de días.
¿Cómo negarse a bajar las retenciones si las naftas van subiendo todos los días animadas por un guiño del gobierno?
Si el Banco Central vende dólares a futuro en Nueva York, ¿cómo resistir la demanda de los chacareros, de los terratenientes y de los pulpos de siembra para que se eliminen las retenciones móviles y se pueda volver a negociar en el llamado mercado de futuros?
"Mercado de futuros": se ha convertido en el sorprendente nuevo invento argentino y en la gran consigna ‘nacional y popular' de la rebelión agraria.
Es precisamente la especulación de los fondos financieros en esos mercados lo que llevó por las nubes los precios de los alimentos y creó una crisis mundial que afecta a los pueblos más pobres.
"Los Fondos de índices de materias primas controlan un récord de 125 millones de toneladas de maíz, trigo y soja mediante futuros que cotizan en el mercado de Chicago, equivalente a la mitad de la cantidad almacenada en los silos de Estados Unidos" (Ambito Financiero, 30/4).
"Estas compras hicieron que los precios de las cosechas y la volatilidad se dispararan a precios récords".
"La demanda de futuros sobrepasa a los precios en efectivo".
Vía libre al "mercado de futuros" fue, sin embargo, la promesa de Alberto Fernández hace diez días a los ruralistas y agraristas. También es la consigna con la que la Presidenta vuelve a llamar al ‘diálogo' y a recrear la ‘concertación plural'.
¡Naturalmente, la factura la pagará el pueblo!
¡La pagarán los campesinos que serán expulsados de la tierra por el avance del capital sojero!
La pagarán también todos esos pichones de capitalistas que se aliaron con la Sociedad Rural y los pulpos agro-financieros con el reclamo del ‘mercado de futuros', cuando los precios empiecen a retroceder y no tengan cómo hacer frente a la competencia de sus aliados.
En ese momento reclamarán que los defienda una Junta de Granos con el dinero de los trabajadores.
Se ha abierto una crisis política de orden general que los luchadores debemos aprovechar para organizarnos en una fuerza independiente masiva y para ganar para nuestra lucha a los explotados de la ciudad y del campo.
La consigna de la hora es: ajuste de salarios por inflación, que ninguna paritaria pacte por menos del 30%, que se reabran las paritarias que entregaron los convenios, que se convoquen asambleas y congresos de bases en todo el movimiento obrero.
----------------------------------------------------------
PROGRAMA:
Ajuste de salarios y jubilaciones por inflación, que ninguna paritaria pacte por menos del 30 %. Salario mínimo equivalente a la canasta familiar. Jubilación del 82% móvil.
Reapertura de las paritarias con delegados electos por la base.
Que se convoquen a asambleas y congresos de bases en todo el movimiento obrero.
Nacionalización de los bancos y de las AFJP, bajo control de los trabajadores.
Nacionalización de los pulpos agrarios, de los puertos privatizados y del comercio exterior, defensa de los campesinos contra las expulsiones de las sojeras.
Derogación de la ley del peón rural, vigente desde la dictadura
El gobierno del 45 por ciento de los votos se quedó sin resto.
El relanzamiento del partido justicialista resultó un soberano aborto: el malo de la película ni tomó el micrófono y, al final, las patotas que violan todos los días la democracia sindical volvieron a las trompadas.
El pejotismo reflejó el aislamiento del gobierno frente al conjunto de la patronal y los reclamos del capital agrario.
Este aislamiento expresa el agotamiento del ‘modelo productivo' de flexibilidad laboral y devaluación del salario.
Hasta los amigos del matrimonio que revistan en la Unión Industrial y en la Asociación de Bancos les dijeron que se bajen a pactar una reducción de las retenciones a las exportaciones agrícolas.
Lavagna les aconsejó que se conformaran con una retención tope.
Schiaretti, Reuteman, Solá, Busti y hasta Scioli se pasaron de lado.
Los especuladores le movieron el dólar y le sacaron 1500 millones de reservas en un par de días.
¿Cómo negarse a bajar las retenciones si las naftas van subiendo todos los días animadas por un guiño del gobierno?
Si el Banco Central vende dólares a futuro en Nueva York, ¿cómo resistir la demanda de los chacareros, de los terratenientes y de los pulpos de siembra para que se eliminen las retenciones móviles y se pueda volver a negociar en el llamado mercado de futuros?
"Mercado de futuros": se ha convertido en el sorprendente nuevo invento argentino y en la gran consigna ‘nacional y popular' de la rebelión agraria.
Es precisamente la especulación de los fondos financieros en esos mercados lo que llevó por las nubes los precios de los alimentos y creó una crisis mundial que afecta a los pueblos más pobres.
"Los Fondos de índices de materias primas controlan un récord de 125 millones de toneladas de maíz, trigo y soja mediante futuros que cotizan en el mercado de Chicago, equivalente a la mitad de la cantidad almacenada en los silos de Estados Unidos" (Ambito Financiero, 30/4).
"Estas compras hicieron que los precios de las cosechas y la volatilidad se dispararan a precios récords".
"La demanda de futuros sobrepasa a los precios en efectivo".
Vía libre al "mercado de futuros" fue, sin embargo, la promesa de Alberto Fernández hace diez días a los ruralistas y agraristas. También es la consigna con la que la Presidenta vuelve a llamar al ‘diálogo' y a recrear la ‘concertación plural'.
¡Naturalmente, la factura la pagará el pueblo!
¡La pagarán los campesinos que serán expulsados de la tierra por el avance del capital sojero!
La pagarán también todos esos pichones de capitalistas que se aliaron con la Sociedad Rural y los pulpos agro-financieros con el reclamo del ‘mercado de futuros', cuando los precios empiecen a retroceder y no tengan cómo hacer frente a la competencia de sus aliados.
En ese momento reclamarán que los defienda una Junta de Granos con el dinero de los trabajadores.
Se ha abierto una crisis política de orden general que los luchadores debemos aprovechar para organizarnos en una fuerza independiente masiva y para ganar para nuestra lucha a los explotados de la ciudad y del campo.
La consigna de la hora es: ajuste de salarios por inflación, que ninguna paritaria pacte por menos del 30%, que se reabran las paritarias que entregaron los convenios, que se convoquen asambleas y congresos de bases en todo el movimiento obrero.
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PROGRAMA:
Ajuste de salarios y jubilaciones por inflación, que ninguna paritaria pacte por menos del 30 %. Salario mínimo equivalente a la canasta familiar. Jubilación del 82% móvil.
Reapertura de las paritarias con delegados electos por la base.
Que se convoquen a asambleas y congresos de bases en todo el movimiento obrero.
Nacionalización de los bancos y de las AFJP, bajo control de los trabajadores.
Nacionalización de los pulpos agrarios, de los puertos privatizados y del comercio exterior, defensa de los campesinos contra las expulsiones de las sojeras.
Derogación de la ley del peón rural, vigente desde la dictadura
13 de mayo de 2008
Ante el paro y la movilización de docentes y empleados públicos del 14/05
DECLARACIÓN DEL PARTIDO OBRERO DE CÓRDOBA
HAY QUE FIJAR UN MONTO AL RECLAMO:
50% DE EMERGENCIA
HAY QUE FIJAR UN MÉTODO PARA CONSEGUIRLO:
ASAMBLEAS GENERALES
Algo está claro: No faltan motivos para ir a la lucha. La canasta básica alimentaria aumentó un 30% en los primeros 90 días del año. Sumemos los aumentos de los alquileres, la ropa, la salud y los tarifazos (¡cospel!) y tenemos cartón lleno.
Lo que no está claro es qué reclaman Pihén, Nebreda y cía. Dicen que no aceptan la oferta del gobierno, pero no dicen cuál es la propuesta de ellos. Y lo que es peor, tampoco han convocado a los trabajadores para que digamos qué es lo pretendemos con nuestra lucha.
Con esta política cualquier plan de lucha es una ficción, que sólo sirve para dejar las manos libres a los dirigentes del SEP y la UEPC, en este caso, a que acepten lo que ellos quieran.
La pelea entre los grupos capitalistas por quedarse con el botín puso de relieve la crisis que envuelve a los gobiernos como resultado del fracaso de su política económica.
Esta crisis no puede ni debe ser pagada por los trabajadores que todavía seguimos pagando el derrumbe de la convertibilidad. Frente a ella alcemos nuestro propio programa de acción:
• 50% emergencia. Sueldo mínimo igual a la canasta familiar
• Ni un peso en negro. 82% móvil para los jubilados
• No a la modificación del cálculo del haber jubilatorio. Vigencia plena de la 8024
• Asambleas generales para decidir
HAY QUE FIJAR UN MONTO AL RECLAMO:
50% DE EMERGENCIA
HAY QUE FIJAR UN MÉTODO PARA CONSEGUIRLO:
ASAMBLEAS GENERALES
Algo está claro: No faltan motivos para ir a la lucha. La canasta básica alimentaria aumentó un 30% en los primeros 90 días del año. Sumemos los aumentos de los alquileres, la ropa, la salud y los tarifazos (¡cospel!) y tenemos cartón lleno.
Lo que no está claro es qué reclaman Pihén, Nebreda y cía. Dicen que no aceptan la oferta del gobierno, pero no dicen cuál es la propuesta de ellos. Y lo que es peor, tampoco han convocado a los trabajadores para que digamos qué es lo pretendemos con nuestra lucha.
Con esta política cualquier plan de lucha es una ficción, que sólo sirve para dejar las manos libres a los dirigentes del SEP y la UEPC, en este caso, a que acepten lo que ellos quieran.
La pelea entre los grupos capitalistas por quedarse con el botín puso de relieve la crisis que envuelve a los gobiernos como resultado del fracaso de su política económica.
Esta crisis no puede ni debe ser pagada por los trabajadores que todavía seguimos pagando el derrumbe de la convertibilidad. Frente a ella alcemos nuestro propio programa de acción:
• 50% emergencia. Sueldo mínimo igual a la canasta familiar
• Ni un peso en negro. 82% móvil para los jubilados
• No a la modificación del cálculo del haber jubilatorio. Vigencia plena de la 8024
• Asambleas generales para decidir
12 de mayo de 2008
Pedido de informes sobre la situación de los planes de vivienda
El Bloque del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) presentó un pedido de informes sobre la situación de los planes de vivienda.
Al respecto Eduardo Salas declaró: "Queremos que se diga con todas las letras cuál es la situación y qué piensa hacer el gobierno provincial frente a una demora que está provocando graves problemas a la población. En Córdoba 330 mil familias no tienen vivienda propia, o sea, la mitad de la población está afectada por este problema, los planes de viviendas presentados no cubren ni de lejos este déficit, pero además tienen un atraso que agrava la situación. Mientras los beneficiarios de los mismos pagan subas geométricas de alquileres o viven hacinados con otros familiares, algo insostenible, cuando los fondos existen y fueron votados por el congreso nacional. El Estado debe hacerse cargo de una necesidad, que según una última encuesta es el tercer tema de preocupación de la población".
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Dirigirse al Poder Ejecutivo en los términos del artículo 102 de la Constitución de la Provincia, con el objeto de solicitar envíe informe a esta Cámara, en el plazo de 10 días respecto a los siguientes aspectos referidos a la actuación del Poder Ejecutivo Provincial en relación a la situación de los siguientes programas federales de construcción de viviendas:
- Programa Federal de Construcción de Viviendas (PFCV), conocido como Plan Federal I.
-Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas (PFCV2), conocido como Plan Federal II, en Córdoba denominado Programa "Hogar Clase Media".
1) ¿Cuál es el total de viviendas acordadas con el gobierno de la Nación tanto para el Plan Federal I como el II?
2) ¿Cuál es el presupuesto para cada uno de los programas a aportar por la Nación y por la provincia, y cuál es el avance presupuestario (financiero)?
3) De ambos programas, ¿cuántas viviendas se encuentran con firma a la fecha y cuántas se encuentran sin firma?
4) De las que cuentan con firma a la fecha, ¿cuál es el estado de avance? (a iniciarse, en ejecución, terminadas).
5) Las que no cuentan con firma a la fecha, ¿cuántas se encuentran licitadas y cuántas no?
6) ¿Qué porcentaje representan los mayores costos originados de los retrasos por envíos de fondos, en relación a los presupuestos originales?
7) ¿Cómo se atenderán los mayores costos originados en los retrasos en las obras?
8) ¿Qué acciones ha tomado la Provincia para evitar que la demora en la remisión de fondos de la Nación impacten en el plan de obras?
FUNDAMENTOS
El evidente retraso en la ejecución de los planes federales mencionados en el presente pedido de informe tiene un claro impacto social en una provincia cuyo déficit habitacional alcanza a 330 mil familias, es decir, aproximadamente a la mitad de su población.
Esta situación se ha reflejado en los permanentes reclamos de los beneficiarios del plan llamado "Hogar clase media" (correspondiente al Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas -PFCV2-), pero también en sectores del llamado Plan Federal I, el cual debía estar ejecutado plenamente hace un par de años.
La responsabilidad de la Nación en estos planes, cuyos fondos fueron aprobados por el Congreso de la Nación, no quita la imprescindible intervención del gobierno provincial en la resolución del déficit habitacional y más aun en la ejecución de un plan acordado.
El retraso en la ejecución de los planes genera mayores costos, cabe determinar claramente la responsabilidad en este retraso y por lo tanto quién se hará cargo de los mismos ya que no pueden ser pagados con una disminución de viviendas a realizarse, ni afectar la calidad de construcción, ni la ubicación de las mismas, ni trasladarse a los beneficiarios.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Al respecto Eduardo Salas declaró: "Queremos que se diga con todas las letras cuál es la situación y qué piensa hacer el gobierno provincial frente a una demora que está provocando graves problemas a la población. En Córdoba 330 mil familias no tienen vivienda propia, o sea, la mitad de la población está afectada por este problema, los planes de viviendas presentados no cubren ni de lejos este déficit, pero además tienen un atraso que agrava la situación. Mientras los beneficiarios de los mismos pagan subas geométricas de alquileres o viven hacinados con otros familiares, algo insostenible, cuando los fondos existen y fueron votados por el congreso nacional. El Estado debe hacerse cargo de una necesidad, que según una última encuesta es el tercer tema de preocupación de la población".
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Dirigirse al Poder Ejecutivo en los términos del artículo 102 de la Constitución de la Provincia, con el objeto de solicitar envíe informe a esta Cámara, en el plazo de 10 días respecto a los siguientes aspectos referidos a la actuación del Poder Ejecutivo Provincial en relación a la situación de los siguientes programas federales de construcción de viviendas:
- Programa Federal de Construcción de Viviendas (PFCV), conocido como Plan Federal I.
-Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas (PFCV2), conocido como Plan Federal II, en Córdoba denominado Programa "Hogar Clase Media".
1) ¿Cuál es el total de viviendas acordadas con el gobierno de la Nación tanto para el Plan Federal I como el II?
2) ¿Cuál es el presupuesto para cada uno de los programas a aportar por la Nación y por la provincia, y cuál es el avance presupuestario (financiero)?
3) De ambos programas, ¿cuántas viviendas se encuentran con firma a la fecha y cuántas se encuentran sin firma?
4) De las que cuentan con firma a la fecha, ¿cuál es el estado de avance? (a iniciarse, en ejecución, terminadas).
5) Las que no cuentan con firma a la fecha, ¿cuántas se encuentran licitadas y cuántas no?
6) ¿Qué porcentaje representan los mayores costos originados de los retrasos por envíos de fondos, en relación a los presupuestos originales?
7) ¿Cómo se atenderán los mayores costos originados en los retrasos en las obras?
8) ¿Qué acciones ha tomado la Provincia para evitar que la demora en la remisión de fondos de la Nación impacten en el plan de obras?
FUNDAMENTOS
El evidente retraso en la ejecución de los planes federales mencionados en el presente pedido de informe tiene un claro impacto social en una provincia cuyo déficit habitacional alcanza a 330 mil familias, es decir, aproximadamente a la mitad de su población.
Esta situación se ha reflejado en los permanentes reclamos de los beneficiarios del plan llamado "Hogar clase media" (correspondiente al Programa Federal Plurianual de Construcción de Viviendas -PFCV2-), pero también en sectores del llamado Plan Federal I, el cual debía estar ejecutado plenamente hace un par de años.
La responsabilidad de la Nación en estos planes, cuyos fondos fueron aprobados por el Congreso de la Nación, no quita la imprescindible intervención del gobierno provincial en la resolución del déficit habitacional y más aun en la ejecución de un plan acordado.
El retraso en la ejecución de los planes genera mayores costos, cabe determinar claramente la responsabilidad en este retraso y por lo tanto quién se hará cargo de los mismos ya que no pueden ser pagados con una disminución de viviendas a realizarse, ni afectar la calidad de construcción, ni la ubicación de las mismas, ni trasladarse a los beneficiarios.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Proyecto de adhesión a las Jornadas sobre la Reforma Universitaria de 1918 (Aprobado) - 16/04
Expte. 0414/L/08
EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
SU INTERÉS LEGISLATIVO y ADHESIÓN a las Octavas Jornadas Nacionales y Quintas Latinoamericanas: A 90 años de la Reforma Universitaria “La Universidad Pública: su compromiso con las luchas de los pueblos para construir sociedades justas y solidarias” organizadas por el Grupo de Trabajo Hacer la Historia y por la Escuela de Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, que se llevarán a cabo los días 16, 17 y 18 de octubre del corriente año en la Universidad Nacional de Córdoba.
FUNDAMENTOS
Estas Jornadas tienen un merecido reconocimiento en nuestro país y en el extranjero. A lo largo de quince años contaron con la presencia de nutridas delegaciones de estudiantes, docentes e investigadores no solo de Argentina sino de América Latina.
El propósito principal de estas Jornadas, teniendo en cuenta la particular coyuntura histórica de Argentina y América Latina, es aportar al desarrollo de lo mejor que la humanidad ha ido ensayando y proponiendo en su historia. Y A la vez contribuir al salvataje de la humanidad y a la recuperación del planeta de la destrucción y agresión de que son objeto por la oligarquía financiera trasnacional y sus socios.
Estos objetivos podrán hacerse realidad cuando sean los pueblos los que lleguen a tomar la dirección de la historia. Por ello, es necesario estudiar de qué manera se están expresando los pueblos, como actores fundamentales de la historia, y relacionar dialécticamente esas ricas experiencias con los saberes que podemos producir desde la educación en todos los niveles, esencialmente desde la Universidad.
Córdoba es la sede de este encuentro, en el marco de la conmemoración de la Reforma Universitaria de 1918 y como homenaje a la misma, están invitados a participar especialmente en estas Jornadas, además de representantes internacionales, organizaciones sociales, gremios y sindicatos de nuestro medio para recrear uno de los ejes fundamentales de la misma: el establecimiento del vínculo de lo científico con lo social.
Por la trascendencia y jerarquía de la actividad, dada por la temática y la participación de destacados especialistas en la materia, es que solicitamos la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
SU INTERÉS LEGISLATIVO y ADHESIÓN a las Octavas Jornadas Nacionales y Quintas Latinoamericanas: A 90 años de la Reforma Universitaria “La Universidad Pública: su compromiso con las luchas de los pueblos para construir sociedades justas y solidarias” organizadas por el Grupo de Trabajo Hacer la Historia y por la Escuela de Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, que se llevarán a cabo los días 16, 17 y 18 de octubre del corriente año en la Universidad Nacional de Córdoba.
FUNDAMENTOS
Estas Jornadas tienen un merecido reconocimiento en nuestro país y en el extranjero. A lo largo de quince años contaron con la presencia de nutridas delegaciones de estudiantes, docentes e investigadores no solo de Argentina sino de América Latina.
El propósito principal de estas Jornadas, teniendo en cuenta la particular coyuntura histórica de Argentina y América Latina, es aportar al desarrollo de lo mejor que la humanidad ha ido ensayando y proponiendo en su historia. Y A la vez contribuir al salvataje de la humanidad y a la recuperación del planeta de la destrucción y agresión de que son objeto por la oligarquía financiera trasnacional y sus socios.
Estos objetivos podrán hacerse realidad cuando sean los pueblos los que lleguen a tomar la dirección de la historia. Por ello, es necesario estudiar de qué manera se están expresando los pueblos, como actores fundamentales de la historia, y relacionar dialécticamente esas ricas experiencias con los saberes que podemos producir desde la educación en todos los niveles, esencialmente desde la Universidad.
Córdoba es la sede de este encuentro, en el marco de la conmemoración de la Reforma Universitaria de 1918 y como homenaje a la misma, están invitados a participar especialmente en estas Jornadas, además de representantes internacionales, organizaciones sociales, gremios y sindicatos de nuestro medio para recrear uno de los ejes fundamentales de la misma: el establecimiento del vínculo de lo científico con lo social.
Por la trascendencia y jerarquía de la actividad, dada por la temática y la participación de destacados especialistas en la materia, es que solicitamos la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Pedido de Informes sobre el Carbó (sin contestar) - 16/04
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial en los términos del artículo 102 de la Constitución de la Provincia, para que a través del Ministerio de Educación o de la autoridad que estime competente, informe en el término de 7 días, a los requerimientos que se expresan a continuación:
1- Si en relación a los hechos ocurridos el día 9 de abril en la Escuela Normal Superior “Dr. Alejandro Carbó” de Córdoba Capital, caída de mampostería en la cantina, se tomaron las previsiones de mantenimiento correspondientes a los fines de evitar lo ocurrido.
2- Si en el Plan de Regularización Edilicia anunciado por el Gobierno de la Provincia el 21 de diciembre de 2007, estaba incluida la escuela precitada.
3- Si la respuesta anterior es afirmativa, en qué etapa de ejecución de las obras se encuentra.
4- Nombre de la Empresa asignada para el mantenimiento de la Escuela Normal Superior “Dr. Alejandro Carbó” según lo dispuesto por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y anunciado por el Gobierno de la Provincia en los medios gráficos el día 29 de febrero de 2008.
5- Detalle de las previsiones a futuro respecto de la reparación y mantenimiento de la Escuela.
FUNDAMENTOS
Al iniciarse el ciclo lectivo del año 2008 se hicieron públicas la situación de numerosas escuelas de la provincia de capital y del interior respecto a sus condiciones de infraestructura, de hecho en algunas de ellas no se pudo dar comienzo a las clases. El Gobierno había anunciado en Diciembre de 2007 un Plan de Regularización Edilicia con el objetivo de solucionar éstos problemas en la temporada estival, el mismo no se cumplió. En el día de la fecha, 9 de Abril de 2008, un accidente con caída de mampostería en la cantina de la Escuela Normal Superior “Dr. Alejandro Carbó” de Córdoba Capital, terminó por desnudar y transparentar ésta situación de imprevisión y descuido de los edificios escolares en nuestra Provincia.
La tan mentada y declamada calidad educativa tiene que ver con condiciones dignas de trabajo para los docentes y con un ámbito adecuado y seguro para los alumnos en su proceso de aprendizaje, y si bien lo casual no puede prevenirse si con políticas serias se pueden disminuir sus efectos.
En conclusión, el tema abordado merece el tratamiento de políticas de Estado donde la previsión y seguridad reemplacen a la imprevisión y al descuido.
Por estas razones, y las que se expresarán en oportunidad del tratamiento de este proyecto, es que solicitamos su aprobación por este Cuerpo.
RESUELVE
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial en los términos del artículo 102 de la Constitución de la Provincia, para que a través del Ministerio de Educación o de la autoridad que estime competente, informe en el término de 7 días, a los requerimientos que se expresan a continuación:
1- Si en relación a los hechos ocurridos el día 9 de abril en la Escuela Normal Superior “Dr. Alejandro Carbó” de Córdoba Capital, caída de mampostería en la cantina, se tomaron las previsiones de mantenimiento correspondientes a los fines de evitar lo ocurrido.
2- Si en el Plan de Regularización Edilicia anunciado por el Gobierno de la Provincia el 21 de diciembre de 2007, estaba incluida la escuela precitada.
3- Si la respuesta anterior es afirmativa, en qué etapa de ejecución de las obras se encuentra.
4- Nombre de la Empresa asignada para el mantenimiento de la Escuela Normal Superior “Dr. Alejandro Carbó” según lo dispuesto por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y anunciado por el Gobierno de la Provincia en los medios gráficos el día 29 de febrero de 2008.
5- Detalle de las previsiones a futuro respecto de la reparación y mantenimiento de la Escuela.
FUNDAMENTOS
Al iniciarse el ciclo lectivo del año 2008 se hicieron públicas la situación de numerosas escuelas de la provincia de capital y del interior respecto a sus condiciones de infraestructura, de hecho en algunas de ellas no se pudo dar comienzo a las clases. El Gobierno había anunciado en Diciembre de 2007 un Plan de Regularización Edilicia con el objetivo de solucionar éstos problemas en la temporada estival, el mismo no se cumplió. En el día de la fecha, 9 de Abril de 2008, un accidente con caída de mampostería en la cantina de la Escuela Normal Superior “Dr. Alejandro Carbó” de Córdoba Capital, terminó por desnudar y transparentar ésta situación de imprevisión y descuido de los edificios escolares en nuestra Provincia.
La tan mentada y declamada calidad educativa tiene que ver con condiciones dignas de trabajo para los docentes y con un ámbito adecuado y seguro para los alumnos en su proceso de aprendizaje, y si bien lo casual no puede prevenirse si con políticas serias se pueden disminuir sus efectos.
En conclusión, el tema abordado merece el tratamiento de políticas de Estado donde la previsión y seguridad reemplacen a la imprevisión y al descuido.
Por estas razones, y las que se expresarán en oportunidad del tratamiento de este proyecto, es que solicitamos su aprobación por este Cuerpo.
9 de mayo de 2008
NO AL AUMENTO DEL COSPEL
EL 13 MARCHEMOS:
Tarifazos No - Aumento de salarios Sí
La canasta básica alimentaría aumentó el 30% en los tres primeros meses del año.
El gobierno nacional ha decidido que la “mejor” forma de terminar con la inflación es congelar los ingresos de los trabajadores, por eso ha acordado con la burocracia sindical poner un techo a los aumentos salariales en las paritarias.
A nadie se le ha ocurrido tocar las extraordinarias ganancias de los grupos capitalistas poderosos, de la ciudad y del campo. Pretenden que los trabajadores paguemos de nuestro bolsillo, con carestía, con salarios a la baja y con tarifazos el festín de negocios.
En este cuadro Giacomino insiste en aumentar el costo del cospel.
Razona como un capitalista. Para él el sistema no funciona sino asegura una clara rentabilidad a los empresarios. Ese es todo el objetivo del aumento. Para los trabajadores y usuarios el sistema funciona si se llega a destino y no se queda en el camino; funciona si no nos tenemos que pasar horas esperándolo; funciona si podemos viajar seguros; y funciona si podemos pagarlo. No es ésta la preocupación del intendente.
Versea con el cuento de que con el aumento se terminarían con los subsidios del municipio a las empresas. Mentira. El “nuevo” marco regulatorio propuesto por el ejecutivo municipal plantea la continuidad de los subsidios, que se verían ampliados porque ahora habría que agregarle la rentabilidad de los futuros operadores privados de la Tamse. La propuesta de Marco Regulatorio es una broma de mal gusto. Lo único que deja en claro en varios artículos es que hay que garantizarle la rentabilidad a las empresas. No pone condiciones para el servicio, ni frecuencia, ni recorridos. Eso sí, deja abierta la posibilidad de pagarles a las empresas por kilómetro recorrido allí donde el servicio no sea rentable.
El tema es que el aumento afecta muy seriamente la “rentabilidad” de los trabajadores. Y esa es la “rentabilidad” que tenemos que defender.
El 13 marchemos todos para impedir una nueva metida de mano en nuestros bolsillos.
No al aumento del cospel.
Sí al aumento de salarios. Por la reapertura de las paritarias. Por un mínimo igual a la canasta familiar.
Martes 13/05 – 13:30 horas – Explanada del Palacio Municipal (Caseros y Cañada)
Tarifazos No - Aumento de salarios Sí
La canasta básica alimentaría aumentó el 30% en los tres primeros meses del año.
El gobierno nacional ha decidido que la “mejor” forma de terminar con la inflación es congelar los ingresos de los trabajadores, por eso ha acordado con la burocracia sindical poner un techo a los aumentos salariales en las paritarias.
A nadie se le ha ocurrido tocar las extraordinarias ganancias de los grupos capitalistas poderosos, de la ciudad y del campo. Pretenden que los trabajadores paguemos de nuestro bolsillo, con carestía, con salarios a la baja y con tarifazos el festín de negocios.
En este cuadro Giacomino insiste en aumentar el costo del cospel.
Razona como un capitalista. Para él el sistema no funciona sino asegura una clara rentabilidad a los empresarios. Ese es todo el objetivo del aumento. Para los trabajadores y usuarios el sistema funciona si se llega a destino y no se queda en el camino; funciona si no nos tenemos que pasar horas esperándolo; funciona si podemos viajar seguros; y funciona si podemos pagarlo. No es ésta la preocupación del intendente.
Versea con el cuento de que con el aumento se terminarían con los subsidios del municipio a las empresas. Mentira. El “nuevo” marco regulatorio propuesto por el ejecutivo municipal plantea la continuidad de los subsidios, que se verían ampliados porque ahora habría que agregarle la rentabilidad de los futuros operadores privados de la Tamse. La propuesta de Marco Regulatorio es una broma de mal gusto. Lo único que deja en claro en varios artículos es que hay que garantizarle la rentabilidad a las empresas. No pone condiciones para el servicio, ni frecuencia, ni recorridos. Eso sí, deja abierta la posibilidad de pagarles a las empresas por kilómetro recorrido allí donde el servicio no sea rentable.
El tema es que el aumento afecta muy seriamente la “rentabilidad” de los trabajadores. Y esa es la “rentabilidad” que tenemos que defender.
El 13 marchemos todos para impedir una nueva metida de mano en nuestros bolsillos.
No al aumento del cospel.
Sí al aumento de salarios. Por la reapertura de las paritarias. Por un mínimo igual a la canasta familiar.
Martes 13/05 – 13:30 horas – Explanada del Palacio Municipal (Caseros y Cañada)
CONFLICTO AGRARIO
POR UNA SALIDA DE LA CLASE OBRERA
El famoso diálogo entre el frente patronal agrario y el gobierno se ha vuelto a romper.
El gobierno quiere seguir metiendo mano en las fabulosas ganancias del ‘campo' porque de otro modo no puede continuar pagando la deuda externa. El capital agrario defiende su renta, que no sale de otro lado que de la crisis de oferta alimentaria a nivel internacional.
Ni el llamado ‘campo' ni el gobierno se ocupan del tercer protagonista del negocio: los pulpos exportadores y los monopolios de los insumos que usa el campo, que se quedan con la parte del león de toda la renta, así como los monopolios comerciales internos y los supermercados.
No solamente asistimos a una lucha entre intereses capitalistas sino que son estos intereses los que impiden una salida.
Pero esa salida es en extremo sencilla: si, por un lado, se nacionaliza a los pulpos comerciales y los puertos privados y privatizados y, por el otro, se pone fin a la sangría de la deuda externa y se nacionalizan los bancos, el ahorro nacional resultante podría ser distribuido de acuerdo con una contabilidad que tenga en cuenta los costos reales de la producción, de conformidad con un plan de desarrollo de las fuerzas productivas y de elevación de la condición material y moral de las masas trabajadoras.
Esta es la única salida ‘nacional' y ‘popular' que esquiva el gobierno que se arroga ese título.
La salida solamente puede venir de la clase obrera.
En lugar de oficiar de furgones de cola del gobierno, la CGT y la CTA deberían convocar a un congreso de trabajadores para definir nuestro programa ante el país, en especial con la participación de las bases de los obreros y peones rurales.
Jorge Altamira
El famoso diálogo entre el frente patronal agrario y el gobierno se ha vuelto a romper.
El gobierno quiere seguir metiendo mano en las fabulosas ganancias del ‘campo' porque de otro modo no puede continuar pagando la deuda externa. El capital agrario defiende su renta, que no sale de otro lado que de la crisis de oferta alimentaria a nivel internacional.
Ni el llamado ‘campo' ni el gobierno se ocupan del tercer protagonista del negocio: los pulpos exportadores y los monopolios de los insumos que usa el campo, que se quedan con la parte del león de toda la renta, así como los monopolios comerciales internos y los supermercados.
No solamente asistimos a una lucha entre intereses capitalistas sino que son estos intereses los que impiden una salida.
Pero esa salida es en extremo sencilla: si, por un lado, se nacionaliza a los pulpos comerciales y los puertos privados y privatizados y, por el otro, se pone fin a la sangría de la deuda externa y se nacionalizan los bancos, el ahorro nacional resultante podría ser distribuido de acuerdo con una contabilidad que tenga en cuenta los costos reales de la producción, de conformidad con un plan de desarrollo de las fuerzas productivas y de elevación de la condición material y moral de las masas trabajadoras.
Esta es la única salida ‘nacional' y ‘popular' que esquiva el gobierno que se arroga ese título.
La salida solamente puede venir de la clase obrera.
En lugar de oficiar de furgones de cola del gobierno, la CGT y la CTA deberían convocar a un congreso de trabajadores para definir nuestro programa ante el país, en especial con la participación de las bases de los obreros y peones rurales.
Jorge Altamira
Pedido de informe Registro General (sin contestar) - 09/04
Expte. 0352/L/08
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, y por su intermedio al Registro General de la Provincia, para que en los términos del artículo 102 de la Constitución Provincial, informe en un plazo no superior a los 5 días hábiles los siguientes puntos que a continuación se detallan:
1. ¿Qué cantidad de documentos se encontraban en trámite en el RGP durante el mes de mayo de 2006 (cuando inició su gestión la Intervención), y cuál es la cantidad de documentación en trámite al mes de febrero del año 2008?
2. ¿Cuál era el plantel de personal con que contaba el RGP al iniciarse el proceso de intervención, y qué cantidad de empleados presta servicios en la repartición en la actualidad?
3. ¿Cuál es el monto promedio que se recauda mediante la aplicación de la Ley 9342 y cómo se distribuyen dichos ingresos?
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, el presente pedido de informes, se justifica en la situación de atraso que mantienen los expedientes en trámite en el registro de la propiedad, estimándose para el caso de escrituras, en un término no menor al año y medio. El tratamiento de los expedientes se realiza agrupándolos en categorías que podemos resumir en normal, urgente y superurgente, esta circunstancia, coloca al ciudadano en desigualdad de condiciones y muestra la implementación de una organización carente de recursos para responder al común de los ciudadanos con un servicio eficaz, igualitario y económicamente accesible.
Es sabido que a partir de las irregularidades que tomaron público conocimiento, el gobierno adoptó una serie de medidas tendientes a la regularización de los servicios que presta el Registro, sin embargo, a mas de un año de intervenir el organismo, no se tiene evidencia que la situación haya mejorado en cuanto al servicio que presta.
En cambio, sí tenemos conocimiento de la situación laboral que sufren a diario los empleados que al momento de la intervención formaban parte de la planta permanente.
Hoy todos se encuentran bajo sospecha, lo cual redunda en una situación laboral injusta.
Por otra parte, el proyecto presentado a consideración de esta Legislatura, que plantea la modificación de la ley 5771, y que incorpora cambios en la estructura orgánica del Registro, nos mueve a indagar sobre el estado actual del mismo, a efectos de evaluar las posibles consecuencias de estos cambios, los cuales deberían conducir a un mejor servicio y a la normalización de las condiciones laborales de los trabajadores, despejando toda duda, y garantizando que no sufran perjuicio en los derechos adquiridos.
Por estos, y los motivos que daré en oportunidad de su tratamiento, es que solicito de mis pares aprueben el presente proyecto de resolución.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, y por su intermedio al Registro General de la Provincia, para que en los términos del artículo 102 de la Constitución Provincial, informe en un plazo no superior a los 5 días hábiles los siguientes puntos que a continuación se detallan:
1. ¿Qué cantidad de documentos se encontraban en trámite en el RGP durante el mes de mayo de 2006 (cuando inició su gestión la Intervención), y cuál es la cantidad de documentación en trámite al mes de febrero del año 2008?
2. ¿Cuál era el plantel de personal con que contaba el RGP al iniciarse el proceso de intervención, y qué cantidad de empleados presta servicios en la repartición en la actualidad?
3. ¿Cuál es el monto promedio que se recauda mediante la aplicación de la Ley 9342 y cómo se distribuyen dichos ingresos?
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, el presente pedido de informes, se justifica en la situación de atraso que mantienen los expedientes en trámite en el registro de la propiedad, estimándose para el caso de escrituras, en un término no menor al año y medio. El tratamiento de los expedientes se realiza agrupándolos en categorías que podemos resumir en normal, urgente y superurgente, esta circunstancia, coloca al ciudadano en desigualdad de condiciones y muestra la implementación de una organización carente de recursos para responder al común de los ciudadanos con un servicio eficaz, igualitario y económicamente accesible.
Es sabido que a partir de las irregularidades que tomaron público conocimiento, el gobierno adoptó una serie de medidas tendientes a la regularización de los servicios que presta el Registro, sin embargo, a mas de un año de intervenir el organismo, no se tiene evidencia que la situación haya mejorado en cuanto al servicio que presta.
En cambio, sí tenemos conocimiento de la situación laboral que sufren a diario los empleados que al momento de la intervención formaban parte de la planta permanente.
Hoy todos se encuentran bajo sospecha, lo cual redunda en una situación laboral injusta.
Por otra parte, el proyecto presentado a consideración de esta Legislatura, que plantea la modificación de la ley 5771, y que incorpora cambios en la estructura orgánica del Registro, nos mueve a indagar sobre el estado actual del mismo, a efectos de evaluar las posibles consecuencias de estos cambios, los cuales deberían conducir a un mejor servicio y a la normalización de las condiciones laborales de los trabajadores, despejando toda duda, y garantizando que no sufran perjuicio en los derechos adquiridos.
Por estos, y los motivos que daré en oportunidad de su tratamiento, es que solicito de mis pares aprueben el presente proyecto de resolución.
8 de mayo de 2008
NO AL TREN BALA
Tren para todos / Nacionalización de los ferrocarriles y del transporte bajo control de los trabajadores
El "tren bala" no es un salto a la "modernización" sino un fabuloso negocio: entre Buenos Aires y Córdoba costará 24 centavos de euro por kilómetro (1,25 peso).
El costo de obra, de 1.320,5 millones de dólares, se eleva a 4.000 millones cuando se incluye el financiamiento a 30 años a una tasa anual en dólares del 12%.
Esta es una "oferta" financiera leonina del pulpo coimero Alstom y de los grupos argentinos Emepa (ligado a K) e Iecsa (del grupo Macri).
Se ha dicho, con razón, que con los recursos afectados al proyecto estaríamos en condiciones de reconstruir integralmente los ferrocarriles. Pero para viabilizar este planteo es necesario nacionalizarlos y ponerlos bajo el control y la gestión obreras; de lo contrario se convertiría también en un negociado para otros sectores de la patronal o, incluso, para los mismos que pergeñan el 'tren bala'.
El colapso del transporte no es fruto de la improvisación. De él se benefician los concesionarios de trenes, los dueños de las empresas del transporte urbano, los concesionarios del peaje de rutas, la industria automotriz, los beneficiarios de la privatización de las aerolíneas y de los aeropuertos.
¿Se puede construir un fondo de industrialización y reconstrucción del ferrocarril sin atacar la maraña de subsidios directos o indirectos del Estado a este conjunto de intereses? ¿Sin enfrentar el lobby automotriz? ¿Sin atacar la deuda externa? ¿Sin poner la tarea de reorganización en manos del poder público bajo control de los trabajadores?
El gobierno "nacional y popular" es socio interesado en el negocio ferroviario actual, que seguirá en pie con el 'tren bala'. En la reciente ley que creó las dos empresas "estatales" de trenes, "la compañía estatal administradora de la infraestructura (quedó) como un mero fondo fiduciario para la realización de obras" (Clarín, 29/2).
Por todas estas razones, para conseguir el "tren para todos" es necesaria la nacionalización integral del sistema de transporte sin indemnización y con un resarcimiento por los fraudes perpetrados. Y bajo el control obrero en cada una de sus ramas.
Reforcemos la campaña contra el 'tren bala' y por la reconstrucción del sistema ferroviario, impulsando un congreso de bases de todos los trabajadores del transporte y de las industria básicas, para que un plan de reorganización asegure un desarrollo integrado de las distintas regiones y ramas, y eleve las condiciones de trabajo de sus obreros.
El "tren bala" no es un salto a la "modernización" sino un fabuloso negocio: entre Buenos Aires y Córdoba costará 24 centavos de euro por kilómetro (1,25 peso).
El costo de obra, de 1.320,5 millones de dólares, se eleva a 4.000 millones cuando se incluye el financiamiento a 30 años a una tasa anual en dólares del 12%.
Esta es una "oferta" financiera leonina del pulpo coimero Alstom y de los grupos argentinos Emepa (ligado a K) e Iecsa (del grupo Macri).
Se ha dicho, con razón, que con los recursos afectados al proyecto estaríamos en condiciones de reconstruir integralmente los ferrocarriles. Pero para viabilizar este planteo es necesario nacionalizarlos y ponerlos bajo el control y la gestión obreras; de lo contrario se convertiría también en un negociado para otros sectores de la patronal o, incluso, para los mismos que pergeñan el 'tren bala'.
El colapso del transporte no es fruto de la improvisación. De él se benefician los concesionarios de trenes, los dueños de las empresas del transporte urbano, los concesionarios del peaje de rutas, la industria automotriz, los beneficiarios de la privatización de las aerolíneas y de los aeropuertos.
¿Se puede construir un fondo de industrialización y reconstrucción del ferrocarril sin atacar la maraña de subsidios directos o indirectos del Estado a este conjunto de intereses? ¿Sin enfrentar el lobby automotriz? ¿Sin atacar la deuda externa? ¿Sin poner la tarea de reorganización en manos del poder público bajo control de los trabajadores?
El gobierno "nacional y popular" es socio interesado en el negocio ferroviario actual, que seguirá en pie con el 'tren bala'. En la reciente ley que creó las dos empresas "estatales" de trenes, "la compañía estatal administradora de la infraestructura (quedó) como un mero fondo fiduciario para la realización de obras" (Clarín, 29/2).
Por todas estas razones, para conseguir el "tren para todos" es necesaria la nacionalización integral del sistema de transporte sin indemnización y con un resarcimiento por los fraudes perpetrados. Y bajo el control obrero en cada una de sus ramas.
Reforcemos la campaña contra el 'tren bala' y por la reconstrucción del sistema ferroviario, impulsando un congreso de bases de todos los trabajadores del transporte y de las industria básicas, para que un plan de reorganización asegure un desarrollo integrado de las distintas regiones y ramas, y eleve las condiciones de trabajo de sus obreros.
Proyecto de declaración frente al conflicto del campo (sin tatamiento) - 26/03
Expte. 0288/L/08
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
1. Repudiar el discurso arrogante y provocador de la Presidenta Cristina de Kirchner pronunciado el pasado 25 del corriente, el cual instala falsas antinomias para ocultar el fracaso de su política económica.
2. Repudiar la acción de las patotas lideradas por Moyano y D’Elía que actuaron en contra de quienes manifestaban su descontento con la política del gobierno.
3. Promover la adopción de un programa de fondo que incluya: la reforma tributaria basada en fuertes impuestos a los que más tienen, terratenientes, pools de siembra, grupos financieros, etc; reforma agraria y nacionalización del comercio exterior, ni un peso más al pago de la deuda externa.
4. Llamar a la más amplia movilización y deliberación de los trabajadores junto a los pequeños productores en defensa de los intereses de los sectores populares y en contra del trabajo en negro, las suspensiones, los techos salariales, el desabastecimiento, la especulación y las posibles negociaciones a puertas cerradas.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El discurso de la Presidenta de la Nación, ha dejado en claro el fracaso de su política económica, que no garantiza el trabajo y el alimento al pueblo argentino, que sigue favoreciendo a los grandes grupos concentradores, las privatizadas y la banca internacional.
El pueblo trabajador, ha sido directamente perjudicado por las últimas medidas de gobierno, que han conducido al desabastecimiento, al descontrol de precios, favoreciendo a los especuladores, pero que además, hoy se traduce en suspensiones en las fábricas por falta de insumos.
Decimos que las últimas medidas de gobierno favorecen a los grandes grupos concentradores por que aniquilan al pequeño productor, el cual termina cediendo todo al grande. Estos grupos concentrados son los responsables de que los precios de los alimentos estén por las nubes, mientras diariamente esquilman al pequeño productor.
El aumento de las retenciones a la soja y el girasol provocó el conflicto rural más importante los últimos treinta años. El gobierno dice que es un “paro de la oligarquía” pero los pequeños productores son mayoría en los cortes y manifestaciones.
Es necesario clarificar el conflicto, la Sociedad Rural una de las entidades convocantes del paro, representa efectivamente a los grandes terratenientes, tienen un pasado de apoyo a las nefastas dictaduras, y su consigna central es “no a las retenciones”.
La realidad es que esta consigna no le sirve al pequeño productor que seguirá sufriendo la concentración. En ese sentido, poner en el centro sus intereses y los intereses del país, significa avanzar en un programa que contemple cambios profundos.
Un programa que dé una salida a la crisis implica una reforma agraria que expropie a la oligarquía terrateniente, los nuevos capitalistas del campo (los agro-bussines) y a los grupos agrícolas financieros (pooles de siembra), así como a los grandes monopolios aceiteros, cerealeros y frigoríficos. Fomentando el desarrollo de los pequeños productores que exploten en forma directa la tierra con créditos accesibles, viviendas, maquinaria, fertilizantes y semillas. Estatizando la producción de semillas y fertilizantes.
Hay que nacionalizar el comercio exterior para planificar los cupos de exportación, controlar los precios y dedicar las divisas obtenidas para resolver las urgentes necesidades populares, desarrollo de infraestructura y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los pueblos del interior.
Hay que garantizar el abastecimiento y el no aumento de precios de la canasta familiar, aplicando la ley de abastecimiento a los grandes frigoríficos, supermercados y monopolios de la alimentación.
Hay que terminar con la explotación de los trabajadores rurales, incorporándolos a la ley de contrato de trabajo, hoy excluídos por una ley de la época de la dictadura, blanqueándolos inmediatamente, terminando con la tercerización y garantizándoles un salario igual a la canasta familiar.
Estas medidas no se van a lograr si no es con el compromiso y la participación, por eso convocamos a la movilización para instalar la discusión sobre este programa. El llamado al diálogo, sin especificar “quienes”, “como” y “para que”, significa reunir a no-representantes, hoy superados por las bases, a través de la lucha de auto-convocados, con intereses concretos, que van más allá de la discusión de una carga fiscal injusta.
Es necesario solidarizarse con la situación de los miles cuyos derechos han sido vulnerados y que hoy (como ya es costumbre), sufren el acoso de las patotas al servicio del gobierno, pero que en realidad, están al servicio de mantener la situación de los privilegiados de este modelo, las privatizadas y los subsidios, y todo el ajuste necesario para el pago de la deuda externa.
Por estas y otras razones, y las que expondremos al momento de su tratamiento es que solicitamos la aprobación del presente Proyecto de Resolución.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
1. Repudiar el discurso arrogante y provocador de la Presidenta Cristina de Kirchner pronunciado el pasado 25 del corriente, el cual instala falsas antinomias para ocultar el fracaso de su política económica.
2. Repudiar la acción de las patotas lideradas por Moyano y D’Elía que actuaron en contra de quienes manifestaban su descontento con la política del gobierno.
3. Promover la adopción de un programa de fondo que incluya: la reforma tributaria basada en fuertes impuestos a los que más tienen, terratenientes, pools de siembra, grupos financieros, etc; reforma agraria y nacionalización del comercio exterior, ni un peso más al pago de la deuda externa.
4. Llamar a la más amplia movilización y deliberación de los trabajadores junto a los pequeños productores en defensa de los intereses de los sectores populares y en contra del trabajo en negro, las suspensiones, los techos salariales, el desabastecimiento, la especulación y las posibles negociaciones a puertas cerradas.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El discurso de la Presidenta de la Nación, ha dejado en claro el fracaso de su política económica, que no garantiza el trabajo y el alimento al pueblo argentino, que sigue favoreciendo a los grandes grupos concentradores, las privatizadas y la banca internacional.
El pueblo trabajador, ha sido directamente perjudicado por las últimas medidas de gobierno, que han conducido al desabastecimiento, al descontrol de precios, favoreciendo a los especuladores, pero que además, hoy se traduce en suspensiones en las fábricas por falta de insumos.
Decimos que las últimas medidas de gobierno favorecen a los grandes grupos concentradores por que aniquilan al pequeño productor, el cual termina cediendo todo al grande. Estos grupos concentrados son los responsables de que los precios de los alimentos estén por las nubes, mientras diariamente esquilman al pequeño productor.
El aumento de las retenciones a la soja y el girasol provocó el conflicto rural más importante los últimos treinta años. El gobierno dice que es un “paro de la oligarquía” pero los pequeños productores son mayoría en los cortes y manifestaciones.
Es necesario clarificar el conflicto, la Sociedad Rural una de las entidades convocantes del paro, representa efectivamente a los grandes terratenientes, tienen un pasado de apoyo a las nefastas dictaduras, y su consigna central es “no a las retenciones”.
La realidad es que esta consigna no le sirve al pequeño productor que seguirá sufriendo la concentración. En ese sentido, poner en el centro sus intereses y los intereses del país, significa avanzar en un programa que contemple cambios profundos.
Un programa que dé una salida a la crisis implica una reforma agraria que expropie a la oligarquía terrateniente, los nuevos capitalistas del campo (los agro-bussines) y a los grupos agrícolas financieros (pooles de siembra), así como a los grandes monopolios aceiteros, cerealeros y frigoríficos. Fomentando el desarrollo de los pequeños productores que exploten en forma directa la tierra con créditos accesibles, viviendas, maquinaria, fertilizantes y semillas. Estatizando la producción de semillas y fertilizantes.
Hay que nacionalizar el comercio exterior para planificar los cupos de exportación, controlar los precios y dedicar las divisas obtenidas para resolver las urgentes necesidades populares, desarrollo de infraestructura y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los pueblos del interior.
Hay que garantizar el abastecimiento y el no aumento de precios de la canasta familiar, aplicando la ley de abastecimiento a los grandes frigoríficos, supermercados y monopolios de la alimentación.
Hay que terminar con la explotación de los trabajadores rurales, incorporándolos a la ley de contrato de trabajo, hoy excluídos por una ley de la época de la dictadura, blanqueándolos inmediatamente, terminando con la tercerización y garantizándoles un salario igual a la canasta familiar.
Estas medidas no se van a lograr si no es con el compromiso y la participación, por eso convocamos a la movilización para instalar la discusión sobre este programa. El llamado al diálogo, sin especificar “quienes”, “como” y “para que”, significa reunir a no-representantes, hoy superados por las bases, a través de la lucha de auto-convocados, con intereses concretos, que van más allá de la discusión de una carga fiscal injusta.
Es necesario solidarizarse con la situación de los miles cuyos derechos han sido vulnerados y que hoy (como ya es costumbre), sufren el acoso de las patotas al servicio del gobierno, pero que en realidad, están al servicio de mantener la situación de los privilegiados de este modelo, las privatizadas y los subsidios, y todo el ajuste necesario para el pago de la deuda externa.
Por estas y otras razones, y las que expondremos al momento de su tratamiento es que solicitamos la aprobación del presente Proyecto de Resolución.
Proyecto de declaración sobre Sidor (sin tratamiento) - 26/03
Expte. 0287/L/08
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su apoyo a la lucha de los trabajadores de la siderúrgica venezolana Sidor y repudia la represión sufrida a manos de la Guardia Nacional de ese país el pasado 4 de marzo.
Fundamentos
En momentos en que en nuestro país se están desarrollando las discusiones paritarias, en la República de Venezuela hay un grave conflicto entre los obreros de Sidor y la patronal de dicha empresa (Techint). Las características del conflicto y la existencia de represión motivan la necesidad de apoyar a los trabajadores y repudiar la represión para dejar blanco sobre negro la decisión política de defender las luchas populares y el derecho de huelga claramente establecidos en las constituciones de nuestro país y de Venezuela.
Los obreros de Sidor vienen reclamando la renovación de su convenio colectivo, en el marco de un fuerte atraso salarial respecto de otros trabajadores de su rama. La discusión paritaria lleva catorce meses de atraso.
El sindicato Sutiss reclama un aumento salarial de 68 bolívares diarios que le permitiría acercarse a lo que ganan los obreros del aluminio. El salario promedio de un obrero de Sidor es de 2.927 bolívares fuertes mensuales mientras el inicial de un trabajador de la siderúrgica CVG Venalum es de 4.000.
La patronal, el grupo Techint. Se opone claramente a cualquier recomposición salarial seria. El Ministerio de Trabajo de ese país ha empleado toda clase de recursos para impedir que los obreros de Sidor ejerzan el derecho constitucional de huelga. En este cuadro, el pasado 4 de marzo el gobierno de Venezuela reprimió violentamente a los obreros de Sidor en el curso de una marcha por sus reclamos.
Por estas y otras razones que expondremos en su oportunidad, solicitamos la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su apoyo a la lucha de los trabajadores de la siderúrgica venezolana Sidor y repudia la represión sufrida a manos de la Guardia Nacional de ese país el pasado 4 de marzo.
Fundamentos
En momentos en que en nuestro país se están desarrollando las discusiones paritarias, en la República de Venezuela hay un grave conflicto entre los obreros de Sidor y la patronal de dicha empresa (Techint). Las características del conflicto y la existencia de represión motivan la necesidad de apoyar a los trabajadores y repudiar la represión para dejar blanco sobre negro la decisión política de defender las luchas populares y el derecho de huelga claramente establecidos en las constituciones de nuestro país y de Venezuela.
Los obreros de Sidor vienen reclamando la renovación de su convenio colectivo, en el marco de un fuerte atraso salarial respecto de otros trabajadores de su rama. La discusión paritaria lleva catorce meses de atraso.
El sindicato Sutiss reclama un aumento salarial de 68 bolívares diarios que le permitiría acercarse a lo que ganan los obreros del aluminio. El salario promedio de un obrero de Sidor es de 2.927 bolívares fuertes mensuales mientras el inicial de un trabajador de la siderúrgica CVG Venalum es de 4.000.
La patronal, el grupo Techint. Se opone claramente a cualquier recomposición salarial seria. El Ministerio de Trabajo de ese país ha empleado toda clase de recursos para impedir que los obreros de Sidor ejerzan el derecho constitucional de huelga. En este cuadro, el pasado 4 de marzo el gobierno de Venezuela reprimió violentamente a los obreros de Sidor en el curso de una marcha por sus reclamos.
Por estas y otras razones que expondremos en su oportunidad, solicitamos la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Proyecto de declaración sobre juicios de Suez (sin tratamiento) - 26/03
Expte. 0286/L/08
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su preocupación ante la evidencia de que la demanda que la transnacional Suez Agbar mantiene contra la República Argentina en al causa “CIADI Nº, ARB/03/18 Aguas Cordobesas S.A, Suez y Agbar c/ la República Argentina” sigue su curso ya que a un año de aprobada la ley 9275 y su minuta addenda Suez Agbar no ha retirado la demanda.
Fundamentos
En ocasión de la firma del convenio entre la Provincia de Córdoba y Aguas Cordobesas (ley 9279 y su minuta addenda) se aseguró que Suez interrumpiría la demanda por 108 millones de dólares.
En ocasión de la discusión del contrato, el contador Schiaretti afirmó que "hasta que tengamos la nueva ley, Aguas Cordobesas suspendió el juicio en el CIADI y cuando se apruebe la ley, definitivamente lo retirará, eso es lo que se acordó…”. La ley se aprobó en noviembre del 2006 y según un reciente informe de la procuración del tesoro nacional la causa ARB/03/18 de Aguas Cordobesas en el CIADI continua sólo suspendida hace casi un año.
La demanda no es contra la Provincia de Córdoba sino contra la República Argentina y comprende los casos Aguas Argentinas (Capital Federal, por 1700 millones de dólares), Aguas de Santa Fe (Santa Fe por 310 millones) y Aguas Cordobesas –Suez (108 millones).
En virtud del reglamento del CIADI el acuerdo al que se hace referencia no parece posible y esto será así ya que mediante la conservación del 10% del paquete accionario y como operadores del servicio, Suez Agbar, se reservó el derecho de activar nuevamente la causa ARB/03/18. (Transcribimos a pie de página la Regla 54 del reglamento del CIADI.)
Vale la pena recordar que a la fecha Argentina, luego del 200,1 ha sido demandada ante el tribunal del Banco Mundial (CIADI) por las transnacionales en 41 casos (Aguas Cordobesas incluida) por una cifra de 17.000 millones de dólares. Y tuvo fallo adverso en 7 casos, dos corresponden a empresas de agua transnacionales, condenando al país al pago de 105 millones de dólares, por el reclamo de la Compañía de Aguas del Aconquija S.A. & Vivendi Universal (Tucumán) y otra condena a favor de la empresa Azurix – Enron (Provincia de Buenos Aires) ordenándole al país pagarle 165,2 millones de dólares (informe de la Procuración del Tesoro Nacional).
En su momento el contador Schiaretti declaró que había que terminar con la demanda “… porque los cordobeses no podemos mantener esta espada de Damocles sobre nuestras cabezas…". Pero de acuerdo a la Addenda del contrato mediante la cláusula 12.8 esta espada de Damocles queda intacta ya que expresamente fija que ante cualquier controversia la provincia deberá hacerse cargo de futuros pagos por demandas presentadas ante el CIADI.
Por estas y otras razones que expondremos en su oportunidad, solicitamos la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
“Regla 54 - Suspensión de la ejecución de un laudo
(1) La parte que solicite la aclaración, revisión o anulación de un laudo podrá, en su solicitud, y cualquiera de las partes podrá en cualquier momento antes que se decida finalmente sobre la solicitud, pedir que se suspenda la ejecución de una parte o de todo el laudo al que se refiere la solicitud. El Tribunal o Comité considerarán de manera prioritaria dicha solicitud.
(2) Si una solicitud de revisión o anulación de un laudo contiene un pedido de suspensión de su ejecución, el Secretario General, al notificarle a ambas partes el acto de registro, les notificará la suspensión provisional del laudo. En cuanto se constituya, el Tribunal o Comité, a petición de cualquiera de las partes, decidirá dentro de 30 días, si debe mantenerse dicha suspensión; a menos que decida que la suspensión debe mantenerse, se la levantará automáticamente.
(3) Si se ha otorgado la suspensión de la ejecución de conformidad con lo dispuesto en el párrafo (1) o si se la ha mantenido de conformidad con lo dispuesto en el párrafo (2), el Tribunal o Comité podrá, en cualquier momento, modificar o poner término a la suspensión a pedido de cualquiera de las partes. Todas las suspensiones terminarán automáticamente en la fecha en que se dicte una decisión final sobre la solicitud, excepto que el Comité que declare la nulidad parcial de un laudo podrá ordenar la suspensión temporal de la ejecución de la parte no anulada a fin de darle a ambas partes una oportunidad para que le pidan a cualquier nuevo Tribunal constituido de conformidad con el Artículo 52(6) del Convenio que otorgue una suspensión de conformidad con la Regla 55(3).
(4) Toda solicitud hecha de conformidad con el párrafo (1), el párrafo (2) (segunda oración) o el párrafo (3) especificará las circunstancias que requieren la suspensión o su modificación o terminación. Se otorgará lo solicitado sólo después de que el Tribunal o Comité le haya dado a las partes una oportunidad para que hagan presente sus observaciones.
(5) El Secretario General notificará sin demora a ambas partes la suspensión de la ejecución del laudo y la modificación o terminación de tal suspensión, que entrará en vigencia en la fecha en que se envíe dicha notificación.”
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su preocupación ante la evidencia de que la demanda que la transnacional Suez Agbar mantiene contra la República Argentina en al causa “CIADI Nº, ARB/03/18 Aguas Cordobesas S.A, Suez y Agbar c/ la República Argentina” sigue su curso ya que a un año de aprobada la ley 9275 y su minuta addenda Suez Agbar no ha retirado la demanda.
Fundamentos
En ocasión de la firma del convenio entre la Provincia de Córdoba y Aguas Cordobesas (ley 9279 y su minuta addenda) se aseguró que Suez interrumpiría la demanda por 108 millones de dólares.
En ocasión de la discusión del contrato, el contador Schiaretti afirmó que "hasta que tengamos la nueva ley, Aguas Cordobesas suspendió el juicio en el CIADI y cuando se apruebe la ley, definitivamente lo retirará, eso es lo que se acordó…”. La ley se aprobó en noviembre del 2006 y según un reciente informe de la procuración del tesoro nacional la causa ARB/03/18 de Aguas Cordobesas en el CIADI continua sólo suspendida hace casi un año.
La demanda no es contra la Provincia de Córdoba sino contra la República Argentina y comprende los casos Aguas Argentinas (Capital Federal, por 1700 millones de dólares), Aguas de Santa Fe (Santa Fe por 310 millones) y Aguas Cordobesas –Suez (108 millones).
En virtud del reglamento del CIADI el acuerdo al que se hace referencia no parece posible y esto será así ya que mediante la conservación del 10% del paquete accionario y como operadores del servicio, Suez Agbar, se reservó el derecho de activar nuevamente la causa ARB/03/18. (Transcribimos a pie de página la Regla 54 del reglamento del CIADI.)
Vale la pena recordar que a la fecha Argentina, luego del 200,1 ha sido demandada ante el tribunal del Banco Mundial (CIADI) por las transnacionales en 41 casos (Aguas Cordobesas incluida) por una cifra de 17.000 millones de dólares. Y tuvo fallo adverso en 7 casos, dos corresponden a empresas de agua transnacionales, condenando al país al pago de 105 millones de dólares, por el reclamo de la Compañía de Aguas del Aconquija S.A. & Vivendi Universal (Tucumán) y otra condena a favor de la empresa Azurix – Enron (Provincia de Buenos Aires) ordenándole al país pagarle 165,2 millones de dólares (informe de la Procuración del Tesoro Nacional).
En su momento el contador Schiaretti declaró que había que terminar con la demanda “… porque los cordobeses no podemos mantener esta espada de Damocles sobre nuestras cabezas…". Pero de acuerdo a la Addenda del contrato mediante la cláusula 12.8 esta espada de Damocles queda intacta ya que expresamente fija que ante cualquier controversia la provincia deberá hacerse cargo de futuros pagos por demandas presentadas ante el CIADI.
Por estas y otras razones que expondremos en su oportunidad, solicitamos la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
“Regla 54 - Suspensión de la ejecución de un laudo
(1) La parte que solicite la aclaración, revisión o anulación de un laudo podrá, en su solicitud, y cualquiera de las partes podrá en cualquier momento antes que se decida finalmente sobre la solicitud, pedir que se suspenda la ejecución de una parte o de todo el laudo al que se refiere la solicitud. El Tribunal o Comité considerarán de manera prioritaria dicha solicitud.
(2) Si una solicitud de revisión o anulación de un laudo contiene un pedido de suspensión de su ejecución, el Secretario General, al notificarle a ambas partes el acto de registro, les notificará la suspensión provisional del laudo. En cuanto se constituya, el Tribunal o Comité, a petición de cualquiera de las partes, decidirá dentro de 30 días, si debe mantenerse dicha suspensión; a menos que decida que la suspensión debe mantenerse, se la levantará automáticamente.
(3) Si se ha otorgado la suspensión de la ejecución de conformidad con lo dispuesto en el párrafo (1) o si se la ha mantenido de conformidad con lo dispuesto en el párrafo (2), el Tribunal o Comité podrá, en cualquier momento, modificar o poner término a la suspensión a pedido de cualquiera de las partes. Todas las suspensiones terminarán automáticamente en la fecha en que se dicte una decisión final sobre la solicitud, excepto que el Comité que declare la nulidad parcial de un laudo podrá ordenar la suspensión temporal de la ejecución de la parte no anulada a fin de darle a ambas partes una oportunidad para que le pidan a cualquier nuevo Tribunal constituido de conformidad con el Artículo 52(6) del Convenio que otorgue una suspensión de conformidad con la Regla 55(3).
(4) Toda solicitud hecha de conformidad con el párrafo (1), el párrafo (2) (segunda oración) o el párrafo (3) especificará las circunstancias que requieren la suspensión o su modificación o terminación. Se otorgará lo solicitado sólo después de que el Tribunal o Comité le haya dado a las partes una oportunidad para que hagan presente sus observaciones.
(5) El Secretario General notificará sin demora a ambas partes la suspensión de la ejecución del laudo y la modificación o terminación de tal suspensión, que entrará en vigencia en la fecha en que se envíe dicha notificación.”
Proyecto de declaración masacre de Putumayo (sin tratamiento) - 12/03
Expte. 0185/L/08
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
La Legislatura de Córdoba declara su repudio a la masacre de Putumayo ejecutada por el gobierno colombiano por indicación y con el apoyo del gobierno de Bush, destinada a frenar las negociaciones para que el canje humanitario pueda ser realizado exitosamente.
La Legislatura de Córdoba rechaza asimismo la tentativa de convertir a América Latina en una zona de “guerra global contra el terrorismo”, que desarrolla Bush; apoya la liberación de todos los rehenes y el intercambio humanitario en Colombia, y reclama el desmantelamiento del estado narcotraficante y terrorista de Colombia.
FUNDAMENTOS
La masacre del campamento de la FARC y de su dirigente y negociador Raúl Reyes es, antes que una violación territorial, un golpe de carácter político para impedir que las negociaciones por el canje humanitario desemboquen en una salida negociada. El propósito de intensificar una salida armada apunta, también centralmente, a desestabilizar, a la larga, el proceso nacionalista venezolano. La tentativa de limitar la crisis a una violación de la soberanía ecuatoriana disimula el contenido estratégico de lo ocurrido. Pareciera que si la masacre se hubiera producido con una diferencia de kilómetros, dentro del territorio colombiano, hubiera dejado de tener el carácter de una provocación contra una salida pacífica y contra los estados, como Venezuela, que ofician de mediadores.
La reunión del grupo de Río, al igual que la previa de la OEA, aprobó por unanimidad una declaración que no condena al gobierno de Uribe, ni por haber organizado una masacre para abortar la liberación de rehenes y el canje humanitario, ni por haber violado la soberanía de Ecuador. En cambio se comprometió, sí, con el planteo fundamental del presidente de Colombia de “combatir las amenazas a la seguridad de los Estados provenientes de grupos irregulares o de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico” (declaración de Santo Domingo). O sea que después de una catarata de críticas a la acción colombiana, los gobiernos latinoamericanos han decidido colaborar con este tipo de acciones.
La política de Uribe está determinada por el carácter de su estado y por su alianza militar privilegiada con el gobierno de Bush. Se trata de un estado que ha cooptado a los representantes políticos del paramilitarismo y del narcotráfico, y que está embarcado en “la guerra preventiva” de Bush. Desviar la atención hacia un litigio de derecho internacional, que Uribe acepta de muy buen grado, sirve al encubrimiento del carácter político contrarrevolucionario de lo ocurrido y ofrece una salida al régimen militar y al imperialismo. Esto explica que los embajadores de Uribe y Bush en la OEA hayan recibido con una aclamación la resolución puesta a votación.
En la masacre de Putumayo “no hubo errores, no hubo excesos”, fue una operación fríamente calculada y ejecutada para imponer un giro político en toda la región. La posición del gobierno argentino, de defensa del status quo, es funcional a la política del imperialismo y lleva a prolongar y profundizar la crisis en la región andina.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
La Legislatura de Córdoba declara su repudio a la masacre de Putumayo ejecutada por el gobierno colombiano por indicación y con el apoyo del gobierno de Bush, destinada a frenar las negociaciones para que el canje humanitario pueda ser realizado exitosamente.
La Legislatura de Córdoba rechaza asimismo la tentativa de convertir a América Latina en una zona de “guerra global contra el terrorismo”, que desarrolla Bush; apoya la liberación de todos los rehenes y el intercambio humanitario en Colombia, y reclama el desmantelamiento del estado narcotraficante y terrorista de Colombia.
FUNDAMENTOS
La masacre del campamento de la FARC y de su dirigente y negociador Raúl Reyes es, antes que una violación territorial, un golpe de carácter político para impedir que las negociaciones por el canje humanitario desemboquen en una salida negociada. El propósito de intensificar una salida armada apunta, también centralmente, a desestabilizar, a la larga, el proceso nacionalista venezolano. La tentativa de limitar la crisis a una violación de la soberanía ecuatoriana disimula el contenido estratégico de lo ocurrido. Pareciera que si la masacre se hubiera producido con una diferencia de kilómetros, dentro del territorio colombiano, hubiera dejado de tener el carácter de una provocación contra una salida pacífica y contra los estados, como Venezuela, que ofician de mediadores.
La reunión del grupo de Río, al igual que la previa de la OEA, aprobó por unanimidad una declaración que no condena al gobierno de Uribe, ni por haber organizado una masacre para abortar la liberación de rehenes y el canje humanitario, ni por haber violado la soberanía de Ecuador. En cambio se comprometió, sí, con el planteo fundamental del presidente de Colombia de “combatir las amenazas a la seguridad de los Estados provenientes de grupos irregulares o de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico” (declaración de Santo Domingo). O sea que después de una catarata de críticas a la acción colombiana, los gobiernos latinoamericanos han decidido colaborar con este tipo de acciones.
La política de Uribe está determinada por el carácter de su estado y por su alianza militar privilegiada con el gobierno de Bush. Se trata de un estado que ha cooptado a los representantes políticos del paramilitarismo y del narcotráfico, y que está embarcado en “la guerra preventiva” de Bush. Desviar la atención hacia un litigio de derecho internacional, que Uribe acepta de muy buen grado, sirve al encubrimiento del carácter político contrarrevolucionario de lo ocurrido y ofrece una salida al régimen militar y al imperialismo. Esto explica que los embajadores de Uribe y Bush en la OEA hayan recibido con una aclamación la resolución puesta a votación.
En la masacre de Putumayo “no hubo errores, no hubo excesos”, fue una operación fríamente calculada y ejecutada para imponer un giro político en toda la región. La posición del gobierno argentino, de defensa del status quo, es funcional a la política del imperialismo y lleva a prolongar y profundizar la crisis en la región andina.
Proyecto de resolución situación Caja de Jubilaciones de la Provincia (sin tratamiento) - 12/03
Expte. 0186/L/08
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Recomendar al Poder Ejecutivo Provincial:
Artículo 1º: Se abstenga de avanzar en la modificación del régimen previsional provincial garantizando el 82% móvil para todos los jubilados y pensionados de la Provincia de Córdoba.
Artículo 2º: Exija al Estado Nacional los fondos adeudados a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba.
Artículo 3º: Exija que la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba reclame el inmediato pago de las sumas que adeudan los diversos organismos patronales.
Artículo 4º: Regularice en un plazo no mayor a los 180 días la situación interna de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto recoge la preocupación manifestada por un grupo de gremios de trabajadores en actividad, aportantes a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba. Esta preocupación ha sido hecha pública a través de los medios de comunicación y a través de una solicitada firmada por el Sindicato Regional de Luz y Fuerza y publicada en el diario La Voz del Interior del jueves 6 del corriente mes.
Cabe recordar que juntamente con estos sectores gremiales este bloque se opuso a la ley 9075, advirtiendo y anticipando que terminaría afectando los intereses de los trabajadores activos y pasivos, tal cual sucederá si se avanza en las modificaciones que están sugiriéndose a través de funcionarios provinciales y nacionales, violando derechos adquiridos y produciendo un brusco recorte a las futuras jubilaciones y pensiones. En aquella oportunidad (18 de diciembre de 2002) nuestro bloque, junto a otros nos vimos obligados a retirarnos del recinto ante la escandalosa sesión en la que se prohibió expresamente la entrada de los trabajadores y se sancionó el resistido proyecto.
Lo advertimos en su momento. Ahora no sólo con la asistencia del interventor de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, Lic. Osvaldo Giordano, sino también con el proyecto de resolución defendido por Unión por Córdoba en la 6ª sesión ordinaria del pasado 5 de marzo, suponemos que los legisladores tienen todos los elementos para responder a los requerimientos de 160.000 familias cordobesas.
Por estas y otras razones que oportunamente expondremos es que solicitamos la aprobación del presente Proyecto de Resolución.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Recomendar al Poder Ejecutivo Provincial:
Artículo 1º: Se abstenga de avanzar en la modificación del régimen previsional provincial garantizando el 82% móvil para todos los jubilados y pensionados de la Provincia de Córdoba.
Artículo 2º: Exija al Estado Nacional los fondos adeudados a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba.
Artículo 3º: Exija que la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba reclame el inmediato pago de las sumas que adeudan los diversos organismos patronales.
Artículo 4º: Regularice en un plazo no mayor a los 180 días la situación interna de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto recoge la preocupación manifestada por un grupo de gremios de trabajadores en actividad, aportantes a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba. Esta preocupación ha sido hecha pública a través de los medios de comunicación y a través de una solicitada firmada por el Sindicato Regional de Luz y Fuerza y publicada en el diario La Voz del Interior del jueves 6 del corriente mes.
Cabe recordar que juntamente con estos sectores gremiales este bloque se opuso a la ley 9075, advirtiendo y anticipando que terminaría afectando los intereses de los trabajadores activos y pasivos, tal cual sucederá si se avanza en las modificaciones que están sugiriéndose a través de funcionarios provinciales y nacionales, violando derechos adquiridos y produciendo un brusco recorte a las futuras jubilaciones y pensiones. En aquella oportunidad (18 de diciembre de 2002) nuestro bloque, junto a otros nos vimos obligados a retirarnos del recinto ante la escandalosa sesión en la que se prohibió expresamente la entrada de los trabajadores y se sancionó el resistido proyecto.
Lo advertimos en su momento. Ahora no sólo con la asistencia del interventor de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, Lic. Osvaldo Giordano, sino también con el proyecto de resolución defendido por Unión por Córdoba en la 6ª sesión ordinaria del pasado 5 de marzo, suponemos que los legisladores tienen todos los elementos para responder a los requerimientos de 160.000 familias cordobesas.
Por estas y otras razones que oportunamente expondremos es que solicitamos la aprobación del presente Proyecto de Resolución.
Pedido de informes sobre categorización de personal (sin tratamiento) - 27/02
Expte. 0115/L/08
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Dirigirse a la Secretaría General de la Gobernación, en los términos del Artículo 102de la Constitucional Provincial para que en un plazo de siete (7) días, informe sobre distintos aspectos relacionados a la recategorización del Personal que presta servicios en las distintas dependencias de la Administración Pública Provincial, tanto los que en virtud de la Ley Nº 8575 vieron suspendido el Escalafón del Personal de la Administración Pública Provincial, como los que atento a lo normado por la Ley Nº 9361 han sido recategorizados a la fecha:
1) ¿Subsiste personal que en el año 1995 le correspondía ascender automáticamente según la normativa vigente en ese momento (Ley Nº 6304) o que habiendo ganado algún concurso sus ascensos fueron suspendidos en virtud de la Ley Nº 8575? Nómina de personas que pudieran encontrarse en la citada situación, agrupamiento, categorías o cargos de revista en que se encuentran y/o en los que deberían estar de no haberse aplicado la Ley 8575.
2) ¿Existe alguna normativa que contemple algún tipo de solución a esta situación planteada? ¿Cuáles serían las mismas? De existir alguna norma: ¿Cuál es su estado de instrumentación y/o implementación? ¿Quiénes serían sus eventuales beneficiarios? Nómina y tipo de solución. Instrumento normativo por el cual se tramita o resuelve la situación creada.
3) ¿Hay agentes que en defensa de sus derechos conculcados han iniciado acciones administrativas y/o judiciales contra la suspensión de la carrera administrativa determinada por Ley Nº 8575? Nómina de Personal, cargo, estado del trámite, normativa.
4) En virtud de la recategorización normada por Ley Nº 9361: ¿Se ha concluido a la fecha con el reencasillamiento del personal? ¿Habría agentes mal encasillados? ¿Existen acciones administrativas y/o judiciales producto de este reencasillamiento? Nómina de Personal, estado del trámite, resolución.
FUNDAMENTOS
En virtud de haber tomado conocimiento de que distinto Personal dependientes de la Administración Pública Provincial, se encontrarían por una u otra causa mal encasillados lo que le significaría un serio perjuicio en contra de sus derechos constitucionales y legales vigentes, lo que podría poner en riesgo el erario público provincial, consideramos necesario conocer en detalle los alcances de esta situación, como así también competencias, incumbencias y responsabilidades derivadas de la misma.
Es responsabilidad de los tres poderes del Estado dar cumplimiento a los derechos y garantías de todos los trabajadores públicos y las condiciones técnicas, profesionales y laborales en que presta servicios el Personal afectado a distintas tareas en su ámbito, y se observen las exigencias de las normas y demás instituciones ratificadas por la Constitución Provincial y Nacional y las leyes vigentes.
Por las razones expuestas, y las que oportunamente se incorporarán al momento de su consideración, solicitamos a nuestros pares el urgente tratamiento del presente pedido de informe.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Dirigirse a la Secretaría General de la Gobernación, en los términos del Artículo 102de la Constitucional Provincial para que en un plazo de siete (7) días, informe sobre distintos aspectos relacionados a la recategorización del Personal que presta servicios en las distintas dependencias de la Administración Pública Provincial, tanto los que en virtud de la Ley Nº 8575 vieron suspendido el Escalafón del Personal de la Administración Pública Provincial, como los que atento a lo normado por la Ley Nº 9361 han sido recategorizados a la fecha:
1) ¿Subsiste personal que en el año 1995 le correspondía ascender automáticamente según la normativa vigente en ese momento (Ley Nº 6304) o que habiendo ganado algún concurso sus ascensos fueron suspendidos en virtud de la Ley Nº 8575? Nómina de personas que pudieran encontrarse en la citada situación, agrupamiento, categorías o cargos de revista en que se encuentran y/o en los que deberían estar de no haberse aplicado la Ley 8575.
2) ¿Existe alguna normativa que contemple algún tipo de solución a esta situación planteada? ¿Cuáles serían las mismas? De existir alguna norma: ¿Cuál es su estado de instrumentación y/o implementación? ¿Quiénes serían sus eventuales beneficiarios? Nómina y tipo de solución. Instrumento normativo por el cual se tramita o resuelve la situación creada.
3) ¿Hay agentes que en defensa de sus derechos conculcados han iniciado acciones administrativas y/o judiciales contra la suspensión de la carrera administrativa determinada por Ley Nº 8575? Nómina de Personal, cargo, estado del trámite, normativa.
4) En virtud de la recategorización normada por Ley Nº 9361: ¿Se ha concluido a la fecha con el reencasillamiento del personal? ¿Habría agentes mal encasillados? ¿Existen acciones administrativas y/o judiciales producto de este reencasillamiento? Nómina de Personal, estado del trámite, resolución.
FUNDAMENTOS
En virtud de haber tomado conocimiento de que distinto Personal dependientes de la Administración Pública Provincial, se encontrarían por una u otra causa mal encasillados lo que le significaría un serio perjuicio en contra de sus derechos constitucionales y legales vigentes, lo que podría poner en riesgo el erario público provincial, consideramos necesario conocer en detalle los alcances de esta situación, como así también competencias, incumbencias y responsabilidades derivadas de la misma.
Es responsabilidad de los tres poderes del Estado dar cumplimiento a los derechos y garantías de todos los trabajadores públicos y las condiciones técnicas, profesionales y laborales en que presta servicios el Personal afectado a distintas tareas en su ámbito, y se observen las exigencias de las normas y demás instituciones ratificadas por la Constitución Provincial y Nacional y las leyes vigentes.
Por las razones expuestas, y las que oportunamente se incorporarán al momento de su consideración, solicitamos a nuestros pares el urgente tratamiento del presente pedido de informe.
Pedido de informes sobre conformación orgánica del PEN (sin respuesta) - 20/02
Expte. 0086/L/08
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse a la Secretaría General de la Gobernación, en los términos del artículo 102de la Constitución Provincial para que en un plazo de siete (7) días, informe sobre distintos aspectos relacionados a la instrumentación de la nueva conformación Orgánica Operativa del Poder Ejecutivo Provincial atento lo normado por Ley Nº 9454:
1) ¿Cuál es la estructura orgánica operativa establecida por ese Ejecutivo de todos y cada uno de los Ministerios y Secretarias creados?
a. ¿Cuáles son las normas por las cuales se determinan las mismas?
b. Copia de todos los instrumentos que determinen estas orgánicas
2) ¿Cuáles son los cargos vacantes existentes en la Administración Pública Provincial?
a. Nómina de cargos según ministerios, secretarias, secretaria ministerio, subsecretaria, dirección general, subdirección, incluyendo a todo el personal superior hasta supervisión y de toda la dotación de planta permanente, contratados, suplentes, interinos, becarios, pasantes, cuentapropistas que prestaren servicios.
3) De haber sido cubiertos todas o algunas de las vacantes
a. ¿Cuáles son los cargos que fueron cubiertos?
b. ¿Cuál es la situación de revista de estos agentes de la Administración Pública Provincial?
c. Copia del instrumento legal de designación
4) Atento a la instrumentación de lo normado por leyes Nº 9361 y Nº 7233
a) ¿Cuándo se instrumentará el procedimiento concursal para la cobertura de los cargos vacantes de Supervisión y Personal Superior en todas las áreas de gobierno?
b) En virtud de la Ley Nº 9361 ¿Cuál es la Planta de Personal con la que cuenta el Estado Provincial a la fecha? Determine la cantidad discriminando en cada una de sus áreas y subáreas.
FUNDAMENTOS
En virtud de la necesidad de garantizar al Personal dependientes de la Administración Pública Provincial, sus derechos constitucionales y legales vigentes, lo que redundaría en la calidad de vida de estos agentes y por ende en sus calidad prestacional, consideramos necesario conocer en detalle los alcances de esta reestructuración orgánica operativa de la Administración Pública Provincial con el propósito de avanzar en satisfacer las necesidades de la comunidad con eficacia, eficiencia, economicidad y oportunidad, buscando armonizar los principios de centralización normativa, descentralización territorial, desconcentración operativa, jerarquía, coordinación, imparcialidad, sujeción al orden jurídico y publicidad de normas y actos (Art. 174 C.P.)
Además de garantizar lo normado por las Leyes Nº 7233 y 9361 respectivamente, particularmente en lo referido al ingreso a la Administración Pública que según lo establece el Artículo 174 de nuestra Constitución Provincial se hace por idoneidad, con criterio objetivo en base a concurso público de los aspirantes, que aseguren la igualdad de oportunidades.
Es responsabilidad de los tres poderes del Estado dar cumplimiento a los derechos y garantías de todos los trabajadores públicos y las condiciones técnicas, profesionales y laborales en que presta servicios el Personal afectado a distintas tareas en su ámbito, y se observen las exigencias de las normas y demás instituciones ratificadas por la Constitución Provincial y Nacional y las leyes vigentes.
Por las razones expuestas, y las que oportunamente se incorporarán al momento de su consideración, solicitamos a nuestros pares el urgente tratamiento del presente pedido de informe.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse a la Secretaría General de la Gobernación, en los términos del artículo 102de la Constitución Provincial para que en un plazo de siete (7) días, informe sobre distintos aspectos relacionados a la instrumentación de la nueva conformación Orgánica Operativa del Poder Ejecutivo Provincial atento lo normado por Ley Nº 9454:
1) ¿Cuál es la estructura orgánica operativa establecida por ese Ejecutivo de todos y cada uno de los Ministerios y Secretarias creados?
a. ¿Cuáles son las normas por las cuales se determinan las mismas?
b. Copia de todos los instrumentos que determinen estas orgánicas
2) ¿Cuáles son los cargos vacantes existentes en la Administración Pública Provincial?
a. Nómina de cargos según ministerios, secretarias, secretaria ministerio, subsecretaria, dirección general, subdirección, incluyendo a todo el personal superior hasta supervisión y de toda la dotación de planta permanente, contratados, suplentes, interinos, becarios, pasantes, cuentapropistas que prestaren servicios.
3) De haber sido cubiertos todas o algunas de las vacantes
a. ¿Cuáles son los cargos que fueron cubiertos?
b. ¿Cuál es la situación de revista de estos agentes de la Administración Pública Provincial?
c. Copia del instrumento legal de designación
4) Atento a la instrumentación de lo normado por leyes Nº 9361 y Nº 7233
a) ¿Cuándo se instrumentará el procedimiento concursal para la cobertura de los cargos vacantes de Supervisión y Personal Superior en todas las áreas de gobierno?
b) En virtud de la Ley Nº 9361 ¿Cuál es la Planta de Personal con la que cuenta el Estado Provincial a la fecha? Determine la cantidad discriminando en cada una de sus áreas y subáreas.
FUNDAMENTOS
En virtud de la necesidad de garantizar al Personal dependientes de la Administración Pública Provincial, sus derechos constitucionales y legales vigentes, lo que redundaría en la calidad de vida de estos agentes y por ende en sus calidad prestacional, consideramos necesario conocer en detalle los alcances de esta reestructuración orgánica operativa de la Administración Pública Provincial con el propósito de avanzar en satisfacer las necesidades de la comunidad con eficacia, eficiencia, economicidad y oportunidad, buscando armonizar los principios de centralización normativa, descentralización territorial, desconcentración operativa, jerarquía, coordinación, imparcialidad, sujeción al orden jurídico y publicidad de normas y actos (Art. 174 C.P.)
Además de garantizar lo normado por las Leyes Nº 7233 y 9361 respectivamente, particularmente en lo referido al ingreso a la Administración Pública que según lo establece el Artículo 174 de nuestra Constitución Provincial se hace por idoneidad, con criterio objetivo en base a concurso público de los aspirantes, que aseguren la igualdad de oportunidades.
Es responsabilidad de los tres poderes del Estado dar cumplimiento a los derechos y garantías de todos los trabajadores públicos y las condiciones técnicas, profesionales y laborales en que presta servicios el Personal afectado a distintas tareas en su ámbito, y se observen las exigencias de las normas y demás instituciones ratificadas por la Constitución Provincial y Nacional y las leyes vigentes.
Por las razones expuestas, y las que oportunamente se incorporarán al momento de su consideración, solicitamos a nuestros pares el urgente tratamiento del presente pedido de informe.
CON ESTOS NO LLEGAMOS AL BICENTENARIO
El famoso ‘diálogo' entre el gobierno y el frente patronal agrario se ha vuelto a romper. Ninguno de los bandos es capaz de ofrecer una salida. El gobierno quiere seguir metiendo mano en las fabulosas ganancias del ‘campo' porque de otro modo no puede continuar pagando la deuda externa.
La prueba de esto es que los bancos venden los títulos públicos y sacan los capitales del país, y el peso se derrumba disparando aún más la inflación.
El capital agrario -no importa si es grande, mediano o pequeño- defiende a capa y espada su renta, que no sale de otro lado que de la crisis de oferta alimentaria a nivel internacional.
Ni el llamado ‘campo' ni el gobierno se ocupan del tercer protagonista del negocio: los pulpos exportadores y los monopolios de los insumos que usa el campo, que se quedan con la parte del león de toda la renta, así como los monopolios comerciales internos y los supermercados.
El llamado ‘campo' va más lejos aún, pues defiende a capa y espada el terreno propio de los especuladores, o sea la posibilidad de reabrir sus negocios en los mercados de ventas a futuro o anticipadas de Rosario y de Chicago.
No solamente asistimos a una lucha entre intereses capitalistas sino que son precisamente estos intereses los que impiden una salida.
Pero esa salida es en extremo sencilla: si, por un lado, se nacionaliza a los pulpos comerciales y los puertos privados y privatizados y, por el otro, se pone fin a la sangría de la deuda externa y se nacionalizan los bancos, el ahorro nacional resultante podría ser distribuido de acuerdo con una contabilidad que tenga en cuenta los costos reales de la producción, de conformidad con un plan de desarrollo de las fuerzas productivas y de elevación de la condición material y moral de las masas trabajadoras.
En estas condiciones el país podría iniciar una nueva vía de desarrollo agrario, que ponga fin al latifundio, a la extranjerización de tierras y a la superexplotación obrera.
Esta es la única salida ‘nacional' y ‘popular' que esquiva el gobierno que se arroga ese título.
Esta es la única salida contra el ‘capital concentrado' al que atacan, a veces sí, a veces no, algunos voceros de las entidades rurales, pero que ellos también esquivan debido a los múltiples lazos que los unen con aquel.
Los bloques capitalistas en pugna llevan al país a un impasse cada vez mayor.
Cualquier salida de emergencia que logren improvisar solamente será el preámbulo para la crisis siguiente, en medio de un panorama inflacionario creciente.
A fuerza de aludir que a Cristina la eligió la mayoría del pueblo, el oficialismo está creando las condiciones para producir un adelantamiento de elecciones.
La salida solamente puede venir de la clase obrera.
En lugar de oficiar de furgones de cola del gobierno, la CGT y la CTA deberían convocar a un congreso de trabajadores para definir nuestro programa ante el país, en especial con la participación de las bases de los obreros y peones rurales.
La crisis que se despliega en Argentina es una variación de las que se están procesando en Bolivia, Ecuador, Venezuela, Perú, Chile, México, Centroamérica, donde también está ausente la presencia independiente del proletariado.
Pero en Venezuela se ha abierto una rendija: los obreros de la siderúrgica Sidor han forzado a Chávez a nacionalizar a Techint y a dar marcha atrás con sus planes de regimentación sindical.
Si profundizan ese rumbo, la clase obrera de Venezuela se convertirá en el artífice de una gran salida estratégica.
Por ese camino pasa lo nuestro. Así lo demuestran las renovadas luchas obreras, que no son más que la punta del témpano de un soterrado movimiento social.
La única salida viable es la que impongan la clase obrera y el pueblo trabajador.
CHARLA DEBATE EN ALBERDI: Presentación de "En Defensa del Marxismo" Nº 35
CHARLA DEBATE: "Una crisis mundial imparable"
Presentación de la revista "En Defensa del Marxismo" Nº 35
Viernes 9 de mayo - 19 horas
Santa Rosa 2601 - Alberdi
Organiza: Partido Obrero
Que UEPC convoque las asambleas
LA "EMERGENCIA" DE NEBREDA
Cuando todas las consultoras reconocen que los precios se han disparado un 30 % en los primeros 90 días del año.
Cuando está planteado que se agrave la inflación por el acuerdo de Cristina con el "campo".
Cuando se derrumban las escuelas por falta de mantenimiento.
Cuando Schiaretti y Grahovac pretenden cambiar el régimen jubilatorio provincial, para terminar con el 82%, la movilidad, el enganche, y adecuarlo al régimen nacional.
Cuando todo esto sucede, Nebreda aduce la emergencia, y reclama una "suma fija ya" para "esperar tranquilos las negociaciones". Para esto, sólo convocó una Asamblea Departamental, y se negó a convocar asambleas de delegados, y menos de escuela.
Es decir, Nebreda plantea la emergencia, no para convocar a todos los docentes, no para reabrir la discusión salarial ya, no para exigir una actualización acorde a la suba de los precios y en blanco, no para poner en estado de alerta por la jubilación; sino todo lo contrario. Plantea la emergencia para salvarle las papas al gobierno del cual forma parte.
Reclamar una suma en negro en el momento en que el Gobierno provincial pretende cambiar el régimen jubilatorio para desenganchar los aumentos de los jubilados con los activos, es una muestra de la posición de la directiva con respecto al cambio de régimen jubilatorio. Ya en la Asamblea Departamental, Nebreda planteó que teníamos que realizar "renunciamientos", pero no explicó cuáles.
El aumento del 30 % en la canasta básica en los últimos 3 meses ha pulverizado el salario docente. Ese sólo dato revela la necesidad de que se reabra la discusión salarial que teníamos pendiente, con asambleas por escuelas y de delegados escolares para conseguir la canasta familiar. Ante la escalada inflacionaria, cobra importancia el planteo de que se reduzcan los períodos de actualización.
Por eso planteamos:
- Salario igual a la canasta familiar.
- Todas las sumas en blanco.
- Básico de emergencia de $1500.
- 82% móvil - Derogación de la 9075, plena vigencia de la 8024.
- Que la UEPC convoque a asambleas de delegados escolares y asambleas en las escuelas.
Tribuna Docente en la lista Fucsia
Cuando todas las consultoras reconocen que los precios se han disparado un 30 % en los primeros 90 días del año.
Cuando está planteado que se agrave la inflación por el acuerdo de Cristina con el "campo".
Cuando se derrumban las escuelas por falta de mantenimiento.
Cuando Schiaretti y Grahovac pretenden cambiar el régimen jubilatorio provincial, para terminar con el 82%, la movilidad, el enganche, y adecuarlo al régimen nacional.
Cuando todo esto sucede, Nebreda aduce la emergencia, y reclama una "suma fija ya" para "esperar tranquilos las negociaciones". Para esto, sólo convocó una Asamblea Departamental, y se negó a convocar asambleas de delegados, y menos de escuela.
Es decir, Nebreda plantea la emergencia, no para convocar a todos los docentes, no para reabrir la discusión salarial ya, no para exigir una actualización acorde a la suba de los precios y en blanco, no para poner en estado de alerta por la jubilación; sino todo lo contrario. Plantea la emergencia para salvarle las papas al gobierno del cual forma parte.
Reclamar una suma en negro en el momento en que el Gobierno provincial pretende cambiar el régimen jubilatorio para desenganchar los aumentos de los jubilados con los activos, es una muestra de la posición de la directiva con respecto al cambio de régimen jubilatorio. Ya en la Asamblea Departamental, Nebreda planteó que teníamos que realizar "renunciamientos", pero no explicó cuáles.
El aumento del 30 % en la canasta básica en los últimos 3 meses ha pulverizado el salario docente. Ese sólo dato revela la necesidad de que se reabra la discusión salarial que teníamos pendiente, con asambleas por escuelas y de delegados escolares para conseguir la canasta familiar. Ante la escalada inflacionaria, cobra importancia el planteo de que se reduzcan los períodos de actualización.
Por eso planteamos:
- Salario igual a la canasta familiar.
- Todas las sumas en blanco.
- Básico de emergencia de $1500.
- 82% móvil - Derogación de la 9075, plena vigencia de la 8024.
- Que la UEPC convoque a asambleas de delegados escolares y asambleas en las escuelas.
Tribuna Docente en la lista Fucsia
6 de mayo de 2008
LOCALES DEL PARTIDO OBRERO DE CÓRDOBA
Central: Catamarca 374 - Tel. 428-2276
Alberdi: Santa Rosa 2601
Alta Córdoba: Manuel Lucero y Jujuy
El Quebracho: Av. El Quebracho 3888
Ituzaingó: Watt 5483
Villa El Libertador: Congreso 783
Nueva Italia: Av. Las Malvinas 1863
Rosedal: Felipe Boero 2398
Villa Allende: Balbín y Rafael Obligado
Alberdi: Santa Rosa 2601
Alta Córdoba: Manuel Lucero y Jujuy
El Quebracho: Av. El Quebracho 3888
Ituzaingó: Watt 5483
Villa El Libertador: Congreso 783
Nueva Italia: Av. Las Malvinas 1863
Rosedal: Felipe Boero 2398
Villa Allende: Balbín y Rafael Obligado
2 de mayo de 2008
DE TRIBUNA DOCENTE CÓRDOBA
Nos quedamos sin actualización salarial y sin jubilaciones
¡¡Asambleas de base ya!!
El miércoles 23-4 en la asamblea departamental que convocó la conducción de UEPC se explicitó el planteo de Nebreda de solicitar un "aumento" de emergencia de $300 en negro (sic).
Es decir, que la conducción fracasó en toda la línea en el acuerdo que ella misma cerró con el gobierno hace 2 meses, cuando arreglaba con Grahovac el inicio de clases con el "aumento" del 10, 5 %. Fracasó porque había planteado una discusión salarial cuatrimestral y alardeó con las sumas en blanco, y ahora va a acordar 300 pesos en negro, lo cual entrega el salario de los jubilados, y pospondrá la discusión salarial para junio.
Para ello, se valió de la asamblea departamental para que le dieran vía libre para realizar esta nueva entrega y aseguró que no se convocaría a asambleas de delegados escolares. Es que precisamente por eso realizaron esta maniobra: convocar a una departamental que los avale y, de este modo, no llamar a asambleas en las escuelas y de delgados. El objetivo es impedir cualquier tipo de deliberación y organización entre los docentes que se oponen a la miseria salarial frente a la imparable inflación.
Por otro lado, Nebreda también expresó un TOTAL acuerdo con la política del gobierno provincial con respecto a las jubilaciones. Esto implica la desaparición de la movilidad y del 82% al calcular el haber jubilatorio sobre los últimos 10 años, y no sobre el último año. Es decir, Nebreda corrobora algo que los docentes estamos procesando de manera ininterrumpida en los últimos meses: el gobierno dirige la UEPC. Schiaretti está de los dos lados, y el Walter es nuevamente … secretario general.
Los principales gremios de Córdoba se han pronunciado en contra. Que UEPC no lo haya hecho tiene que ver con que es una agencia del gobierno, por lo tanto, fiel a los planteos de éste. Tienen que convocar a asambleas. Debemos debatir y resolver la defensa de nuestro salario y jubilaciones
Los trabajadores de Córdoba y del país están protagonizando una verdadera rebelión por el salario, en algunos lugares en estado latente; en otros vigorosamente de pie: los telefónicos de Córdoba, los trabajadores de Renault, de Estancias del Sur y los docentes de Santa Cruz que van al paro esta semana por el salario.
En las escuelas cordobesas, en los recreos, en las salas de maestros y de profesores se debate qué hacer. Y estamos comenzando a organizarnos para enfrentar la carestía, la inflación y la nueva entrega. Desde Tribuna Docente impulsamos este proceso y manifestamos nuestro apoyo y compromiso sin reservas a todas y cada una de las iniciativas que están surgiendo y que surgirán por nuestro salario, la educación pública y nuestras condiciones de vida.
- Por asambleas en las escuelas YA. No a los acuerdos cerrados entre Grahovac y Schiaretti. Que se expresen los docentes en las escuelas y en asambleas de delegados.
- Salario igual a la canasta familiar
- Todas las sumas en blanco
- Básico de emergencia de 1500
- 82% móvil - Derogación de la 9075, plena vigencia de la 8024
tribuna docente en la lista fucsia
tribunadocente@gmail.com
________________________________________
Plenario de Tribuna Docente
Acercáte este sábado 03/05 a las 10 horas
Catamarca 374
Te esperamos
¡¡Asambleas de base ya!!
El miércoles 23-4 en la asamblea departamental que convocó la conducción de UEPC se explicitó el planteo de Nebreda de solicitar un "aumento" de emergencia de $300 en negro (sic).
Es decir, que la conducción fracasó en toda la línea en el acuerdo que ella misma cerró con el gobierno hace 2 meses, cuando arreglaba con Grahovac el inicio de clases con el "aumento" del 10, 5 %. Fracasó porque había planteado una discusión salarial cuatrimestral y alardeó con las sumas en blanco, y ahora va a acordar 300 pesos en negro, lo cual entrega el salario de los jubilados, y pospondrá la discusión salarial para junio.
Para ello, se valió de la asamblea departamental para que le dieran vía libre para realizar esta nueva entrega y aseguró que no se convocaría a asambleas de delegados escolares. Es que precisamente por eso realizaron esta maniobra: convocar a una departamental que los avale y, de este modo, no llamar a asambleas en las escuelas y de delgados. El objetivo es impedir cualquier tipo de deliberación y organización entre los docentes que se oponen a la miseria salarial frente a la imparable inflación.
Por otro lado, Nebreda también expresó un TOTAL acuerdo con la política del gobierno provincial con respecto a las jubilaciones. Esto implica la desaparición de la movilidad y del 82% al calcular el haber jubilatorio sobre los últimos 10 años, y no sobre el último año. Es decir, Nebreda corrobora algo que los docentes estamos procesando de manera ininterrumpida en los últimos meses: el gobierno dirige la UEPC. Schiaretti está de los dos lados, y el Walter es nuevamente … secretario general.
Los principales gremios de Córdoba se han pronunciado en contra. Que UEPC no lo haya hecho tiene que ver con que es una agencia del gobierno, por lo tanto, fiel a los planteos de éste. Tienen que convocar a asambleas. Debemos debatir y resolver la defensa de nuestro salario y jubilaciones
Los trabajadores de Córdoba y del país están protagonizando una verdadera rebelión por el salario, en algunos lugares en estado latente; en otros vigorosamente de pie: los telefónicos de Córdoba, los trabajadores de Renault, de Estancias del Sur y los docentes de Santa Cruz que van al paro esta semana por el salario.
En las escuelas cordobesas, en los recreos, en las salas de maestros y de profesores se debate qué hacer. Y estamos comenzando a organizarnos para enfrentar la carestía, la inflación y la nueva entrega. Desde Tribuna Docente impulsamos este proceso y manifestamos nuestro apoyo y compromiso sin reservas a todas y cada una de las iniciativas que están surgiendo y que surgirán por nuestro salario, la educación pública y nuestras condiciones de vida.
- Por asambleas en las escuelas YA. No a los acuerdos cerrados entre Grahovac y Schiaretti. Que se expresen los docentes en las escuelas y en asambleas de delegados.
- Salario igual a la canasta familiar
- Todas las sumas en blanco
- Básico de emergencia de 1500
- 82% móvil - Derogación de la 9075, plena vigencia de la 8024
tribuna docente en la lista fucsia
tribunadocente@gmail.com
________________________________________
Plenario de Tribuna Docente
Acercáte este sábado 03/05 a las 10 horas
Catamarca 374
Te esperamos
Arrugan como bandoneón
Los ‘nac & pop’ arreglan con la “odiada oligarquía”
Editorial publicado en Prensa Obrera 1035
La renuncia de Martín Losteau le ha dejado al kirchnerismo un beneficio secundario. En pocas horas, el ex funcionario pasó a ser responsable de todos los fracasos del gobierno. Así, el decreto de las retenciones móviles, que había sido proclamado como "la esencia de la política redistributiva", pasó a convertirse en "el capricho de un joven inexperto". El oficialismo se apresta a recular ante las exigencias del frente patronal agrario. Según La Nación (28/4), "nadie intenta negar en el gobierno que se harán modificaciones" a las retenciones móviles a la soja. En el paquete ingresa también la liberación de las exportaciones de carne, a sabiendas de que los trece "cortes populares", que no se exportan, duran un suspiro en las góndolas de los supermercados. En relación con el trigo y la leche, el gobierno está dispuesto a elevarles los precios, compensando con la caja del Estado a los molinos harineros y a los pulpos lácteos.
El capital agrario se llevará, todavía, una yapa: la devaluación "organizada" de la moneda nacional.
Las idas y venidas en torno de esta retirada "nacional y popular" revelan una crisis política que ya ha dislocado el arco que sostiene al gobierno.
Minicanje y ajuste
En la cuenta de Lousteau también han cargado otro fracaso: la tentativa de canjear una parte de la deuda pública por títulos cuyos vencimientos se extiendan en el tiempo. El anticipo que había realizado Lousteau en el exterior terminó en un derrumbe de los títulos públicos de Argentina y en una nueva suba del "riesgo país". "Argentina no tiene financiamiento externo", se quejaba Ambito Financiero.
Ante este panorama, el gobierno debería sobrevivir con "recursos locales". Así, la Anses le presta al 8% en pesos, lo cual castiga a los jubilados con una diferencia de casi 20 puntos, ante una inflación de más del 25%. Los planes oficiales prevén un aumento de tarifas de luz y de gas que sin embargo no alcanzará para satisfacer el reclamo de los pulpos energéticos. Después del fracaso del canje, lo que queda en pie son esos tarifazos y, seguramente, las "subejecuciones" en todas las áreas sociales de la administración nacional. El aumento de tarifas está presente, también, en el salvataje que Kirchner está urdiendo para los vaciadores de Aerolíneas.
"Enfriamiento a lo Kirchner"
A la luz del paquete de concesiones al capital agrario, queda claro que algo parecido sucederá con las promesas de que "no habrá enfriamiento" de la economía. La inflación galopante corroe todos los estratos del consumo y golpea duramente a las franjas más empobrecidas. La población por debajo de la línea de pobreza "volvió a superar el 30%" (consultora SEL). El aumento de la canasta alimentaria ha creado una "nueva pobreza, que está afectando a personas que no están excluidas del mercado laboral" (La Nación, 28/4).
Por la vía de la inflación, el gobierno está llegando a un parate de la economía. Entre los postulantes a reemplazar a Lousteau, la camarilla kirchnerista sondeó nada menos que a Carlos Melconian, el macrista que Menem habría llevado al Ministerio de Economía en 2003. De Vido le pidió "ideas para encarrilar la inflación" (Clarín, 24/4), a sabiendas, naturalmente, de lo que iba a escuchar. La "desaceleración" es un arma contra la clase obrera.
Un horizonte de luchas y crisis políticas
La oposición patronal - y algunos izquierdistas cada vez más pegados a ella- sólo ven en la crisis de gabinete el "triunfo de los gurkas", en alusión a Néstor Kirchner, a Moreno o a De Vido. Pero estos ‘gurkas' van a la capitulación ante el capital agrario y financiero.
Un "acuerdo" le podrá servir al gobierno para levantar o postergar otro lock-out de la patronal agraria o, incluso, para llegar a la ceremonia del 25 de mayo uniendo, en un mismo palco, a la patronal agraria, a la Unión Industrial, a los popes de los bancos y a la burocracia sindical. Pero eso ocurrirá a costa de los trabajadores.
La retirada de la "burguesía nacional" ante la "puta oligarquía" deja varios deudos. Desde los D'Elía y Pérsico hasta los sociólogos de la UBA que cerraron filas con el kirchnerismo en nombre de la lucha "contra el golpismo". Los "golpistas" ya están sentados con los "nacionales", discutiendo cómo le endosan la factura al pueblo.
La desorganización económica ha dejado maltrechos los techos salariales pactados por Moyano o por Yasky hace tan sólo dos meses. Pero un lugarteniente de Moyano, el "taxista" Viviani, acaba de declarar que la "inflación no es para alarmarse".
La crisis abierta exige, más que nunca, que la clase obrera se exprese con una voz propia: que se reabran las paritarias ahora, con delegados electos por la base; por un salario igual a la canasta familiar -hoy en 3.200 pesos- y la indexación mensual de los salarios; apertura de los libros de los monopolios alimenticios; control obrero y popular sobre sus precios.
La única salida popular es de izquierda, obrera y socialista.
Marcelo Ramal
Editorial publicado en Prensa Obrera 1035
La renuncia de Martín Losteau le ha dejado al kirchnerismo un beneficio secundario. En pocas horas, el ex funcionario pasó a ser responsable de todos los fracasos del gobierno. Así, el decreto de las retenciones móviles, que había sido proclamado como "la esencia de la política redistributiva", pasó a convertirse en "el capricho de un joven inexperto". El oficialismo se apresta a recular ante las exigencias del frente patronal agrario. Según La Nación (28/4), "nadie intenta negar en el gobierno que se harán modificaciones" a las retenciones móviles a la soja. En el paquete ingresa también la liberación de las exportaciones de carne, a sabiendas de que los trece "cortes populares", que no se exportan, duran un suspiro en las góndolas de los supermercados. En relación con el trigo y la leche, el gobierno está dispuesto a elevarles los precios, compensando con la caja del Estado a los molinos harineros y a los pulpos lácteos.
El capital agrario se llevará, todavía, una yapa: la devaluación "organizada" de la moneda nacional.
Las idas y venidas en torno de esta retirada "nacional y popular" revelan una crisis política que ya ha dislocado el arco que sostiene al gobierno.
Minicanje y ajuste
En la cuenta de Lousteau también han cargado otro fracaso: la tentativa de canjear una parte de la deuda pública por títulos cuyos vencimientos se extiendan en el tiempo. El anticipo que había realizado Lousteau en el exterior terminó en un derrumbe de los títulos públicos de Argentina y en una nueva suba del "riesgo país". "Argentina no tiene financiamiento externo", se quejaba Ambito Financiero.
Ante este panorama, el gobierno debería sobrevivir con "recursos locales". Así, la Anses le presta al 8% en pesos, lo cual castiga a los jubilados con una diferencia de casi 20 puntos, ante una inflación de más del 25%. Los planes oficiales prevén un aumento de tarifas de luz y de gas que sin embargo no alcanzará para satisfacer el reclamo de los pulpos energéticos. Después del fracaso del canje, lo que queda en pie son esos tarifazos y, seguramente, las "subejecuciones" en todas las áreas sociales de la administración nacional. El aumento de tarifas está presente, también, en el salvataje que Kirchner está urdiendo para los vaciadores de Aerolíneas.
"Enfriamiento a lo Kirchner"
A la luz del paquete de concesiones al capital agrario, queda claro que algo parecido sucederá con las promesas de que "no habrá enfriamiento" de la economía. La inflación galopante corroe todos los estratos del consumo y golpea duramente a las franjas más empobrecidas. La población por debajo de la línea de pobreza "volvió a superar el 30%" (consultora SEL). El aumento de la canasta alimentaria ha creado una "nueva pobreza, que está afectando a personas que no están excluidas del mercado laboral" (La Nación, 28/4).
Por la vía de la inflación, el gobierno está llegando a un parate de la economía. Entre los postulantes a reemplazar a Lousteau, la camarilla kirchnerista sondeó nada menos que a Carlos Melconian, el macrista que Menem habría llevado al Ministerio de Economía en 2003. De Vido le pidió "ideas para encarrilar la inflación" (Clarín, 24/4), a sabiendas, naturalmente, de lo que iba a escuchar. La "desaceleración" es un arma contra la clase obrera.
Un horizonte de luchas y crisis políticas
La oposición patronal - y algunos izquierdistas cada vez más pegados a ella- sólo ven en la crisis de gabinete el "triunfo de los gurkas", en alusión a Néstor Kirchner, a Moreno o a De Vido. Pero estos ‘gurkas' van a la capitulación ante el capital agrario y financiero.
Un "acuerdo" le podrá servir al gobierno para levantar o postergar otro lock-out de la patronal agraria o, incluso, para llegar a la ceremonia del 25 de mayo uniendo, en un mismo palco, a la patronal agraria, a la Unión Industrial, a los popes de los bancos y a la burocracia sindical. Pero eso ocurrirá a costa de los trabajadores.
La retirada de la "burguesía nacional" ante la "puta oligarquía" deja varios deudos. Desde los D'Elía y Pérsico hasta los sociólogos de la UBA que cerraron filas con el kirchnerismo en nombre de la lucha "contra el golpismo". Los "golpistas" ya están sentados con los "nacionales", discutiendo cómo le endosan la factura al pueblo.
La desorganización económica ha dejado maltrechos los techos salariales pactados por Moyano o por Yasky hace tan sólo dos meses. Pero un lugarteniente de Moyano, el "taxista" Viviani, acaba de declarar que la "inflación no es para alarmarse".
La crisis abierta exige, más que nunca, que la clase obrera se exprese con una voz propia: que se reabran las paritarias ahora, con delegados electos por la base; por un salario igual a la canasta familiar -hoy en 3.200 pesos- y la indexación mensual de los salarios; apertura de los libros de los monopolios alimenticios; control obrero y popular sobre sus precios.
La única salida popular es de izquierda, obrera y socialista.
Marcelo Ramal
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